Comienza la batalla sobre el domicilio del candidato

Jorge Sarghini

En reserva, dos equipos de abogados diseñaron el «corpus» legal con que el gobierno «defenderá» jurídicamente la aventura electoral que ayer, desde Mar del Plata, se formalizó al lanzar a Daniel Scioli como el candidato a gobernador bonaerense de la Casa Rosada.

Cuando el 8 de setiembre -cuando vence el plazo para anotar listas- la postulación del vicepresidente se inscriba en la Justicia electoral, estallará una pulseada referida a si Scioli tiene los papeles «en orden» para competir en octubre por la gobernación.

Cada trinchera prepara su arsenal. El oficialismo bosquejó sus argumentos: Joaquín Da Rocha, seguro ministro de Justicia en un eventual gobierno sciolista, trabajó en paralelo con dos expertos en los recovecos de la Justicia electoral: Jorge Landau y Ulises Giménez.

En esas dos usinas, entre las que pivoteó Carlos «Cuto» Moreno, se estructuraron los fundamentos para «defender» la legalidad de la postulación de Scioli.

Enfrente, la oposición aparece diversificada: algunos, como la UCR y el lavagnismo, preparan una embestida judicial para tratar de «voltear» a Scioli; otros, como Recrear y PRO, se muestran más proclives a elegir la impugnación política, pero no jurídica.

Hasta ahora, el forcejeo político tuvo varios capítulos. Pero, en principio, el tironeo jurídico no prosperó porque sin inscripción formal de la postulación, la Junta Electoral se excusó de intervenir por considerar que cualquier planteo sería abstracto.

Es más: meses atrás, el Partido Autonomista impugnó la postulación del vice, pero el tribunal resolvió rechazar la presentación por interpretar que ésta era «extemporánea». Antes, por otra vía, la UCR también ensayó un bloqueo preventivo.

La pulseada jurídica gira en torno al artículo 121 de la Constitución bonaerense que, según repiquetean en la UCR, establece como requisito para ser candidato a gobernador «poseer cinco años de domicilio en la provincia con ejercicio de ciudadanía ininterrumpida».

Los estrategas K exponen sus propios elementos: se tientan con empardar la categoría de ciudadanía con el de nacionalidad y, al mismo tiempo, plantean que si Scioli no pudo ejercer sus «derechos» ciudadanos en la provincia fue por razones de «fuerza mayor».

Años suficientes

Aportan otro argumento: sostienen que el 121 no establece que el ejercicio de la ciudadana será «inmediato» a ser candidato, por lo que, como Scioli nació en Villa Crespo en 1957 y tuvo domicilio en provincia hasta 1975, suma años suficientes de «ciudadanía bonaerense».

Suman dos datos: por un lado, reflejan un episodio poco conocido que «forzó» a la familia Scioli a mudar su domicilio de San Justo a Capital Federal; por el otro, que no pudo votar porque por esos años, segunda mitad de los 70, gobernaba la Junta Militar. Ampara este argumento una ley de la era Menem que exime del ejercicio de la ciudadanía a quienes estuvieran exiliados.

Presunción

Todo el debate aparece, sin embargo, cruzado por un condimento más poderoso: la oposición presume que la Junta Electoral, integrada por cinco miembros, entre ellos, el presidente de la Corte, difícilmente fallaríacontra la postulación de un candidato oficial.

Así y todo, desde el lavagnismo, Jorge Sarghini prepara una acción contra la Scioli en paralelo con la UCR. Recrear, según confió Pablo Tonelli, prefiere la impugnación política, pero no tiene previsto ir a la Justicia. Una postura similar podría tomar PRO.

En este caso, aparece un factor adicional: el macrismo avanzó en un pacto con Francisco de Narváez, a quien también se le cuestiona que cumpla los requisitos para ser candidato en lo referido a ser argentino (de nacimiento) o hijo de argentinos. El empresario no lo es.

Como su socio está también en suspenso, Jorge Macri -candidato de PRO- se maneja con cautela respecto de una posible impugnación a Scioli, aunque en su momento respaldó la presentación de la UCR contra la por entonces «virtual» candidatura del vice.