Ni la necesidad del recorte ni la imposición del «déficit cero», sirvieron para frenar las ambiciones en el Congreso el año pasado. Casi ajenos a la realidad social y económica que estaba por estallar en el país, durante todo 2001 diputados y senadores presentaron cada dos días un proyecto de ley proponiendo aumentos en el gasto público nacional. Desde el inicio de las sesiones hasta el cierre oficial, hay 189 días hábiles y en ese período fueron presentadas 94 propuestas para crear nuevos organismos estatales (22), incrementar las partidas presupuestarias vigentes (8), crear universidades públicas (3), expropiar (2), realizar obras públicas (8) y, finalmente, entregar subsidios, regímenes especiales, fondos, planes y programas oficiales (51). Así, surge de un estudio realizado por Fundación Atlas denominado Burocratómetro en el que se destacan las iniciativas parlamentarias referidas al gasto público en cuyo articulado se menciona expresamente que para su financiamiento se recurrirá a nuevos fondos del presupuesto nacional, por lo que su sanción aumentaría inmediatamente el gasto. «Destacamos también la existencia de otros proyectos de ley que no promueven el gasto, pero que se oponen a su reducción o que trasladan sus costos a sectores específicos», indicó en diálogo con Ambito Financiero,Gabriel Salvia, director de la fundación. Específicamente, hay tres tipos de «gasto encubierto». El primero es el que crea burocracia reasignando partidas presupuestarias vigentes, los que declaran la intangibilidad de cierto dispendio y los que trasladan el gasto de su financiamiento a una actividad o sector. «No consideramos las iniciativas que promueven la creación de nuevos juzgados y algunas iniciativas de gasto social por considerar en esos casos que hacen a la función estatal», explicó Salvia.
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En definitiva, el Burocratómetro mide cuánto más podría subir la carga tributaria para los contribuyentes.
Se destaca del estudio que varios diputados y senadores que en ese momento ejercían sus funciones presentaron más de dos proyectos en el año que para funcionar necesitaban fondos. No se discute cuál es el nivel de importancia de varias propuestas, pero lo cierto es que algunas sorprenden. Este es el caso de la iniciativa presentada por el diputado Mario Cafiero (ex PJ-Buenos Aires y ahora ARI) que oportunamente él mismo denominó FOSA. La FOSA (que no se refiere exclusivamente al presupuesto), es un Fondo Solidario contra la Antiusura, que de acuerdo con su artículo 1°, no deberá ser inferior a los 20 millones de pesos anuales. Hay que recordar que el gasto el año pasado se medía en paridad «un peso, un dólar».
• Propuesta
También Felipe Sapag (Movimiento Popular Neuquino) forma parte de esta lista. Es que propuso la creación de un Fondo de Fomento Artesanal, que de acuerdo con su artículo 10, pide como capital de giro 7 millones de pesos a asignar de Rentas Generales. Uno de los proyectos más caros es el de Jorge Rivas (diputado ARI-Buenos Aires), que ideó un «Régimen para crear el Sistema Nacional de Apoyo a los Procesos de Regionalización y Microrregionalización», por el cual, según su artículo 15°, cada año la Jefatura de Gabinete debería asignar entre 0,15% y 0,25% del PBI nacional (sería aproximadamente 600 millones de pesos anuales cuando regía la paridad con el dólar). Entre la creación de nuevos organismos estatales, se lleva el primer puesto la Organización Nacional para el Voluntariado, de Javier Meneghini (senador Alianza-Santiago del Estero).
Obviamente, no faltaron quienes propusieron universidades públicas. En total, se pidió la creación de tres nuevas universidades, una en Junín y dos en la provincia de Buenos Aires.
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