Casino oficial: lo que se oculta

El ministro Carlos Tomada reclamó anoche a la empresa que administra el casino flotante -centro de un escándalo con trasfondo político con vértice en el gobierno-que reincorpore a los despedidos. Fue después de los incidentes del martes con heridos y detenidos que llevaron a otro ministro de un gobierno que mira hacia otro lado, Aníbal Fernández, a castigar a los efectivos de Prefectura que intentaron disolver a los manifestantes. El conflicto lleva seis meses, nació en el gobierno, pero enciende las calles.

La Argentina de la última década, en especial su Capital, ha recibido la bendición (para unos pocos) del juego organizado: ruletas, bingos, tapetes y, sobre todo, las tragamonedas. Se han desarrollado personajes, empresas, con la misma velocidad que ciertas mafias en Las Vegas o Macao. Nunca nadie pareció preguntarse si esa explosión de casinos privados (con aliento del gobierno de turno) afectaba la vida cotidiana de las grandes ciudades. Eticos como Fernando de la Rúa amenazaron con vetos; otros, aún más éticos, como Aníbal Ibarra, se rindieron sin combatir, y el kirchnerismo en sus múltiples facetas -incluyendo las provinciales- facilitó una expansión inusitada del negocio del juego, envenenador a través de las maquinitas no sólo de ludópatas.

Tan formidable ha sido este desarrollo para un país subdesarrollado (miserable enfermedad que también, por las mismas razones, se coló en las grandes ciudades que emergieron del comunismo) que, como corresponde, hubo y hay un cruce de intereses cada vez más sangriento. Basta ver, por ejemplo, el conflicto judicial para la expulsión de un magistrado, Guillermo Tiscornia, a quien se le imputa haberle pedido una coima a la empresa Codere (tan afín, en su momento, con Eduardo Duhalde, que hasta tuvo la gentileza de sponsorear la camiseta de su club favorito, Banfield). Tal vez sea cierto, sólo que la historia empresaria registra episodios anteriores de conflictos y bataholas que también autorizan a la sospecha.

Españoles los dueños, como los del barco (en rigor, dos) de Puerto Madero (CIRSA), al que hace poco se le acopló un emprendedor sureño, quien no necesita documentos para ingresar a la Casa Rosada (Cristóbal López) y, además, controla el megacasino de Palermo, otra de las grandes sedes lúdicas porteñas. Sobre la influencia del casino flotante en la política argentina podrían aportar numerosas voces, en buena parte bendecidas, ya que en otros tiempos resultaba dispendioso a la hora de hacer obsequios (especialmente cuando se obtenían ciertos permisos). Tanto que ese progreso económico interesó al gremialismo, el cual -además de inventarse un sindicato para la especialidad- ha estallado en rencillas de todo tipo, como las sangrientas de los últimos días, en las que aparecen los nombres de Hugo Moyano, Omar «el caballo» Suárez, el también diputado Daniel Amoroso, entre otros. Si hasta la izquierda revolucionaria se introdujo en estos conflictos.

Se comprende la curiosidad: antes de ceder una parte de los activos del barco a empresarios locales, los españoles tuvieron un percance en el aeropuerto con un avión privado en el que traían delicias de fin de año y jamones de jabugo que albergaban, según las primeras pesquisas, fajos voluminosos de euros para premiar con una cuota extraordinaria a los vinculados al negocio. Se durmió la causa judicial casi como la de la valija de Venezuela, justo cuando los dadivosos también se desprendieron de un porcentaje de los barcos. No hubo allí ninguna acusación contra magistrado alguno por coimas, algo tan comprensible como el silencio repentino de un juez de gallardo apellido que solía alarmar a empresarios y autoridades complicadas en el juego. Son fascinantes las anécdotas, competencias, compras y ventas, ascensos y caídas en este universo de las tragamonedas (a las que cualquier iniciado se vuelve más adicto que a otros juegos simplemente por su velocidad), salvo que ciertos desvíos violentos como los de los últimos días ya marcan que algo huele mal en Dinamarca, como diría Hamlet, o que la pestilencia de este rubro proviene de un «pudridero» como el de los reyes de España en El Escorial. Nadie parece dispuesto a intervenir, los legisladores se distraen y el matrimonio presidencial semeja ignorar el fenómeno. Claro, si además de los beneficios personales, hay contribuciones a entidades sin fines de lucro para vestir la operación.

Lo narrado advierte no sólo sobre lo que hoy ocurre, sino anticipa conflictos por la renovación de un contrato en el juego porteño por 16 años más -ni Chávez se plantea ese referendo, siempre a los mismos-, en el cual gobierno nacional y municipal estamparán su firma. Ni siquiera planteándose que son opositores. Igual habrá de ocurrir en la provincia de Buenos Aires, donde también los intereses de bingueros locales, extranjeros ( españoles, norteamericanos) se complicarán en una disputa por futuras concesiones para compararse a la lujosa ciudad oculta del Hipódromo de Palermo. En todos esos negocios intervendrán jueces, y los sindicalistas se golpearán con puños y manoplas. Por lo menos.