Se conoció ayer en forma oficial el informe de la Auditoría porteña sobre irregularidades en un fondo de la obra social de los empleados municipales que Mauricio Macri intervino.
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El análisis de las cuentas de la ObSBA mostró diferencias en la liquidación de un subsidio por $ 20 millones que la Ciudad le había otorgado a esa cobertura médica. En realidad, se trata de más de $ 6 millones de ese monto sobre los que los directivos de la OBSBA no presentaron comprobantes: «No se han presentado facturas de 20 proveedores por valor de $ 6.116.553,76, que significa 30,06% del subsidio», dice el informe.
Pero fuera del conflicto sindical por la intervención de Macri y la investigación contable, el episodio se convirtió en una pelea entre Macri y Carrió. La jefa de la Coalición Cívica pasó de quedar demasiado identificada con el nuevo gobierno porteño a denunciar a Macri primero por su inacción frentea las irregularidades del negocio del juego en la Capital y ahora por no avanzar penalmente con la investigación sobre la obra social.
«En la Ciudad no se avanza sobre los delitos de la obra social municipal, la Justicia no investiga», se quejó Carrió, quien calificó a la ObSBA de «antro de corrupción».
La presidente de la Auditoría porteña es la kirchnerista ex macrista Sandra Bergenfeld, y el cuerpo está integrado por la kirchnerista Josefa Prada, el delegado de UPCN Adrián Jaichenko, Santiago de Estrada por el PRO, el macrista Alejandro Fernández, Juan José Tosso, de Recrear, y Paula Olivetto, de la Coalición Cívica.
La auditoría se hizo en base a un informe ya existente que se retomó después de la intervención que Macri dispuso sobre ObSBA.
Si bien la conclusión es unánime, el dictamen final tiene matices. Como la observación que presentó Bergenfeld, donde se dice que existen fallas en la confección, aunque se reconoce que esos más de $ 6 millones no se rindieron en tiempo y forma, aunque achaca los problemas a falta de informes de la Contaduría, que no fue intimada.
Por ejemplo, Bergenfeld cuestionó que se trabajó sobre fotocopias y no sobre documentos originales. Buena parte de ese apuro se la adjudica a las presiones de Carrió, que ya venía anunciando que si la Auditoría se demoraba en su informe presentaría una demanda penal, pero contra los auditores.
Derivación
De todas formas, ni el macrismo ni el kirchnerismo definieron presentar una denuncia penal por las irregularidades en los fondos de la ObSBA, sino que derivaron el tema a la Procuración porteña.
Sólo Olivetto anunció que personalmente acompañaría la documentación y presentaría una denuncia. «Los auditores macristas y kirchneristas no querían el tema de la vía penal. En el directorio cuestionado también hay macristas y no quieren denunciarlos», decían ayer en el ARI.
Historia
La historia de los fondos cuestionados comenzó el 11 de mayo de 2005, cuando mediante un acta acuerdo el Gobierno de la Ciudad le otorgó a la ObSBA un subsidio de $ 20 millones, donde se estableció que $ 11 millones se destinarían a gastos corriente y $ 9 millones a gastos de capital.
«De los 177 recibos solicitados que corresponden a 68 proveedores sólo se recibieron constancias de 57 proveedores, y de estos últimos en seis de ellos se recibieron facturas por menor valor que los recibos solicitados», explica el informe sobre esos fondos. De todo ese monto aún subsisten más de $ 6 millones cuestionados sin explicación.
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