Los jueces del TOF N° 2 que deben fallar por la Causa Vialidad: Andrés Basso, Jorge Gorín y Rodrigo Giménez Uriburu.
Tras el pedido de 12 años prisión del fiscal Diego Luciani contra Cristina Fernández de Kirchner en la denominada Causa Vialidad, ahora el proceso judicial continuará con los alegatos de todos los acusados a partir del próximo 5 de septiembre.
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Luciani y su fiscal colaborador Sergio Mola intervinieron en el juicio oral y pidieron penas de prisión de entre 3 y 12 años para los imputados. Además solicitaron la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos a quienes se hayan desempeñado en la función pública.
El Tribunal Oral Federal N°2 presidido por Rodrigo Giménez Uriburu definió que los alegatos de las defensas comenzarán dentro de 14 días, el lunes 5 de septiembre desde las 8:30 hs. Antes, le TOF2 finalmente le rechazó este lunes el pedido realizado por la vicepresidenta para ampliar su declaración indagatoria. Era una postura esperable porque no es habitual este permiso en medio de los alegatos en los debates orales.
También hizo lugar a un pedido de prórroga de la defensa de Lázaro Báez, a cargo del abogado Juan Villanueva, por lo que se alteró el orden de las exposiciones de los alegatos finales, antes de pasar a la etapa de veredicto. En ese marco, el Tribunal dispuso en una resolución que en lo sucesivo las defensas efectúen sus alegatos en el siguiente orden:
Fuentes judiciales no pueden precisar con exactitud cuándo pueden terminar las rondas de alegatos de los acusados, pero se estiman que podrían llegar hasta fin de año. Cada uno de los acusados posee tres audiencias cada uno para dar su "última palabra". La pueden usar ellos mismos o sus abogados. Luego, será el turno del trabajo de los jueces Giménez Uriburu, Andrés Basso y Jorge Gorin, quienes como integrantes del TOF 2 deberán expedirse en un fallo condenatorio o absolutorio, lo que podría ocurrir en diciembre próximo o recién a partir de febrero o marzo de 2023, luego de la feria judicial de verano. Los fundamentos de esos tres votos seguramente se conocerán el año que viene.
Una vez conocida esa sentencia, los tiempos judiciales se definirán por las posibles apelaciones y recursos de queja, que deberán ser analizados por la Cámara de Casación Penal. Ese plazo se podría extender durante casi todo el año 2023, si es que la Justicia recorre los caminos habituales de los procesos y no acelera por motivos políticos o electorales. En esta instancia se puede abrir un abanico innumerable de opciones, con recusación de jueces, pruebas, procedimientos, etc, lo que podría, incluso, extender los tiempos al 2024.
Una vez que se conozca el fallo de la Cámara de Casación, los acusados tendrán la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema, última instancia judicial del país. Si esto sucede, en los pasillos de Comodoro Py estimaron que la sentencia definitiva podría llegar a fines del 2024 o principios de 2025.
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