Centro cívico capitalino se construirá por leasing

Mauricio Macri, junto al secretario de Gobierno porteño, Marcos Peña, saluda al ministro de Cultura, Herán Lombardi, al iniciarse ayer la reunión semanal de gabinete en el Centro Metropolitano de Diseño. Se presentó el plan para construir el centro cívico de la Ciudad de Buenos Aires en Barracas.

El ministro de Hacienda porteño, Néstor Grindetti, les explicó ayer a legisladores de todos los bloques cómo será el proyecto de ley que le permitirá a Mauricio Macri construir un centro cívico en Barracas a través de un contrato que incluirá el mantenimiento por 15 o 20 años y el pago en cuotas a través de un fideicomiso.

Hasta ahora los proyectos de ley del Ejecutivo vienen encontrando dificultades para ser sancionados tal cual son enviados a la Legislatura. Es el caso de la norma para construir subterráneos que finalmente se aprobará hoy en comisión pero no le permitirá a Macri cambiar el recorrido de las nuevas vías como pretendía.

Por eso ayer Grindetti decidió primero explicarles a los legisladores de qué se trata la iniciativa que busca hacer un combo con las empresas privadas para que construyan y a la vez mantengan lo realizado mientras cobran en cuotas por la obra.

Ejemplo

Como ejemplo de ese Programa de Financiamiento de Inversiones (PFI), Grindetti puso la construcción del centro cívico, donde el Gobierno porteño piensa trasladar la mayoría de las oficinas de la administración, incluido el palacio de la intendencia.

El ministro se reunió ayer con Diego Santilli (PRO), Carlos Araujo (Recrear), Alejandro Rabinovich (ex ARI), Cristian Asinelli (Frente para la Victoria), Fernando De Andreis (PRO), Raúl Fernández (Telerman), Eduardo Epsztein (Ibarra) y Alvaro González, presidente de la Comisión de Presupuesto.

Les explicó que el sistema dio buen resultado en Chile y que lo que busca es reducir costos y asegurarse el mantenimiento de la obra, como podría ser un hospital o una escuela, pero todos entendieron que el proyecto iba dirigido especialmente a la iniciativa de trasladar las oficinas de administración municipal a los barrios del sur de la Ciudad.

Allí también está programada la construcción de una estación de transferencia para que llegue una nueva línea de subterráneos, un plan a largo plazo, que tendrá en cuenta el cierre de los neuropsiquiátricos Moyano y Borda, pero que Macri quiere iniciar en cuanto pueda.

No necesita de una ley para el llamado a licitación pero todavía no se formalizó el concursode diseño para el cual se convocó a arquitectos. Pero, para lograr el financimiento que busca sí debe tener la aprobación de los legisladores.

Prioridad

Primero deben sancionar la ley que permitirá aplicar el PFI que a la vez crea un fideicomiso con fondos que cada año salen del Presupuesto porteño. Después, para cada obra que quiere construirse con ese mecanismo de licitación también deberían aprobarla los diputados.

Este año no está incluido en las partidas presupuestarias ningún dinero para el traslado de las oficinas que quiere Macri, pero la iniciativa la quiere detallar Grindetti en el Presupuesto 2009 que enviará en setiembre a la Legislatura.

Los diputados, en la reunión con el ministro, se limitaron a escuchar la propuesta y en principio cuestionaron una cláusula que se piensa incluir, mediante la cual el Gobierno porteño renunciaría al derecho administrativo dejando cualquier cuestión de conflicto en manos de un tribunal de arbitraje como se hace en los contratos privados.

«El sistema es muy bueno, sigue el modelo español, se aplicó en Chile y en Colombia entre otros países», explicó Santilli.

Rabinovich, en cambio, planteó la duda sobre «si es constitucional la cláusula del arbitraje, pero en principio todo está en discusión».