El juez federal Claudio Bonadio comenzó a tomar las indagatorias en la causa en la que se investiga la venta de dólares a futuro por debajo del precio de mercado.
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La primera declaración indagatoria fue la de una ex directora del Banco Central, según informó minutouno.com. En la ronda está citada la expresidente Cristina de Kirchner para el 13 de abril próximo.
Al leer las imputaciones, el juez sostuvo que la maniobra "no pudo concretarse sin contar con la decisión expresa de las máximas autoridades del Ministerio de Economía y del Poder Ejecutivo Nacional".
La acusación formal es que la operatoria investigada "excedía la capacidad de decisión burocrática de sus directivos y no pudo concretarse sin contar con la decisión expresa de las máximas autoridades del Ministerio de Economía y del Poder Ejecutivo, ya que esta operación financiera carecía de toda razonabilidad económica para los fines del BCRA, en su función de banca rectora de los mercados monetarios y cambiarios".
Además de Cristina, está citado el ex ministro de Economía Axel Kicillof. Los dos están acusados de "formar parte de un grupo de funcionarios que de manera sistemática, concertada y organizada llevaron a cabo diversas acciones de carácter políticas y técnico/administrativas y cuyas características se describirán más adelante, en violación directa de las competencias y atribuciones de sus cargos".
Para Bonadío, con esta maniobra se produjeron "cuantiosas pérdidas" para el Estado. También están citados el ex titular del BCRA Alejandro Vanoli y ex directores de esa entidad.
La ronda comenzó con Flavia Matilde Marrodan, ex directora del Central y actual gerente principal en colaboración con la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiaria.
La funcionaria está representada por el estudio de abogados del ex procurador Esteban Righi. Fuentes judiciales confirmaron que la imputada presentó un escrito y se negó a responder preguntas.
Al realizar la acusación, Bonadio sostuvo que la venta de dólar a futuro es un accionar "irregular, ilegal e ilegitimo", con el objetivo "de mantener forzadamente bajo el valor de la moneda estadounidense en el mercado marginal de compra/venta durante la gestión del gobierno, que finalizó el 9 de diciembre de 2015, a sabiendas de que los vencimientos de los contratos operarían durante la siguiente administración que debía asumir el 10 de diciembre de 2015 y a despecho de los evidentes perjuicios que estas operaciones provocarían a futuro".
La imputación que se corresponde con los hechos descriptos por el juez es administración fraudulenta por abuso de confianza. Tiene un máximo de 6 años de prisión.
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