Concordia: aseguran que hay pruebas que vinculan a policías con los saqueos
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En tanto, Germán Dri, uno de los once integrantes del cuerpo de fiscales que encabeza Costa, dijo a Télam que se está realizando "una investigación profunda" que abarca desde la participación de quienes realizaron saqueos e ingresaron en diferentes comercios hasta si hubo conexión entre los grupos de saqueadores con la policía, como así también al grupo de efectivos que ingresó en la jefatura departamental de la fuerza durante la huelga.
Al respecto señaló que "venimos avanzando bien en la calificación de la información" y que ya "hay vinculaciones concluidas e imputaciones realizadas".
El primero de los casos de los policías donde se encontró objetos sustraídos durante los saqueos corresponde a la madre de un sargento cuyo apellido es Valdez.
Dri también detalló sobre los allanamientos que en algunos casos fueron a partir de denuncias de comerciantes y que en otros fueron dispuestos en el momento que ocurrieron los hechos y se iniciaron de oficio las causas.
En tanto, en la provincia de Tucumán, a raíz de una investigación del Ministerio Público Fiscal se realizaron setenta detenciones y más de cien allanamientos, en los que se ha recuperado cerca de 1900 elementos robados.
En esta provincia, hay ocho policías detenidos acusados de sedición, ya que la justicia local entiende que los uniformados, algunos de ellos cesanteados por protestas y acuartelamientos realizados en 2012, se levantaron en armas contra el gobierno provincial y dejaron a la ciudadanía en estado de indefensión.
La justicia aún se encuentra peritando teléfonos celulares y computadoras de los detenidos y de sus familiares, a la espera de encontrar una conexión entre la medida policial y los saqueos.
En caso que no se comprueben los vínculos entre los uniformados y los saqueos, no descartan mantener la acusación ya que entienden que los referentes del alzamiento tenían plena conciencia que al dejar las calles liberadas iban a suceder los hechos delitos que se desataron en la ciudad y que dejaron un saldo de 6 muertos y más de 250 comercios atacados.
En este sentido, la percepción popular de las responsabilidades de los acuartelamientos policiales, se encuentra en sintonía con los avances de la investigaciones judiciales.
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