Conciliación en puja moyanista en Quilmes

Política

Los recolectores de residuos de la empresa TUQSA de Quilmes levantaron el paro de actividades, que ayer cumplía su segundo día consecutivo, al aceptar la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo bonaerense.

La medida de fuerza, que comenzó el lunes en rechazo a la municipalización del servicio y que amenazaba con extenderse a otras actividades del transporte de no alcanzarse un acuerdo, fue suspendida por los trabajadores luego de una reunión entre el intendente de Quilmes, Sergio Villordo, y los sindicalistas en la que se les notificó la conciliación por 15 días.

• Continuidad

«Durante estas dos semanas el intendente va a trabajar junto al gremio para evitar la municipalización y el despido de 250 trabajadores», dijo a «Télam» el dirigente Pablo Moyano. El hijo del cosecretario general de la CGT, Hugo Moyano, destacó que «debe continuarse con el proceso de licitación y derogarse la ordenanza que dispuso la municipalización del servicio de recolección de residuos».

Hasta el momento de la conciliación, el Sindicato de Camioneros mantenía la medida de fuerza, y a más de 200 empleados de TUQSA (Transportes Unidos Quilmes SA) y una veintena de camiones estacionados frente a la sede del municipio quilmeño, ubicado en la calle Alberti al 500, al sur del Gran Buenos Aires. Por la tarde, el sindicato fue notificado de la conciliación obligatoria y tras reunirse en asamblea, los trabajadores decidieron levantar el paro y comenzar a desarrollar sus tareas a partir del turno previsto para las 20.

El lunes,
Moyano había ratificado el «paro por tiempo indeterminado» de los recolectores de residuos de Quilmes, tras no haber obtenido ninguna respuesta favorable de parte de los concejales, quienes a última hora del jueves votaron la ordenanza para la municipalización.

• Desacuerdo

Según Moyano, el intendente justicialista Villordo no está de acuerdo con que el servicio de recolección de residuos pase a ser administrado por el municipio porque existe «inviabilidad económica», y por eso espera que los concejales deroguen la ordenanza.

Los trabajadores y el gremio exigen la renovación del contrato con la empresa privada para mantener los puestos de empleo.

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