El PRO convirtió finalmente en un proyecto de ley el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por Mauricio Macri para "proteger" la libertad de prensa en la Ciudad de Buenos Aires y logró dictamen tras acordar el apoyo de Proyecto Sur y la Coalición Cívica.
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En la Comisión de Asuntos Constitucionales el PRO aceptó una serie de modificaciones propuestas por ambos bloques, a fin de conseguir las firmas necesarias para emitir dictamen de mayoría para el proyecto que intentará convertir en ley el 30 de mayo próximo en el recinto.
De esta forma, se creará en la Ciudad un fuero especial para que la Justicia porteña dirima sobre cuestiones de "libertad de prensa y de expresión" -las que en un principio quedarán a cargo del Tribunal Superior de Justicia- y que le serviría al Grupo Clarín si el Gobierno dispusiera su intervención, una posibilidad que fue desmentida de plano por funcionarios nacionales.
El PRO decidió consensuar un proyecto de ley debido a las dificultades que había tenido para ratificar DNU en la Legislatura porteña, un trámite que requería la aprobación por mayoría absoluta, es decir 31 votos, número al que el macrismo -que cuenta con 26 legisladores propios y tres aliados- no pudo llegar.
El proyecto indica que la Ciudad "tiene, en forma exclusiva y excluyente, jurisdicción y competencia en toda materia relativa" a libertad de expresión y prensa, para lo cual se establecerá una ley especial para determinar el fuero competente, ya que "en ningún caso será competente la jurisdicción federal para entender en la aplicación del régimen".
"Nosotros dijimos que no íbamos a aprobar un DNU cuando las condiciones no estaban dadas. Discrepamos con la prepotencia de llevarse por delante a la Legislatura", afirmó a NA el diputado de Proyecto Sur Julio Raffo, quien defendió el consenso al que llegaron con el PRO para darle dictamen a la iniciativa.
El DNU que había emitido Macri fue suspendido parcialmente por el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario Osvaldo Otheguy, tras una solicitud presentada por los legisladores porteños de Nuevo Encuentro: se trata del primer párrafo del artículo 14 y el segundo del artículo 16, pero el contenido de esos apartados tributarios fue incluido de todas formas en el dictamen que la Legislatura tratará el jueves.
El artículo 14 del decreto se refería a la imposibilidad de que la libertad de prensa y expresión se vea perjudicada por la imposición de aranceles o impuestos a la importación de papel para medios gráficos, y el 16 señalaba que las deudas que periodistas o medios tengan con organismos públicos sólo podrán ser ejecutadas judicialmente "contra activos que no resulten imprescindibles para el ejercicio de la actividad".
Al respecto, el jefe del bloque de la Coalición Cívica, Fernando Sánchez, explicó que "la materia tributaria está prohibida de ser afectada a través de un DNU, debe hacerse mediante una ley".
Entre sus puntos principales, el proyecto reconoce la facultad del Estado nacional para dictar normas en materia de radiodifusión en el caso de medios que ocupen el espacio radioeléctrico, aunque también deja abierta la posibilidad de impedir esa regulación.
"Corresponde a la Ciudad la jurisdicción de todas las materias relativas a los medios y servicios de difusión orales, gráficos, electrónicos o de cualquier otro tipo, de los medios de comunicación en ella domiciliados (...), con excepción de aquellos que ocupen espacio radioeléctrico los que estarán regulados por la ley federal correspondiente, en la medida que dicha regulación no afecte las libertades de imprenta, prensa y expresión de los habitantes de la Ciudad ni de las personas físicas en ella domiciliadas", indica el texto.
El proyecto establece además que "los bienes y activos, materiales o inmateriales" de periodistas o medios de comunicación que se encuentren en territorio porteño "no estarán sujetos a aquellas leyes o actos administrativos dictados por otras jurisdicciones que coarten, restrinjan o limiten (...) la libre expresión, circulación, acceso o elección de información, opiniones o ideas".
"Los inmuebles, registros marcarios, licencias de comunicación audiovisual, instalaciones, equipos (...) con domicilio en la Ciudad o que se encuentren en ella instalados, estarán protegidos inclusive frente a expropiaciones por motivos de interés o utilidad pública, decomisos, confiscaciones, embargos, secuestros y ejecuciones administrativas", agrega el texto.
Y sostiene que "no se podrá intervenir, desapoderar, despojar, reasignar, transferir ni ofertar pública o privadamente, sin la aprobación voluntaria y expresa de sus propietarios, ningún medio de comunicación ni ningún inmueble, instalación, registro marcario ni licencia de comunicación audiovisual".
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