CGT "tira el Senado por la ventana" y vuelve a los '50

En el Senado la escenografía ya está diagramada para el miércoles próximo. En el Salón Eva Perón -una especie de «vip» pintado de rosa, custodiado, con un busto dorado de la «abanderada de los humildes»- estarán los sindicalistas de mayor peso en la Argentina. Todos: desde Rodolfo Daer hasta el propio Moyano, desde Carlos West Ocampo hasta Saúl Ubaldini. En el «Salón de Lectura», más democrático, estarán los secretarios generales de seccionales del conurbano. En las galerías, moviéndose de aquí para allá, estará «la barra», militantes grasos de gremios que moverán bombos y cornetas para animar la ceremonia. Con esa parafernalia, los gremios argentinos pretenden consagrar ese 20 de marzo como una jornada histórica (la fecha irá después, seguramente, a bautizar algún hotel en la costa): la Cámara alta se reunirá para derogar la ley de reforma laboral que se sancionó en abril de 2000. No será una anulación parcial, sino que con esa operación legislativa, según la descripción sincera de un gremialista ante este diario, «el derecho laboral vuelve a la década del '70».

En efecto, representados por Luis Barrionuevo como presidente de la comisión de Trabajo, los gremios consiguieron el apoyo del PJ para algo más que dar de baja una norma: se propusieron, y están a punto de conseguirlo, volver atrás con todo lo que huela a modernización en la legislación de los últimos 10 años. «Vamos a dejar la 14.250 pelada», definió uno de los «gordos» en referencia a la clásica Ley de Contrato de Trabajo.

Eso sí, la maniobra será completada con otra norma: la CGT tiene previsto reponer todo lo referido a «derechos sindicales» en la legislación. Quiere decir que hay que esperar una nueva ley que permita un avance del sindicalismo en materia de «derecho a la información», balance social de las empresas, etcétera.

Los sindicatos tienen razón al celebrar su nueva «conquista». Con la derogación de la reforma conseguirán salvar «el corazón», como llaman ellos a una de las vigas maestras del sistema gremial argentino: el convenio centralizado. Una vez aprobada la reforma, no quedarán siquiera hendijas (sólo eso abría el híbrido aprobado en 2000) para que se descentralice hacia regiones o empresas la negociación colectiva. La cúpula nacional del sindicato único por rama de actividad volverá a tener el monopolio para suscribir convenios.

Además, al derogarse la ley laboral sancionada durante la gestión de Fernando de la Rúa, se daría por terminado el proceso de discusión de las convenciones colectivas de 1975, que habían perdido su «ultraactividad» (condición por la cual una convención mantiene su vigencia más allá de su fecha de vencimiento si una de las partes se niega a renegociarla).

• Dos trofeos

Si en el plano específicamente sindical los gremialistas conseguirán, con la derogación del Senado, regresar a las condiciones en que se encontraban antes de la asunción de Carlos Menem en 1989, también en su otra condición, la de empresarios de la salud, sacaron ventaja del gobierno de Eduardo Duhalde. Con la sanción del decreto de «emergencia sanitaria» que les dedicó Ginés González García, la CGT en todas sus versiones se llevó dos trofeos. Por un lado, su propia «ley de quiebras», ya que la medida suspende cualquier ejecución contra sus obras sociales hasta el 31 de diciembre próximo (lo que en la práctica significa el 31 de enero de 2003 si se contempla la feria judicial estival). El beneficio incluye las deudas por pagos de honorarios, lo que llama la atención en el caso de gremialistas. Además, a diferencia de lo que previó la Ley de Quiebras, la Secretaría de Hacienda no contempló excluir las ejecuciones que puedan deberse a deudas previsionales o impositivas, tan frecuentes en el universo de las «cajas» sindicales.

Este beneficio ideado por González García en el Decreto 486/02, se completó con la Ley de Presupuesto, que subió en un punto los aportes patronales a las obras sociales y también la contribución al PAMI. Con esta restauración y aquel salvoconducto hasta el año próximo, también en el plano de la administración de las obras sociales, los gremialistas tienen la sensación de haber regresado a la «patria sindical», como se calificaba a su ciudadela de privilegios en la década del '70.

Pero la colección de ventajas que los sindicatos arrancaron al gobierno de Duhalde no se agota aquí. También consiguieron que, en el mismo decreto de «emergencia sanitaria», se aumenten los recursos del fondo de redistribución de las obras sociales aumentando los aportes que realizan a ese pozo en el caso de los empleados que ganan más de $ 1.000.

Los gremialistas fueron puestos por Duhalde, casi distraídamente, en una circunstancia parecida al paraíso. Para satisfacerlos totalmente haría falta sólo un «detalle»: que les sustituyan los bonos que les dieron para saldar una deuda de $ 200 millones por LECOP o patacones, es decir, con papeles que sean reconocidos como medio de pago de impuestos. Entonces sí el miércoles que viene habrá fiesta, y «gordos» de Daer y «disidentes» de Moyano podrán tirar el Senado por la ventana.