10 de marzo 2022 - 18:05

Ciudad vs. Nación: la Corte dio un mes más de negociación o habrá fallo

Larreta y "Wado" mantuvieron posiciones pero coincidieron en actitud "de diálogo". Mesa bilateral con informes al tribunal. Reflexión sobre necesidad de nueva ley y completar autonomía porteña. Si no hay acuerdo, se define la cautelar.

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Treinta días hábiles de gracia para un último intento. Ese es el plazo que fijó la Corte Suprema para que Nación y Ciudad informen semanalmente el avance de sus negociaciones bilaterales, luego de que tras más de dos horas y media de audiencia privada, las posiciones de ambas jurisdicciones se mantuvieran irreductibles. El eje del conflicto es la demanda por la quita de coparticipación que el Poder Ejecutivo dispuso a fines de 2020 por considerar excesivo e injustificado el aumento de puntos coparticipables que otorgó la administración de Mauricio Macri cuando transfirió las comisarias a la órbita porteña. Si tras ese lapso no se registran avances, la Corte tomará la decisión final y tratará el pedido de cautelar exigido por Ciudad.

Tal como había adelantado Ámbito el martes, mientras los ojos estuvieran puestos en lo que sucedía en el Congreso por el acuerdo con el FMI, en el Palacio de Tribunales se iba a llevar a cabo una audiencia clave presidida por los cuatro miembros de la Corte para la que estaban convocados el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta –demandante- y Eduardo “Wado” de Pedro, ministro del Interior y responsable político dentro del Gobierno de Alberto Fernández respecto a la relación con otras jurisdicciones. Sin actuar como mediadora porque la atraviesa un expediente judicial –primero contra el decreto que dispuso la detracción de fondos y luego contra la ley que validó el Congreso en ese sentido-, la Corte diseñó un escenario institucional para que hubiese una última instancia de diálogo directa para acercar posiciones. No hubo cambios pero sí espacio para dos reflexiones sobre el final expresadas por el máximo Tribunal: la necesidad imperiosa de una nueva ley de Coparticipación Federal y terminar de concretar el estatus autonómico de CABA.

Puntualmente a las 11, Rodríguez Larreta ingresó por Talcahuano 550 con el equipo que ya había asistido a las reuniones técnicas previas: el jefe de Gabinete Felipe Miguel, el subsecretario de Finanzas Abel Fernández Semhan, el ministro de Justicia y Seguridad Marcelo D´Alessandro y el Procurador General Gabriel Astarloa. Enfrente, De Pedro junto a Silvina Batakis (exministra de Economía PBA y actual Secretaria de Provincias, el subprocurador del Tesoro Horacio Diez y dos directores de Economía. En el medio, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti con un expediente “originario” que es una brasa, no solo por la cantidad de dinero en discusión, sino también porque se plantea con incidencia electoral de cara a 2023 para el ganador.

Sentados y divididos en cuatro hileras de bancos largos, Rosatti les informó que se trataba de una audiencia de conciliación y sus particularidades. No debían relatar el expediente porque ellos ya las habían estudiado. Les dio un tiempo para que se ordenaran en sus equipos y expusieran por 15 minutos. El clima fue de formalidad pero bueno, a la vez. Habló Larreta, Astarloa y Semhan. Luego, hablaron “Wado”, Batakis y Diez. Larreta dijo que “existía vocación de diálogo y consenso” de su parte. De Pedro dijo que Nación “también estaba dispuesta a dialogar”. Discurrieron cuestiones técnicas y comenzaron las preguntas de los ministros y tras un breve cuarto intermedio, se les comunicó que la decisión de la Corte era que continuaran las negociaciones por 30 días hábiles adicionales, con monitoreo del tribunal.

La conformación de una mesa de trabajo que tiene un mes por delante fue la única conclusión del encuentro. Desde Nación afirmaron que la discusión está centrada en la ausencia de datos sobre costos del traspaso de la policía a la órbita porteña, con informes presupuestarios concretos. Y le cuestionan haber judicializado el tema y no participar de las tratativas por el traspaso. De Pedro exhibió sus propios datos para contrastar el costo de los recursos transferidos versus el supuestamente excesivo porcentual duplicado que otorgó Macri. Sumado a que en esa decisión no se especificó destino de la asignación, algo que debió ser subsanado en un segundo decreto que menciona el traspaso como argumento. La carencia de un informe técnico que sustente esas cifras y haber esquivado al Congreso (por decreto) completan el cuadro por el cual el Gobierno retrajo parte de ese porcentaje.

Para la Ciudad es inadmisible la decisión oficial e insistieron en que constitucionalmente no se les podría reducir la masa coparticipable generando un perjuicio calculado a hoy en más de $100 mil millones.

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