CGT "estanciera" afecta a Moyano

Juan Manuel Palacios anunció que dejará la Unión del Transporte Automotor (UTA). Se retirará, entonces, de la CGT, donde reina junto a su «alter ego» Hugo Moyano. Palacios dio razones intrascendentes para explicar su salida: «Estoy hace 22 años» dijo, como si tuviera algún cansancio. No explicó, sin embargo, que se retira bajo una lluvia de acusaciones sobre su comportamiento patrimonial: se le adjudican grandes extensiones de tierra en La Pampa (Ambito Financiero fue el primero en publicarlo hace dos años), en Henderson ( también primicia de este diario, desarrollada por «El Federal») y, este fin de semana, se le encontraron más propiedades en Pehuajó y Carlos Casares. Varios millones de dólares, entonces, en estancias, todo a nombre de la SA Calema, donde también figura su hijo y una mujer llamada Alicia Marchetti.

La salida de Palacios de UTA dejará esa entidad en manos de su segundo, tanto en el gremio como en Calema: Roberto Fernández será el nuevo secretario general. Otro estanciero con la misma pasión de Palacios por los campos de la pampa húmeda. ¿Por qué para Palacios cabe la exclusión del gremio como consecuencia del escándalo y no para este otro colectivero-terrateniente?

Las balas suenan cerca de Moyano, quien recorrió un camino larguísimo con el acusado de este enriquecimiento sospechoso para un sindicalista. Habrá que esperar si se le descubren también al camionero propiedades de este tipo: siempre se las atribuyeron en Henderson y en la zona de Riglos, de La Pampa. Palacios, además de ser el acompañante eterno de Moyano, fue también su consejero político y, en el plan originario, se lo había imaginado como el titular de la CGT. En esa condición visitó a Néstor Kirchner cada vez que el camionero fue convocado a la Casa Rosada.

Por eso ahora se abre en torno de la figura de Moyano un inventario de preguntas. ¿Afectarán estas peripecias las relaciones con el gobierno? Como el titular de los camioneros, también el de los colectiveros recibió hasta ahora una lluvia de subsidios, inclusive para financiar el aumento de salarios que se concedió por inflación. ¿Seguirá siendo el mismo el trato después de este debilitamiento?

Sospechas

La pregunta cabe porque en la CGT hay sospechas de que la información que comenzó a liberarse sobre la situación patrimonial de estos gremialistas proviene de las entrañas del oficialismo. Esas suspicacias comenzaron cuando desde la Sindicatura General de la Nación se imputó a muchas organizaciones gremiales la falta de rendición de cuentas por subsidios recibidos en sus obras sociales. El informe, al parecer, fue muy defectuoso e incorrecto. Pero sirvió para poner en la picota a otro engranaje de la máquina moyanista: el encargado de la Administración de Programas Especiales (APE) de la Superintendencia de Salud, Juan Rinaldi, abogado del sindicato de camioneros. Moyano sospechó siempre que el dardo venía de la superintendencia misma, donde Héctor Cappacioli ( representante allí de Alberto Fernández) quiere quedarse con el espacio que domina Moyano.

La semana pasada, por si esta señal fuera menor, un aliado más del camionero, el taxista Omar Viviani, recibió la visita de la DGI en su obra social, donde se descubrió una presunta defraudación fiscal.