Entre Ríos - Con una Legislatura seccionada por las expulsiones y las presentaciones judiciales, recobró fuerza la posibilidad de adelantar las elecciones provinciales al 27 de abril -juntamente con las nacionales-, como salida elegante a la crisis que amenaza con cobrarse la cabeza del gobernador Sergio Montiel.
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Tras el encuentro que mantuvo el viernes con el presidente Eduardo Duhalde, el mandatario radical se mostró dispuesto a adoptar esa vía, que cuenta con la venia nacional.
Ayer, una fuente opositora reconoció que sectores del megabloque legislativo contrario a Montiel -algunos «a regañadientes», como el justicialismo del senador nacional y precandidato a gobernador Jorge Busti- habrían comenzado a ver esta opción como un escenario a considerar seriamente para salir del dilema institucional. Pero esta posición no es compartida por el radicalismo disidente, lo que auguraría una brecha en la Legislatura anti-Montiel.
El mecanismo, claro está, contemplaría el congelamiento del juicio político al mandatario. Las negociaciones en este sentido se intensificarían esta semana, mientras que el diálogo entre el ministro del Interior, Jorge Matzkin, y Montiel es «permanente».
Sin embargo, un conocedor de la Constitución entrerriana aseguró ayer que, si bien el oficialismo prevé elecciones para octubre de 2003, la Carta Magna estipula que los comicios deben ser el primer domingo de marzo o juntamente con los nacionales. «Montiel quiere instalar este tema como moneda de cambio, pero es todo un cuento», disparó.
Mientras tanto, ayer el congreso provincial de la UCR expulsó del partido a los radicales disidentes Julio Rodríguez Signes (presidente de la Cámara de Diputados), Hernán Burna, Adolfo Lafourcade y Ana D'Angelo. Además reclamará al Tribunal Electoral la restitución de 6 bancas de aliancistas disidentes (entre ellas las de los 4 radicales sancionados ayer).
«Estábamos con pulmotor y ahora respiramos solos», dijo, en tanto, un montielista ayer, respecto al fallo judicial que ordenó este fin de semana a la Legislatura dar marcha atrás con la expulsión de ocho diputados montielistas.
Sin embargo, la oposición legislativa no reconoce la sentencia (ayer hizo una presentación en este sentido ante el Superior Tribunal de Justicia local). «Hasta que esto no se resuelva el Tribunal Electoral no certificará los nombramientos de los suplentes», leyó a su favor ayer un allegado a Montiel. El dato no es menor, ya que cuando asuman -si asumen- los nuevos legisladores quedaría conformada una nueva cámara baja con las voluntades necesarias como para enjuiciar al mandatario.
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