Mesa Judicial: piden registros de entrada de la Rosada y Olivos

Política

Lo solicitó el fiscal federal Franco Picardi en la causa en la que se investigan supuestas presiones del gobierno anterior sobre jueces para direccionar causas de interés para aquella administración.

La Justicia pidió los registros completos de ingresos y egresos de la Casa Rosada y la quinta presidencial de Olivos en la gestión de Mauricio Macri para cotejarlos con las denuncias respecto de la denominada “mesa judicial” de Cambiemos. Lo solicitó el fiscal federal Franco Picardi en la causa en la que se investigan supuestas presiones del gobierno anterior sobre jueces para direccionar causas de interés para aquella administración. De este modo se reactivó un expediente que arrancó en mayo del año pasado y que a mitad de su tramitación cambió de manos para recaer en el juzgado a cargo de María Eugenia Capuchetti, quien delegó en Picardi la instrucción.

El planteo del fiscal coincide con una ampliación de la denuncia original que presentaron varios diputados del Frente de Todos, quienes la semana pasada dieron cuenta de seis visitas hechas por el presidente de la Cámara de Casación, Gustavo Hornos, a la casa de Gobierno. Picardi le pidió por escrito ayer a la Jefatura de Gabinete todos los registros de entradas y salidas correspondientes al año 2018, que concentra buena parte de las denuncias de magistrados por aparentes intentos de presión por parte de funcionarios de Cambiemos.

El objetivo de Picardi con la información recogida es explorar eventuales conexiones entre las visitas a la Casa Rosada y la quinta de Olivos de los imputados con fallos o resoluciones de la Justicia en las causas donde la “mesa judicial” había manifestado particular interés. La primera denuncia surgió a partir de una entrevista a la camarista de Casación Ana María Figueroa, quien había dado cuenta de un presunto intento de presión por parte de un exfuncionario para que apurara su voto respecto de la constitucionalidad del memorándum con Irán, una causa que tiene como imputada en última instancia a Cristina de Kirchner y que para Cambiemos representaba una bandera política.

A partir de la apertura de la causa, Figueroa identificó en Tribunales a Juan Bautista Mahíques, actual fiscal general porteño y exconsejero de la Magistratura, como el funcionario que había intentado presionarla. A Ese testimonio le siguieron los de otros camaristas como Luis Raffaguelli (laboral) o Marcela Pérez Pardo (civil) o de magistrados de primera instancia como la jueza federal de San Martín Martina Forns, quienes relataron una mecánica coincidente: abordajes de funcionarios para sondear un direccionamiento de los fallos favorable al gobierno anterior, y al no encontrar eco en los planteos el inicio de un proceso diferente de presiones mediante denuncias ante el Consejo de la Magistratura y coberturas periodísticas condenatorias.

Picardi recogió hasta ahora los testimonios de esos magistrados y otros camaristas del fuero laboral que habían sido citados por Ramiro González, el anterior fiscal a cargo del expediente, y por su cuenta llamó al juez federal Eduardo Farah, quien había sido mencionado por Elisa Carrió como una supuesta víctima de la “mesa judicial” de Cambiemos. Entre los sospechosos figuran el propio Macri, su exjefe de Gabinete Marcos Peña, los exministros Germán Garavano (Justicia), Jorge Triaca (Trabajo) y Patricia Bullrich (Seguridad), otros exfuncionarios como José Torello, Pablo Clusellas, Fabián Rodríguez Simón, Bernardo Saravia Frías y Mahíques. Junto a ellos el fiscal también investiga al extitular de la AFI Gustavo Arribas y al expresidente de Boca Juniors Daniel Angelici.

La primera denuncia fue presentada por una veintena de diputados y senadores del Frente de Todos. Las siguientes tres ampliaciones estuvieron a cargo de tres de los legisladores de la Cámara baja: Martín Soria, Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdéz. La investigación incorporó documentación aportada por la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño, en formato de correos electrónicos que partían de la oficina de Marcos Peña y que convocaban a reuniones de coordinación judicial. Hasta ahora, si bien ninguno de ellos fue citado a indagatoria, los acusados dieron como única explicación que esos encuentros buscaban darle fluidez al mecanismo de propuesta y nombramiento de nuevos jueces y negaron cualquier otra connotación.

La causa además sumó un capítulo sindical a partir de las declaraciones de los jueces laborales respecto de aparentes presiones por causas relacionadas con gremialistas.

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