Comienza la puja salarial porteña: gremios piden 25%

En medio del conflicto con los empleados municipales, la intervención de la obra social, los despidos y la batalla en la Justicia, ayer, las oficinas del Gobierno de Mauricio Macri les abrieron las puertas nuevamente a los sindicalistas. Fue apenas una aproximación, en la cual los representantes del Ministerio de Hacienda que conduce Néstor Grindetti se mantuvieron firmes con «no dar marcha atrás» en cuanto a los desplazados de la administración, que un fallo judicial obliga a reincorporar.

Por eso los caciques de Sutecba -Alejandro Amor, Enrique Pistoletti y Genaro Trovato- dejaron fluir una agenda de trabajo. En principio obedecerán el acta-acuerdo por la cual se impone una revisión de la situación de los 18 mil contratos de empleo público que restan y después un censo del plantel permanente de la Ciudad.

Pero para el final acordaron una cita para el miércoles próximo en la que incluirán los aumentos salariales.

Los sindicalistas ya hablan de 25% de incremento en los haberes de todos los empleados, aunque una parte, que son médicos y maestros, querrán acordar por su cuenta, o previamente con el gremiola suma a peticionar. Como base, la Ciudad ya paga un alto porcentaje de su Presupuesto en salarios, pero para las cuentas de este año se hizo una reserva, que no llega, claro, a 25% que reclaman ahora el sindicato de empleados.

Los gremialistas esperaban el resultado de la reunión de la CGT, ayer con Cristina de Kirchner.

Del encuentro, para una próxima reunión, participó el encargado de relaciones con los gremios del Gobierno porteño, José Ohrnialian.

Cuarto intermedio

Amor explicó que el sindicato ( Sutecba) pidió «el cumplimiento del acta y fijamos nuestro pedido de aumento salarial, aunque pasamos a un cuarto intermedio para ver qué resuelve la CGT en su encuentro con la presidente Cristina de Kirchner».

Pero el gremialista advirtió que el Gobierno porteño «no ha cumplido con el acta, hubo cesantías con posterioridad al acuerdo, traslado de delegados y de personal en disponibilidad. Hay una medida judicial que la deben cumplir», dijo Amor, quien denunció que habrían sido desplazados diez delegados gremiales.

«Se aceptó el pedido del gremio para iniciar la negociación salarial», admitieron desde el macrismo.

Por otra parte, continuó ayer la embestida del gobierno macrista contra el sindicato, en la obra social municipal, donde Macri designó un interventor, Jorge Rey, pero el directorio de la prestadora, que conduce el gremialista Patricio Datarmini, elude. Es que el último fallo de la jueza Elena Liberatori ordenó que no se desplace a la conducción original, pero que se deje al interventor hacer informes en procura de la desregulación de la entidad para que los afiliados puedan optar por otra obra social.

Rey ya emitió dos resoluciones. Una impone que no se efectúen pagos sin que pasen por su escritorio y otra para monitorear el funcionamiento del sanatorio donde se atienden los afiliados.

Como respuesta a esos avances, los sindicalistas formularon otra denuncia en el expediente judicial, que a su vez el Gobierno porteño ha apelado, además de pedir la recusación de la magistrada.