La Unidad de Información Financiera (UIF) que pasaría a ser controlada por Horacio Verbitsky, a través de Julio Postiglioni, su candidato a suceder a la actual presidenta Alicia López que termina mandato a fin de año, es el organismo que maneja mayor cantidad de información financiera sobre los argentinos. Esa unidad, que depende del Ministerio de Justicia, está encargada de investigar -por denuncia de cada entidad financiera- operaciones sospechadas de lavado de dinero. Hasta ahora, para requerir información confidencial y continuar con la investigación, debe recurrir a la Justicia para que habilite el levantamiento del secreto bancario y bursátil -no fiscal-. Pero una vez que se sancione en el Senado, la nueva ley que otorga más poder a la UIF podrá pedir información a bancos, AFJP, casas de cambio y hasta casinos, sin necesitar autorización judicial. El actual poder de la unidad financiera se verá así multiplicado, por lo que accederá a datos que, en algunos casos, ni la SIDE podrá conseguir. La UIF funciona con once miembros. Seis de ellos son funcionarios públicos elegidos por concurso interno de cada organismo estatal que los nomina (cuyo mandato vence a fin de año) y cinco especialistas por concurso público por oposición de antecedentes.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
El objetivo de esta institución, que fue creada en 2000 y funciona en el ámbito del Ministerio de Justicia, es recibir información e investigar cualquier operación financiera que sea sospechosa de lavado de dinero (incluyendo narcotráfico, terrorismo, dinero en negro en paraísos fiscales, etc.).
La presidenta actual de esta institución es Alicia López, nombrada en concurso interno por el BCRA. El vicepresidente es Carlos Enrique, del Banco Río, designado por concurso público de oposición y antecedentes. Los otros directores son Marcelo Saín (que ahora dejó vacante su puesto para hacerse cargo de la Policía Aeronáutica), Alberto Rabinstein (elegido por concurso interno de la Comisión Nacional de Valores) y María José Meincke (concurso público).
• Notificación
Tanto la CNV como el BCRA deben notificar a la UIF cuando toman conocimiento de una operación sospechosa o que simplemente supera ciertos límites. Esto significa que todas las transacciones que se realizan en bancos, compañías financieras o sociedades de Bolsa (desde constitución de plazos fijos, compra de acciones, bonos, préstamos, etc.) quedan bajo la supervisión de este organismo. El control se extendió en el último año a escribanos y contadores, que deben informar mensualmente a la UIF sobre cualquier transacción que supere los $ 200.000 (equivalente a unos 65.000 dólares), típicamente el caso de la compraventa de inmuebles. A partir de los $ 500.000 debe no sólo notificarse la operación, sino acompañar esto con documentación que acredite la licitud de los fondos. Por supuesto, en este circuito también la Administración Federal de Ingresos Públicos cumple un rol central en el reporte de casos de evasión impositiva.
La UIF debe trabajar de manera estrecha con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), destinado a perseguir a organizaciones que «lavan» dinero en distintos mercados en el mundo. En esta caracterización se incluyen distinto tipos de delitos: ingreso de dinero mantenido en paraísos fiscales que no tributaron durante años, operaciones ligadas al narcotráfico y, ya más recientemente, los movimientos de fondos ligados al terrorismo internacional, probablemente hoy el punto de mayor interés para los Estados Unidos. De hecho, el presidente del BCRA, Martín Redrado, en su último viaje a Washington para participar de la reunión anual del FMI y el Banco Mundial, tuvo varios encuentros con miembros de la Secretaría de Estado norteamericana. El tema principal y casi excluyente transcurrió por los pasos que está dando el Central para fortalecer la detección de casos de lavado, particularmente vinculados a operaciones terroristas.
La Argentina es considerada un país de «alta cooperación» en la materia. Esta unidad se creó dentro del marco de la Ley 25.246 de Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo, sancionada en mayo de 2000. En el marco de dicha ley, se estructuró un régimen antilavado en torno a dos pilares: la creación de un órgano especializado para investigar la práctica de operaciones de lavado de dinero (UIF) y la estructuración de una serie de procedimientos que deben observar determinados sectores o personas (sujetos obligados a reportar), con la finalidad de que se prevengan las maniobras de encubrimiento del origen ilícito de los recursos y faciliten, asimismo, el proceso de investigación. Según informa la propia UIF en su página de Internet, en total recibió 1.331 reportes de actividades sospechosas desde 2002 hasta hoy. No es un dato menor que el segundo trimestre de 2005 haya sido el de mayor acumulación de denuncias, con un total de 151. Del total de casos denunciados, el sector financiero y cambiario lleva la delantera con 835 casos, seguido por la AFIP, con 102.
Dejá tu comentario