Productores rurales intentaron ingresar por la fuerza a la Legislatura de la provincia de Buenos Aires donde se trató el proyecto de reforma impositiva que incluye un aumento del impuesto Inmobiliario Rural.
El gobierno bonaerense no logró la aprobación del proyecto de reforma impositiva impulsado por la administración de Daniel Scioli, que prevé alzas en las alícuotas de Ingresos Brutos y en el Inmobiliario Rural.
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Si bien la iniciativa obtuvo la aprobación del Senado bonaerense, en medio de algunos disturbios, cuando llegó el turno de su tratamiento en Diputados no logró alcanzar los dos tercios necesarios para su aprobación, ante el rechazo del bloque del PRO y otros sectores de la oposición.
A pesar de tener quórum propio, el oficialismo tampoco logró sentar a todos sus legisladores para tratar la polémica iniciativa.
A esa altura, ya se habían generado incidentes frente al Senado provincial, cuando productores rurales que se oponían a la suba del inmobiliario rural forcejearon y vencieron un portón de acceso al edificio.
El paquete de iniciativas prevé subas en Ingresos Brutos, Sellos e Inmobiliario Rural. También se propone ampliar la deuda provincial en $ 2.200 millones y eliminar exenciones fiscales para cooperativas, televisión por cable y telefonía celular.
En el caso del Inmobiliario Rural, se desató un fuerte rechazo de ruralistas, dado que el incremento en los pagos se dará vía revaluación de tierras.
La Federación Agraria Argentina denunció que en el caso de algunos productores pequeños y medianos los aumentos trepan al 400 por ciento.
Se estima que el reajuste alcanzará a 6,5 millones de partidas, distribuidas en 300.000 kilómetros cuadrados, mientras que el valor fiscal de las tierras podría subir hasta 500 por ciento una vez finalizada la valuación general de suelos.
En un intento por aprobar la reforma, el oficialismo aceptó negociar cambios: aumentar en 200 millones de pesos los giros de fondos a los municipios -se estima que por la coparticipación de los impuestos con aumentos recibirán unos $500 millones-, y eliminar el artículo 22 que prohibía a las comunas cobrar tasas por el uso del espacio aéreo a prestadoras de telefonía celular.
Sumando los $ 200 millones de pesos en bonos que la Provincia distribuirá entre los municipios para que afronten deudas con proveedores locales, las comunas recuperarían los 920 millones de pesos que dejaron de recibir a partir de la creación de un fondo especial para la atención de infraestructura escolar.
En la previa, la vicepresidente del bloque de Senadores de la UCR, Malena Baro, afirmó que su espacio rechaza "rotundamente el impuestazo" del Poder Ejecutivo provincial. "Consideramos que por sus características fue inconsulto en términos del revalúo inmobiliario planteado para el sector rural e inaceptable en lo que tiene que ver con el incremento a los ingresos brutos y sellos. Sólo acompañamos los artículos del proyecto que garantizan la recuperación de los fondos para los municipios y la viabilidad financiera de la provincia", sostuvo.
Asimismo, Baro explicó que "desde el radicalismo lo único que acompañamos con nuestro voto afirmativo fue el mayor endeudamiento por $2.200 millones, pedido por el ejecutivo, porque finalmente se garantizó un fondo específico para terminar de compensar la pérdida de 920 millones de pesos que sufrieron los municipios, en concepto de coparticipación, a raíz de la prórroga de la ley de financiamiento educativo nacional y porque somos respetuosos de la gobernabilidad del ejecutivo y conscientes de la necesidad de obtener financiamiento para su gestión".
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