"Ruido" judicial también en Ciudad y el acusatorio, a extraordinarias

Costa Salguero y Coparticipación, al tope de las prioridades para Larreta. Vaivenes en la estrategia (mismo problema que el kirchnerismo). Cambió polo de poder porteño. Código Procesal Penal entra a discutirse en febrero en el Congreso y el dilema de la vacuna electoral.

El horizonte de gestión judicial de Horacio Rodríguez Larreta tiene dos frentes: el primero y más publicitado es la pelea con la Nación por el recorte de coparticipación que había heredado de la gestión Macri; pero el segundo (y más importante, según como se mire) es la rezonificación de Costa Salguero y Punta Carrasco, ahora en instancia de audiencias públicas en plena feria, algo que el alcalde monitorea de cerca. En ninguno de los dos conflictos importantes el jefe de Gobierno porteño ha cosechado triunfos, algo que lo emparenta con sus adversarios del kirchnerismo, que tampoco han logrado afinar una estrategia que les permita maniobrar con los problemas más importantes que arrastran. Así, el referente de la oposición que aspira a ser la opción electoral más competitiva para 2023 comparte la misma problemática con la cuestión judicial, pero desde la otra vereda, escenario que ha pasado desapercibido para el oficialismo que cree ser el acreedor de todas las desventuras.

En la Corte Suprema desde antes de culminar el año, la demanda de la Ciudad de Buenos Aires contra la Nación no se movió un centímetro. La presentación contra el decreto de Alberto Fernández, cuando se anunció un recorte en el porcentaje que percibía por el traspaso de las comisarías de la Capital Federal demoró entre su anuncio y su ingreso formal una semana. En el medio, el Gobierno Nacional puso en discusión un proyecto de ley para reglamentarla, algo que trastocó la estrategia de la Procuración General a cargo de Gabriel Astarloa. Cuando finalmente se aprobó, hubo otro delay que le volvió a dar ventaja al oficialismo. Eso se comentó en el cuarto piso del Palacio de Tribunales.

Para esa misión, Larreta oscila entre los interlocutores, ninguno de los cuales han dado señales positivas durante fin de año y el receso. Por un lado sus mastines son el secretario de Seguridad Marcelo D´Alessandro y compitiendo por el mismo placet (pero alineado en otra escudería) el exministro de Justicia bonaerense Gustavo Ferrari, que funge como asesor del jefe de Gobierno. Como señaló Ámbito, la Corte espera el resultado de las negociaciones entre ambas jurisdicciones, lo que da un período de 60 días de gracia para que empiecen a moverse las fichas. Para colmo, la demanda del BCRA contra la exención del impuesto a los pases y Leliq que dispuso Larreta para contrarrestar el efecto de la poda de fondos tiene ya su estatus de competencia originaria del máximo Tribunal. El final es abierto.

Pero el conflicto de Costanera es tan o más relevante para la administración porteña. Y su resultado, gravitante. Tampoco es posible aventurar un resultado con las audiencias públicas multitudinarias y maratónicas, con la presión mediática y con una decisión que sorprendió en Uspallata: la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad hizo lugar a un recurso de apelación de organizaciones civiles y académicas ordenando que no se avance con el masterplan que contempla la venta del predio en que está Costa Salguero. El asunto estaba bajo la estratégica lupa de Daniel “Tano” Angelici. Por eso sorprendió más la cautelar que ata la venta al fin de la controversia judicial y le mete presión al resultado de las audiencias públicas. La Sala II la preside Fernando Juan Lima y la integran Mariana Díaz y Esteban Centanaro.

El angelicismo siente un mando natural por el expresidente Mauricio Macri que aun no ha sido suplantado. La estructura del expresidente de Boca es bien vista en cuestiones de efectividad, pero no está exenta de tironeos internos donde el líder del PRO (en su faceta “dura”) parece ser también un escollo. Cerca de Larreta miran con inquietud su actitud internamente dialoguista y componedora para mantener el delicado equilibrio entre todas las facciones de Juntos por el Cambio. Algunos creen que se acerca la hora de que dé un golpe sobre la mesa para que la tropa no se distraiga en sus propios asuntos de reparto de poder.

Todo ocurre mientras que del otro lado (el kirchnerismo) las aguas están convulsionadas. La lógica de negociación y el polo de poder en el ámbito porteño cambió de referentes. Eso ya lo percibieron desde el larretismo para todo lo que fueron las últimas negociaciones por la sanción de leyes los últimos meses de 2020. No fue casual ni azaroso el reconocimiento público que hizo Cristina de Kirchner al asesor presidencial Leandro Santoro. Ni que en esa saga, los “amarillos” hayan comprendido que la única terminal de poder válida y autorizada para acordar la política reposa en Máximo Kirchner. Eso dejó de lado en la interna al presidente del PJ porteño, el sindicalista y empresario Víctor Santamaría y también percutió en el otro hombre fuerte que tenía la Ciudad del lado peronista, Juan Manuel Olmos. Varios ataques de “fuego amigo” -sobre todo a nivel mediático dentro del mundo kirchnerista- fueron indicios de esa metamorfosis del poder, todavía en desarrollo.

Si bien la feria aplacó toda la actividad judicial sobre la superficie, se activó -tal como reveló Ámbito- la recta final para ocupar una serie de casilleros clave de magistrados. Con la publicación en el Boletín Oficial de los ternados por el Consejo de la Magistratura para juzgados estratégicos -incluyendo la sala revisora de la Autoridad de la Competencia- se arribará a febrero con el cumplimiento del período de rigor para adhesiones e impugnaciones justo cuando menos atención pública podrían tener. De esta forma se podrá despejar rápido la lapicera de Fernández para escoger candidatos a ocupar cámara en el fuero Civil y Comercial Federal en la Cámara Federal, en la Cámara Penal Económico, en la Cámara Comercial y en la Laboral también. Y hasta a quienes acompañarían eventualmente a Pablo Bertuzzi en el Tribunal Oral Federal de La Plata, donde se elevaron las ternas para ocupar todas las vacantes y prolijamente se recortó la que correspondería al hoy camarista en Comodoro Py, para darle la idea de que le hicieron un lugar para que vuelva.

Pero entre las señales que dio el Ejecutivo, el viernes, a través del Mensaje N°3 de 2021, se amplió el temario de sesiones extraordinarias para el Congreso. Si bien la marca se la llevó el hecho de que se ponga como tema discutir la “Emergencia Sanitaria y el Calendario Electoral 2021” (que todos interpretan como una posible suspensión de las PASO), el punto cuarto del mensaje fue “Implementación del Código Procesal Penal Federal”. Al estar hecha la convocatoria, el asunto se vuelve más importante por lo abierto de su solución parlamentaria que tiene al sistema acusatorio como central y a la necesidad de avanzar con el tema como uno de los leit motiv presidenciales.

Sin embargo los nubarrones no se alejan: esta semana la Cámara Nacional Electoral exhortó al Ministerio de Salud a que incluya en el cronograma de vacunación preferencial a todo el personal que estará afectado a los comicios de este año. Según los cálculos de la autoridad electoral impacta en casi medio millón de personas. Para la CNE es imprescindible vacunarlos para que la elección se pueda realizar. A los 2700 agentes de las justicia nacional electoral habría que vacunarlos no después de marzo; a los 20.000 delegados (algunos docentes), antes de julio; al Comando General Electoral (90.000) –que incluyen a personal de fuerzas armadas y de seguridad- antes de julio; a los 35.000 del Correo para el mismo mes; mientas que a los 100 de Casa de la Moneda, un mes antes, en junio. El trazo grueso son las 300.000 personas que serán autoridades de mesa, a las que se puede sumar un número indeterminado de fiscales partidarios. Eso lleva a que para la justicia electoral, para asegurar que se puedan desarrollar las legislativas, debería haber un lote de 2700 vacunas en menos de dos meses y 445.000 en un lapso no mayor a 6 meses.