CABA: el PJ y Larreta sintonizan en seguridad y presionan a Jorge Macri para que sume cámaras corporales a la Policía

El exjefe de Gobierno presentó un proyecto esta semana que busca regular la incorporación de los dispositivos. En la Legislatura ya está en danza un texto del peronismo sobre el mismo tema. Ambos espacios buscan dotar de transparencia a los operativos de la fuerza porteña.

Las propuestas de Horacio Rodríguez Larreta y de Claudia Neira apuntan a transparentar el accionar de la policía porteña. 

La oposición pondrá en debate en la Legislatura porteña un punto central de la agenda del gobierno de Jorge Macri: la seguridad. En las últimas horas, Horacio Rodríguez Larreta presentó un proyecto para dotar de transparencia a la Policía porteña mediante la incorporación de cámaras corporales en los chalecos de los efectivos. La propuesta sintoniza con una iniciativa del peronismo y abre interrogantes respecto a la sincronía entre los bloques y un posible acercamiento para el 2027.

El exjefe de Gobierno y legislador de Confianza y Desarrollo envió esta semana al Palacio de la calle Perú la normativa que propone abrir paso a la implementación, el uso y la gestión de los dispositivos corporales, pero bajo un marco regulatorio específico que permita "fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en el accionar policial" y que resguarde los derechos ciudadanos -prohibiendo la identificación biométrica- y de los agentes.

Qué dice el proyecto de Larreta para incorporar cámaras corporales en la Policía

El proyecto de Larreta cuenta con la firma de sus compañeros de bloque Emmanuel Ferrario, Guadalupe Tagliaferri, Graciela Ocaña, Sebastián Nagata y Edgardo Alifraco y propone al Ministerio de Seguridad de CABA como la autoridad de aplicación, el cual tendrá bajo su tutela la redacción de las normas reglamentarias para su implementación, deberá especificar qué tipo de dispositivos se incorporarán, los protocolos de uso y deberá advertir sobre incumplimientos y garantizar el acceso a la información a los organismos vinculados a la protección de datos.

Asegura que la presencia de cámaras corporales permite reducir el uso de la fuerza policial y las denuncias por abuso de autoridad. Cita por caso dos estudios realizados en EEUU que permitieron registrar un 30% menos de quejas por acciones inapropiadas entre los oficiales que portaban los dispositivos y una reducción del 10% en el uso de la fuerza. Asimismo, los agentes con cámaras pudieron usar en su favor las grabaciones para resolver quejas ciudadanas por su comportamiento.

Su implementación deberá ser progresiva, priorizando áreas y funciones policiales que tengan "mayor nivel de interacción con la ciudadanía, uso de la fuerza o conflictividad operativa". Aunque pone como plazo límite un año desde la vigencia de la ley. Y deberá capacitarse al personal en su uso.

En cuanto a su uso, el proyecto plantea que los efectivos deberán portar la cámara corporal "mientras desempeñe las funciones que justifican su utilización durante el desempeño de funciones operativas", la cual tendrá que estar colocada "en una ubicación visible, a la altura del torso, de modo que permita una adecuada captación de las actuaciones policiales".

Los dispositivos deberán permitir grabar "en condiciones de baja iluminación", incluir información de geolocalización y de metadatos; preservar la integridad y autenticidad de las grabaciones; garantizar la transmisión y almacenamiento seguro de la información y, por último, contar con un "modo de pre-evento" que grabe, una función que permita grabar "de manera continua" reteniendo los últimos 30 segundos previos a la activación manual.

Contextos de uso y prohibición de identificación biométrica

Su activación será manual y se realizará en determinados casos. Entre ellos menciona la respuesta a llamados a intervención policial, los procedimientos de prevención, control, identificación o requisa; las detenciones, aprehensiones, arrestos, traslados de personas privadas de la libertad; los procedimientos ordenados por autoridad judicial; las intervenciones en situaciones de violencia doméstica o de género, accidentes, siniestros o cualquier otra emergencia que requiera actuación policial.

Asimismo, prohibirá grabar entrevistas a víctimas de delitos contra la integridad sexual, requisas que involucren a personas desnudas, el interior de sede judicial, de hospitales y de establecimientos educativos, salvo excepciones. Y en su artículo 19 prohíbe la identificación biométrica, en particular los sistemas de reconocimiento facial o por voz: "Las cámaras corporales son una herramienta de transparencia, no un instrumento de vigilancia masiva"

Mientras que el agente podrá desactivar la cámara corporal en cinco casos: cuando deba ingresar a un domicilio particular sin orden judicial, durante la interacción con una presunta víctima de un delito, en casos en que la persona desee realizar una denuncia anónima o que tenga identidad reservada, cuando un testigo o víctima exprese su negativa a declarar con la cámara encendida o cuando sea necesario para proteger la intimidad de las personas, siempre que no comprometa el procedimiento.

En ese contexto, el larretismo empuja una iniciativa que, según afirman, tendría un "doble beneficio" ya que el agente que interviene en los operativos mencionados tendrá un registro visual y de audio que lo protegerá ante denuncias infundadas y que simplificará la resolución de conflictos en la Justicia, mientras que el ciudadano tendrá la cámara como "garantía de que el encuentro quedará documentado" ante cualquier violación de las garantías constitucionales.

Para Larreta, actualmente los procedimientos quedan envueltos en una "zona gris" al no contar con los dispositivos: cuando las versiones del ciudadano y la del policía difieren, es más complejo llegar a una resolución que permita determinar qué ocurrió. Las cámaras vienen a saldar esa controversia ya que la persona registrada tendrá derecho a obtener una copia de la grabación, de igual manera que el agente podrá pedirla para efectuar su defensa. Su divulgación no autorizada estará prohibida.

El proyecto plantea también cuánto tiempo deberán conservarse las grabaciones. En ese sentido, proponen un lapso de 60 días, tras lo cual deberán eliminarse todo registro de forma definitiva. La norma amplía la temporalidad a 3 años cuando se trate de un incidente que involucre el uso de la fuerza; un arresto o detención; un hecho vinculado una actuación policial o que involucre una investigación en curso.

El proyecto del peronismo sobre cámaras corporales para la Policía porteña

La iniciativa muestra puntos de contacto con la que fuera presentada por la presidenta de Fuerza Buenos Aires, Claudia Neira, junto al legislador Federico Mochi, en abril de este año a raíz del crimen de Juan Gabriel González, en Villa Lugano, a manos del policía Gastón Miño en el marco de un procedimientos realizado el 25 de diciembre del año pasado, en plenas festividades.

A plena luz del día, desarmado y en medio de una trifulca con miembros de la fuerza de seguridad porteña, González cayó muerto sobre la vereda ante la mirada de los testigos que observaban la pelea. La autopsia determinó que falleció producto de "lesiones por proyectil de munición múltiple en tórax y abdomen". El hecho fue grabado por los celulares de los testigos que estaban en el lugar, situación que permitió esclarecer el crimen, y es uno de los casos testigo tomados por el peronismo para empujar la iniciativa.

El proyecto que presentaron Neira y Mochi refleja parte del contenido volcado posteriormente por Larreta en el texto de su autoría. Establece "una implementación progresiva" de los dispositivos, priorizando zonas y espacios "de especial conflictividad o vulnerabilidad" como "barrios populares, espacios de detención no penitenciarios, manifestaciones públicas, y eventos masivos". Plantea también una capacitación de los agentes y propone la activación manual del dispositivo y el modo pre-evento, pero con un minuto de grabación previa.

A diferencia de la iniciativa del exalcalde, los legisladores del peronismo proponen implementar un mecanismo de "sincronización". ¿Cómo funciona? Una vez que se activa la grabación de un dispositivo, también lo harán aquellos de las mismas características que estén en un radio de 10 metros de distancia. Tal funcionalidad permitiría captar un ángulo de visión mayor al que grabaría una sola cámara y abarcar un radio superior de cobertura.

Asimismo, plantean la creación del Centro de Control de Cámaras Corporales, un órgano que funcionaría de manera descentralizada en el ámbito del Ministerio de Seguridad porteño y que sería el encargado de "almacenar, proteger y ceder las imágenes capturadas por los dispositivos".

En cuanto a los plazos de conservación del material, el proyecto del PJ propone que se resguarden durante un período mayor al que propone Larreta: "Las grabaciones obtenidas se conservarán por un plazo máximo de seis meses, contado desde la fecha de su captación". Luego deberán ser eliminadas. Sin embargo, en caso de que la Justicia solicite su acceso con anterioridad al vencimiento, serán guardadas por cinco años, posibilidades de prórrogas en ambos casos.

En diálogo con Ámbito, Neira consideró que el uso de cámaras corporales en los chalecos de la Policía "es clave para garantizar una seguridad real en la Ciudad". Afirma que es una herramienta "que ya está disponible en otras provincias" pero que en CABA están en funcionamiento unos pocos dispositivos y sin regulación. "Su uso además parece pensado para que después Jorge Macri promocione sus videos en las redes sociales", dijo respecto a los materiales de difusión del Gobierno porteño respecto a operativos de desalojos o de aprehensiones en vía pública que van acompañados del slogan "Ley y Orden".

"Nosotros proponemos que haya una implementación progresiva hacia toda la fuerza, priorizando en una primera etapa el uso de dispositivos en contextos de alta sensibilidad social", explicó la jefa del peronismo, primera minoría en la Legislatura. Mencionó eventos masivos, manifestaciones u operativos en los barrios populares donde, según dijo, "ya hemos visto que el control es fundamental y donde además el uso de cámaras contribuye no sólo a garantizar la seguridad de los vecinos, sino también de los propios agentes".

Para Neira, el material favorecería la transparencia de la fuerza. "Contar con registros audiovisuales puede ser determinante tanto para la Justicia, a la hora de esclarecer ciertos hechos, como para transparentar el accionar institucional de la Policía de la Ciudad", concluyó.

Desde el larretismo manifestaron a este medio que están abiertos a escuchar propuestas de otros bloques para realizar cambios al proyecto. "Estamos dispuestos a dialogar con todos los bloques, como lo hemos hecho hasta ahora, siempre y cuando se respete el mismo espíritu de la propuesta", afirmaron.

Sintonía parlamentaria ¿y algo más?

Por lo pronto, ambas iniciativa muestra un incipiente grado de sintonía entre el larretismo y el peronismo sobre la agenda de seguridad, en el marco de las negociaciones exploratorias que ambos partidos llevan adelante con sectores de la política porteña para ganar volumen electoral de cara a las elecciones del 2027.

En los dos partidos consideran que es necesario dotar de transparencia a los operativos que lleva adelante la fuerza porteña, en un contexto en que Macri avanza bajo el slogan de "Ley y Orden" con desalojos, tanto en vía pública como sobre propiedades privadas tomadas, y con allanamientos en barrios populares sobre población vulnerable. Durante este año, el jefe de Gobierno llevó a cabo una serie de "dispositivos de saturación" con el despliegue de miles de efectivos.

El caso más emblemático fue la denominada "Operación Tormenta Negra" que se implementó en simultáneo en 15 barrios vulnerables porteños y que tuvo como resultante la detención de 20 personas. La avanzada recibió críticas desde diversos sectores de la sociedad civil: el mandatario fue acusado de estigmatizar a quienes viven y transitan diariamente por las villas porteñas y de querer copiar la agenda libertaria con fines electorales.

En el entorno del exjefe de Gobierno aseguran que están dispuestos a abrir el plano hacia otros espacios, en particular la UCR y la Coalición Cívica, pero rechazarían cualquier tipo de acuerdo con La Libertad Avanza y con La Cámpora, uno de los actores clave del PJ porteño. "Horacio conversa con todos", afirman fuentes al tanto de los diálogos exploratorios, pero aclaran: "Menos con los libertarios y el kirchnerismo".

Quedará por ver si la sintonía en materia de seguridad es tan solo un punto de contacto dentro de los límites legislativos o si puede ir más allá de los confines de la Legislatura porteña. Por lo pronto, los 20 peronistas y los 6 de Confianza y Desarrollo buscarán avanzar con ambas iniciativas. El proyecto de Neira y Mochi tiene cabecera en la comisión de Seguridad, que preside la radical Aldana Crucitta y girado a la comisión de Presupuesto que lidera el macrista Waldo Wolff. Resta conocerse los giros del texto de Larreta.