Comentarios políticos de este fin de semana

Néstor Kirchner y Jorge Bergoglio

GRONDONA, MARIANO.
«La Nación».

El ensayista comparó ayer dos procesos electorales. El de Brasil, donde se resolverá la continuidad o no de Lula da Silva, y el de Misiones, donde se resolverá si habrá o no reelección indefinida del gobernador Carlos Rovira.

El paralelismo es forzado. Para que no lo sea, Grondona debe postular algo que no está demostrado todavía y que, en cambio, parece dudoso con los pocos datos que hay a la vista. Esto es, que Kirchner quiere instalar la reelección indefinida para la Presidencia, a partir de un triunfo de esa cláusula en el caso misionero.

Sin embargo, el gobierno por ahora no parece encaminarse hacia la reelección indefinida, sino hacia una reforma constitucional con otro resultado: la eliminación de la reelección para restablecer el mandato de 6 años, originario. Este diario ya publicó, la semana pasada, los detalles de ese plan, que Alberto Fernández ya mandó sondear a través de encuestas de opinión. El plan supone postular a Cristina Kirchner en 2007 y a Néstor Kirchner, nuevamente, en 2011. Suena a mucho, todavía hay demasiadas incógnitas por despejar (la candidatura de Cristina, por ejemplo) pero éste es el programa oficial. Por ahora. Supone, claro, una ironía: si la oposición se niega, quedará defendiendo la reelección (el régimen actual) mientras el gobierno se abraza a la Constitución del 53.

Donde sí la nota de Grondona crece es en la comparación con Brasil en términos de organización del sistema de partidos. Mientras allá se insinúa un bipartidismo cada vez más firme, en la Argentina emerge una sola fuerza, el kirchnerismo, que amaga con quedarse con todo. Los países que funcionan tienden a tener fuerzas alternativas, no constituyen liderazgos caudillescos y fijan una agenda de consenso que le da largo plazo a la sociedad y asegura, por lo tanto, inversiones de igual longitud temporal. Grondona llama a esas democracias «normales». La nuestra, según su nota, se estaría apartando lenta y peligrosamente de ese patrón.

VAN DER KOOY, EDUARDO.
«Clarín».

Como los demás columnistas del domingo, dedica su entrega a glosar la pelea entre la Iglesia y el gobierno. No agrega información a lo que se supo durante la semana pasada, pero intenta ahondar en la personalidad de Néstor Kirchner y Jorge Bergoglio. Este es un hombre de exterior suave pero interior fuerte que cree, como los demás obispos, que la institucionalidad del país debe preservarse, por caso, poniendo freno a reelecciones indefinidas. Frente al caso Rovira, informa Van der Kooy que los gobernadores de Tucumán y de Jujuy «acordaron» con sus obispos reformas con sólo un mandato más de gobierno.

Kirchner parece pedir autocríticas a una Iglesia que dice Bergoglio ya las hizo: éste suma como reproche que hay una mano del gobierno que alentó el libro de Horacio Verbitsky en el cual se intenta mezclarlo al cardenal en la historia negra de los 70.

Como ocurre con Wainfeld («Página/12»), quizás por abrevar en las mismas fuentes (informativas, se entiende), este columnista repite el argumento sobre la contraola que generó la reapertura de los juicios a ex militares por delitos aberrantes. Le agrega un tono de crítica poco usual en el monopolio «Clarín» cuando califica la actitud con que Kirchner encara esa revisión de «intolerante» y acompañando los hechos con «exacerbación y discordia».

WAINFELD, MARIO.
«Página/12».

Este columnista desarrolla con claridad la doctrina oficial del gobierno respecto de la actuación de la Iglesia en los actuales conflictos. Textualmente dice Wainfeld: «La Iglesia es la punta de lanza contra variados avances sociales y políticos en los que el gobierno ha participado en proporciones variadas». Este axioma lo glosa el columnista a propósito de la no aparición del testigo Julio López, que declaró en la causa Etchecolatz. Esa glosa anota las amenazas a jueces, fiscales y activistas de organizaciones defensoras de los derechos humanos en la misma columna de los « dinosaurios confesos» -que es como designa a los participantes del acto por los militares caídos en Plaza de Mayo- y también los reproches de la oposición a las responsabilidades del gobierno en la protección de los testigos en peligro.

El razonamiento lo corona este columnista con una ironía: quienes decían que era gratuito reabrir los juicios por delitos aberrantes observan ahora que eso sí tenía costo, a ver por esas reacciones jurásicas. Lo que no termina de demostrar es si esas respuestas tienen entidad política o si son otra construcción del oficialismo de un adversario con quien polemizar con ventaja. A eso lleva la columna, que saca conclusiones falaces de argumentos acertados, el principal de ellos «¿quién no estaría a favor del castigo de los culpables de crímenes?», quizá como muestra del desconcierto con que el gobierno enfrenta esta nueva crisis que lo pone a la retaguardia de los hechos.