Clave para Kirchner: diluir oposición UCR en el Congreso

La Justicia ya se coló en la pelea radical. En las intervenciones que analiza el juez Ariel Lijo no sólo está en juego la interna entre los radicales R y K, sino también el armado de listas para diputados y senadores en las provincias.

La intención del gobierno de desarmar al radicalismo como partido ya está dando sus frutos, inclusive en la Justicia. El desguace partidario que comenzó con la Concertación, a la que adhirieron muchos caciques radicales con mando territorial, podría llegar ahora a comprometer seriamente la formación de un bloque de la UCR en Diputados. En medio de las pujas legales por la intervención o no de algunos distritos como Río Negro, Corrientes y Santiago del Estero, aparece ahora otra realidad en el horizonte radical: cualquiera sea el resultado en los juzgados, los radicales -K y R- irán en esos distritos en listas separadas para cargos nacionales, lo que no sólo dividirá los votos, sino que propiciará la formación luego de un bloque kirchnerista radical en Diputados.

La ganancia para Néstor Kirchner no es menor: no sólo consagra la división de partidos que impulsó desde el primer día de su mandato presidencial, sino que, además, derrota al partido que más complicó a su gobierno con denuncias de corrupción. Una estrategia que está emparentada con la que aplica para permanecer en el Ejecutivo: cuidar ante todo que nadie pueda construir nada frente al oficialismo para las presidenciales.

Busca que en el Congreso, desde diciembre, tampoco la oposición pueda sostenerse ante el nuevo presidente/a.

Nadie olvida que el jujeño Gerardo Morales y el mendocino Ernesto Sanz protagonizaron un revivir del rol opositor de la UCR cuando desde el Senado impulsaron los debates más duros con Cristina Fernández en el recinto y luego, cuando la senadora dejó de participar en debates, se convirtieron en investigadores del oficialismo.

Así surgió el caso Greco, decenas de pedidos de informes sobre el caso Skanska y hasta una audiencia pública y dos demandas penales para demostrar que Guillermo Moreno violó el secreto estadístico en el INDEC.

Demasiada molestia para provenir de un partido que ni siquiera pudo presentar un candidato propio para la elección presidencial.

En agosto, todos los partidos tienen que armar las listas a diputados y senadores en las provincias. Mendoza ya no es un problema para la UCR: la Cámara ratificó la intervención partidaria y el gobernador Julio Cobos debió formar un partido propio para ir a elecciones.

El caso de Río Negro puede ser igual pero aún está sustanciándose una medida de no innovar que dictó el juez Ariel Lijo ante la apelación a la intervención radical que presentó Pablo Verani. Después de la feria judicial habrá resolución de la Cámara Federal.

En Santiago del Estero, Morales, como presidente del comité nacional, optó por pedir la desafiliación del gobernador Gerardo Zamora, y Corrientes está intervenida. La situación puede ser distinta, pero en todos esos casos, la UCR irá a elecciones para diputados, al menos, con listas divididas. Los radicales-K votarán por su lado y mermarán la recolección de votos hacia un bloque unificado en el Congreso. A esa realidad hay que sumar otra, doblemente complicada: en la provincia de Buenos Aires van tres listas: la que lleva a Jorge Sarghini como candidato a gobernador y como diputados a peronistas y aliados de Federico Storani; la que impulsa Ricardo Alfonsín, ambos con Lavagna como candidato, y la que arma Margarita Stolbizer, pero con Elisa Carrió a la cabeza.

Así no solo la Concertación complica, sino también la candidatura presidencial de Roberto Lavagna. Ayer Morales salió a ratificar que «la adhesión a Roberto Lavagna decidida durante la última convención nacional del partido es totalmente legítima». Morales atribuye cualquier duda sobre esa decisión de la convención a «una maniobra del gobierno de Kirchner», en la que incluye una «sospechosa» demora de la Justicia.

Impugnación

Lo cierto es que la convención de Avellaneda se realizó el 23 y el 24 de marzo pasado. El 28 de ese mes, Stolbizer presentó la impugnación a esa convención donde se optó por el apoyo a Lavagna. Pero el juzgado de Lijo está decidiendo recién ahora sobre la cuestión, justo cuando se están venciendo los plazos para la presentación de las listas.

La cuestión no es menor: Lijo debe determinar la validez de la convención que avaló el acompañamiento a Lavagna y el armado de la fórmula presidencial y sobre dos decisiones más que se tomaron allí: las intervenciones de la convención bonaerense y de la UCR de Río Negro.

Para Morales no existe peligro de que la Justicia tome una decisión distinta de la que falló para el caso de Mendoza. Para Stolbizer, la Justicia «va camino de dejar a Lavagna sin el sostén nacional de la UCR».

«Denunciamos una maniobra del gobierno para perjudicar a los únicos que podemos ganarle a Cristina. Los datos de sus propias encuestas nos dan en segundo lugar; por eso lo hacen», dijo Morales ayer. «Llama la atención que esta presentación que se realizó en marzo se esté resolviendo recién ahora, en agosto. ¿Por qué no tomaron indagatoria hace tres meses?». Lijo citó a declarar al presidente y al vice de la convención nacional, Adolfo Stubrin y Juan Manuel Moure.

El problema de la complicación judicial es que la UCR puede entrar en un torbellino similar al que vivió el peronismo en 2003, cuando ninguno de los candidatos pudo finalmente usar el sello del PJ. El problema es que el justicialismo como partido puede no existir legalmente sin generar demasiadas consecuencias. En el radicalismo, el armado nacional partidario es hoy el principal activo tangible que pueden mostrar.