Capital: Cromañón importa más que los sobresueldos

Aníbal Ibarra

Con dos juicios políticos por resolver, los legisladores porteños decidieron avanzar en contra de Aníbal Ibarra por el caso Cromañón y postergar el análisis de las acusaciones a los funcionarios del Consejo de la Magistratura local. Mientras los legisladores porteños pidieron por segunda vez una prórroga en la investigación que llevan contra el Consejo, la Justicia emitió ya un dictamen en contra de los consejeros, que vienen resistiendo quejas de los jueces por un lado y, por otro, una puja gremial que contó hasta con un campamento de protesta. Recién a fin de año estaría el dictamen de la comisión juzgadora que en la Legislatura debe resolver el juicio político a los consejeros. Antes, estaría un fallo de Cámara sobre el supuesto cobro de sobresueldos por parte de los funcionarios. La Justicia ganó de mano a los legisladores porteños que llevan retraso en resolver el juicio político a seis de los nueve miembros del Consejo de la Magistratura local.

Mientras los legisladores estudian los descargos que presentan los consejeros, éstos apelaron una reciente medida judicial que los condena a devolver dinero. La conformación de una comisión de acusación para llevar adelante el juzgamiento de los consejeros, representantes de los abogados y de los legisladores obedeció, entre otros temas, a los supuestos sobresueldos que cobran los funcionarios. El viernes se conoció un fallo judicial que obliga a los seis consejeros a devolver lo que cobraron demás, es decir, por sobre el monto que percibe un legislador porteño que es lo que establece la ley.

• Testimonios

La Legislatura continúa tomando testimonios para redactar un dictamen con varias acusaciones a los representantes ante el Consejo de la Magistratura local, un organismo que, recién creado, ya tiene dos causas judiciales. Una obedeció durante la primera gestión de ese instituto y fue relativa, entre otras irregularidades, a la compra de un edificio. En la segunda conformación, que es la actual, la discusión comenzó cuando los consejeros acudieron a la Legislatura a pedir más partidas durante la discusión del Presupuesto. Un contrapunto entre los abogados y los diputados terminó ventilando las presuntas irregularidades en el nombramiento de personal y también en las remuneraciones de los propios funcionarios.

La jueza Patricia López Vergara resolvió sobre una denuncia presentada en noviembre del año pasado sobre el supuesto incumplimiento del reglamento del Consejo de Magistrados. La norma dice que «los miembros titulares del Consejo de la Magistratura, representantes de la Legislatura y del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, perciben durante su mandato una compensación equivalente al monto de la remuneración de un legislador de la Ciudad».

De ese modo, cada consejero debía cobrar alrededor de $ 6.000, pero desde enero de 2003 los sueldos varían de $ 9.000 a $ 14.000 por una disposición de los mismos funcionarios. La jueza ordenó el reintegro a Diego May Zubiría, María Celia Marsili y María Magdalena Iraizoz, Carlos Rosenfeld, Bettina Castorino y Juan Sebastián Destéfano. La resolución abarcaría al titular de la Oficina Anticorrupción, Abel Fleitas Ortiz de Rozas, ex consejero de la Capital Federal.

Los funcionarios apelaron la medida, mientras que el viernes se reunió la comisión de juicio político en la Legislatura, donde los cargos que les imputan a los consejeros son algunos más que el exceso en sus remuneraciones. Los diputados consideran que en el Consejo de la Magistratura porteño se nombraron irregularmente empleados, en la planta permanente, es decir, sin haber convocado a un concurso para las designaciones. Calculan que la planta de personal se duplicó, mientras que en el Poder Judicial de la Ciudad las quejas por insuficiente cantidad de empleados son permanentes.

Los jueces denunciaron ante los legisladores irregularidades edilicias en sus despachos que le impedirían llevar adelante su trabajo y que, supuestamente, debería haber resuelto el Consejo. Otra de las acusaciones es que «el Presupuesto del año en curso finalizará con una subejecución de 17% mientras las necesidades de infraestructura y de equipamiento de los distintos estamentos judiciales bajo su administración persisten y se agravan; las licitaciones para refacciones edilicias han fracasado, y se desconoce cómo y cuándo se volverán a implementar».

Entre los consejeros, la ex titular del organismo Bettina Castorino asegura que votó en disidencia los «adicionales» que se pautaron y que pidió no recibir ese monto extra, que igualmente se los habrían liquidado, pero lo habría devuelto. Por su parte, la Auditoría porteña les había aconsejado a los funcionarios que dejaran de cobrar hasta tanto se conociera la decisión judicial, ahora en manos de la Cámara de Apelaciones. La comisión investigadora pidió recientemente una prórroga para que la comisión acusadora pueda emitir sus resoluciones a fines del mes próximo; luego tiene que trabajar la comisión juzgadora, por lo que se calcula que, hasta fin de año, los legisladores no habrían resuelto el caso.