Citó juez de Entre Ríos a directivos de Botnia

Jorge Busti

El juez federal de Concepción del Uruguay, Guillermo Quadrini, citó a cuatro directivos de la empresa Botnia, que opera una papelera en Fray Bentos, para que presten declaración como imputados en marzo próximo, en una causa que sigue por el delito de presunta «tentativa de contaminación». La orden que impartió el magistrado se realizará por vía diplomática, vía exhortos.

La causa que sigue Quadrini fue promovida en su momento por el ex gobernador entrerriano Jorge Busti y su vice, Pedro Guastavino, con asesoramiento legal de la actual secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti.

El juez citó a Ronald Beare, gerente general de Botnia SA, para el 25 de marzo del próximo año, a las 9. Un día después deberá declarar Kaisu Annala, gerente de proyectos de Botnia SA, mientras el 27 de marzo lo hará Carlos Faroppa, apoderado de Botnia Fray Bentos (filial Metsa Botnia).

Finalmente, el 28 de marzo, también a las 9, Quadrini citó a Erkki Varis, presidente y gerente general de Metsa Botnia. Quadrini dictó las indagatorias en coincidencia con una recomendación de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná.

La acción penal por presunto delito ambiental fue formulada hace dos años por el gobierno de Entre Ríos contra todas aquellas personas que integran la comisión directiva de la empresa y contra todo otro responsable que surgiese de la investigación fiscal.

«Es la primera vez en la Argentina que funcionarios de empresas internacionales son denunciados penalmente por contaminación ambiental. Y en caso de que no se presenten a declarar a la Justicia, podría ser dictada una orden de detención para que Interpol la haga efectiva», analizó Picolotti al conocer la decisión de Quadrini.

Por su parte, Busti, que ahora preside la Cámara de Diputados entrerriana, se mostró satisfecho por la decisión judicial y aseguró que «son pequeños pasos en la larga lucha que vamos a sostener en defensa del medio ambiente».

En la resolución de la Cámara, en la que se basa Quadrini para librar los exhortos, se señaló, además, que «no es posible obviar el lapso transcurrido desde que se formuló la denuncia -el 19 de enero de 2006-, la profusa prueba dispuesta y las características de los hechos denunciados, que fueron transformándose y podrían corresponderse con un delito consumado».

La causa contra los representantes de la empresa es por presunta «violación al Artículo 55 del Código Penal, en grado de tentativa», infringiendo la legislación nacional argentina respecto de residuos peligrosos (la Ley 24.051), a raíz de las actividades llevadas a cabo por la pastera de origen finés.

El artículo 55 de la Ley 24.051 establece que «será reprimido... el que utilizando los residuos a que se refiere la presente ley envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general...».

La citación se produce en momentos en que en la ciudad uruguaya de Fray Bentos, cercana al emprendimiento pastero, se encuentra inundada de fuertes olores, atribuidos al funcionamiento de la planta.

En tanto, la Inspección Nacional de Trabajo del Uruguay sancionó a la empresa Isolange, contratada por Botnia, por el derrame de sulfuro de sodio que terminó con 12 obreros afectados el 14 de agosto pasado.

Sin embargo, los olores y emanaciones provenientes de la fábrica continúan, mientras los directivos los atribuyen a cuestiones propias del período de ajuste de funcionamiento.

En las últimas horas, un grupo de uruguayos residentes en Gualeguaychú inició acciones judiciales contra el gobierno de Tabaré Vázquez para obtener información integral sobre la pastera.

La presentación fue encargada al abogado uruguayo Gustavo Cassola Perezutti, quien pidió a la Justicia de su país que el gobierno uruguayo entregue toda la información disponible sobre la planta de celulosa.