Casanello rechazó aceptar la causa y define la Cámara

Política

Sorteado a partir de subrogar el juzgado federal N°12, el juez Sebastián Casanello rechazó ayer aceptar el expediente que investiga una asociación ilícita encabezada por el expresidente Mauricio Macri y la plana mayor de sus funcionarios, apuntados por maniobras administrativas y judiciales contra el Grupo Indalo. El sorteo de un nuevo juez se dio luego de que María Servini decidiera el viernes pasado inhibirse de continuar instruyendo la investigación a raíz de un informe televisivo que la magistrada consideró agraviante hacia su persona. Casanello rechazó esa inhibición entendiendo que no era motivo suficiente para apartarse la “violencia moral” que alegó Servini a partir de los dichos del periodista Tomás Méndez, de la señal C5N. La cuestión quedó trabada ahora en un conflicto que debe resolver la Cámara Federal.

Sin embargo, antes debe resolverse qué jueces pueden intervenir de ese tribunal. La querella recusó a los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, quienes inicialmente fueron contra una de las medidas de Servini y recortaron el período de análisis de entrecruzamientos telefónicos entre Macri y la denominada Mesa Judicial, ante el pataleo de las defensas. La Cámara no rechazó “in límine” las recusaciones, sino que delegó en otro de los magistrados su resolución. Quedó sorteado Pablo Bertuzzi, quien también fue recusado a partir de la situación que engloba su traslado -considerado incompleto y sometido a un proceso de revisión por parte del Senado. De esta manera, el conflicto se trasladó al restante camarista, Mariano Llorens, el único que concursó para el cargo en la Cámara Federal. Llorens debe decidir si interviene Bertuzzi y despejada esa incógnita sobre la intervención de Irurzun y Bruglia. Recién entonces la Cámara estará en condiciones de resolver si Servini debe continuar o la causa pasa a la órbita de Casanello.

El juez argumentó en su réplica que un magistrado debe soportar las críticas y más cuando provienen de un tercero porque sería un recurso al que recurrir para desplazar a un juez. “La situación no es grata. Sin embargo, debe entenderse que por desagradable e injusta que sea la crítica, la magistrada se encuentra en condiciones de desarrollar su labor con profesionalidad, responsabilidad y conciencia de su misión”, indicó Casanello en su rechazo. Además, afirmó que el motivo esgrimido por Servini no se encuentra dentro de las causales de inhibición previstas en el artículo 55 del Código Procesal Penal, a las que se debe ajustar para dejar la causa.

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