17 de mayo 2022 - 22:40

Procuración del Tesoro fue a la Corte contra fallo que suspendió la quiebra del Correo

La Procuración del Tesoro recurrió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra la sentencia que decidió suspender el proceso de la quiebra del Correo de la familia Macri, al presentar un recurso extraordinario.

correo argentino.png

La Procuración del Tesoro recurrió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra la sentencia que decidió suspender el proceso de la quiebra del Correo de la familia Macri, al presentar un recurso extraordinario.

Días atrás, en fallo dividido, la Cámara Comercial suspendió el proceso hasta tanto la Corte defina si el Tribunal Superior de Justicia porteño debe tomar intervención en el caso, a pedir de SOCMA.

En un nuevo recurso ante la Corte, la Procuración planteó que el fallo de Cámara que decidió suspender el proceso “no tiene sustento jurídico” y causa un “gravamen irreparable”.

El organismo que preside Carlos Zannini planteó la “gravedad del daño” que provoca no sólo al Estado, sino al conjunto de los acreedores, a los que “somete a una nueva demora” en un proceso que lleva más de 20 años en la justicia y se posterga indefinidamente.

“Han dado un paso más en la postergación de la definición de este proceso que ya debería ser sin ninguna duda liquidatorio”, dice uno de los párrafos del recurso extraordinario ante la Corte.

El nuevo escrito va en línea con el pedido realizado por Zannini con el patrocinio de Horacio Diez de nulidad del fallo que suspendió el trámite de la quiebra del Correo Argentino. Apuntan a que se revoque esa decisión y se ordene seguir adelante con la causa.

En los escritos se ataca la sentencia del 4 de mayo pasado, a través de la cual la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial admitió un planteo de la accionista del Correo, "Socma Americana Sa" y suspendió el proceso hasta que la Corte Suprema resuelva si es constitucional que el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de Buenos Aires se expida como superior en la causa.

En agosto pasado, la Procuración General de la Nación, con la firma de Eduardo Casal rechazó la intervención de ese tribunal porteño como proponía la empresa SOCMA, que intenta que la justicia de la Ciudad aparte a la fiscal Gabriela Boquín del expediente.

Justamente, el intento de los Macri para que intervenga el TSJ porteño fue parte de la ofensiva para correr a la fiscal Boquin, quien en su momento reveló las maniobras del Correo para no pagar su deuda millonaria, y a la jueza Marta Cirulli que dispuso la quiebra.

El Correo, en especial su controlante Socma, confía en tener jueces aliados en los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires.

En 2001 comenzó el concurso de acreedores del Correo Argentino S.A., y en 2016 con Macri ya presidente, el Poder Ejecutivo aceptó una oferta para que se pagara en cuotas la deuda. La fiscal Boquín denunció que el acuerdo era “abusivo”, con una quita del 98,87 por ciento de la deuda, y que aceptarlo perjudicaba los intereses del Estado. El acuerdo no llegó a concretarse.

En marzo del 2021 la familia Macri había ofrecido pagar poco más de mil millones de pesos, pero la Procuración del Tesoro rechazó la oferta. En julio la jueza dictó la quiebra pero una apelación suspendió la misma a la espera de la resolución de la Sala B de la Cámara.

Tras la jubilación de María Lilia Gómez Alonso, el tribunal quedó integrado por las jueza Matilde Ballerini y María Guadalupe Vázquez. Luego se sorteó la tercera jueza para definir en el caso, María Elsa Uzal. Pero antes de resolver sobre la quiebra en sí, sostuvieron que la Corte debe definir otros planteos.

Los dueños de la firma sostienen que como las recusaciones a Boquín y a Cirulli se hicieron antes del decreto de quiebra, si se hiciera lugar al apartamiento solicitado todo lo actuado en consecuencia sería nulo. Los abogados de SOCMA también sumaron la recusación de María Guadalupe Vázquez.

La Procuración del Tesoro cuestionó nuevamente a las integrantes de la Cámara que paralizaron el proceso: “Olvidan las magistradas que deben arbitrar todos los medios para evitar una paralización del proceso a consecuencia de incidentes que terminan por desnaturalizar su finalidad e incurren en un claro caso de denegación de justicia, comprometiendo el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, receptada no sólo a nivel local, sino también a nivel internacional por diversas convenciones”.

Dejá tu comentario

Te puede interesar