Aníbal Ibarra terminará de negociar esta semana con el gremio de empleados municipales, que le reclama un aumento salarial. Si bien el jefe de Gobierno porteño rechazó la mayoría de las demandas de ese sindicato, el acuerdo para evitar nuevos paros en la administración de la Capital Federal le costará al presupuesto de la Ciudad cerca de $ 20 millones.
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El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires asegura que este año implementará una carrera de la administración pública en la que habrá premios por capacitación y concursos, una reforma postergada en la comuna que acumula planteles de empleados nombrados al turno de cada intendente que sobreviven en las distintas administraciones de acuerdo con un estatuto que goza de beneficios inexistentes en la actividad privada.
La pelea del Sindicato Unico de Trabajadores y Empleados de la Ciudad de Buenos Aires (Sutecba), que dirige Amadeo Genta, se vio amortiguada también por la traba en los trámites en los cuales la Superintendencia de Salud debe considerar a la obra social del gremio al igual que el resto en el sentido de poder abrir sus listados para el ingreso de otros trabajadores, así como para permitir que los afiliados cambien de servicio.
Al frenarse esa posibilidad, la intervenida obra social mantendrá por el momento los mismos aportes que viene recaudando y no, como se pensaba, un éxodo de contribuyentes ahora cautivos, que haría mermar la caja del servicio.
De acuerdo con la negociación que llevan por el gobierno el secretario de Hacienda, Miguel Pesce, y el jefe de Gabinete de Ibarra, Raúl Fernández, y por el sindicato, el peronista Patricio Datarmini, habría un aumento de salarios para los empleados de menores ingresos. La discusión es el techo de ese listado. Unos 34.000 empleados tienen sueldos del orden de los $ 1.000, y el Gobierno de la Ciudad intenta dar una mejora para los ingresos inferiores a $ 700 y en proporción a la antigüedad.
Los sindicalistas le reclamaban a Ibarra un plus por antigüedad que en la práctica significaba un gasto adicional de cerca de $ 90 millones al año.
En un año electoral, en el cual aspira a su reelección, Ibarra intenta detener cualquier conflicto gremial que le paralice la actividad, especialmente en hospitales y oficinas de atención al público. Por un lado, parece endurecer su postura el jefe porteño, con respecto al aumento de sueldos, pero, por otro, dilataría el compromiso de poner en marcha un sistema de eficiencia en la administración porteña, a la que su propia gestión sumó más de cinco mil contratados, además de la que se conoce como planta política.
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