Corte extiende feria judicial sin cambios para AMBA

La Corte Suprema de Justicia, siguiendo los lineamientos del Poder Ejecutivo, prorrogó ayer nuevamente la feria extraordinaria hasta el 10 de mayo próximo, en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto para mitigar la propagación del coronavirus. Mediante la acordada 13/2020, firmada por Carlos Rosenkrantz, Elena Higton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, se decidió extender el paréntesis en el funcionamiento de la Justicia y se designaron autoridades de feria para los asuntos impostergables. El responsable de la feria volverá a ser Rosenkrantz, secundado por Julio Navarro como secretario, y el horario de atención durante este receso extraordinario continuará de 9.30 a 13.30. Los ministros Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti no firmaron pero dieron su “conformidad” con los términos de la directiva.

Del mismo modo, los jueces del alto tribunal encomendaron a los distintos tribunales nacionales y federales que designen sus autoridades de feria, siguiendo el mecanismo que se establece en cada feria judicial ordinaria. También reiteraron “la necesidad de habilitación del trabajo desde los lugares de aislamiento, para que los magistrados, funcionarios y empleados que presten servicios de manera presencial en los tribunales y dependencias, puedan seguir realizando tareas de forma remota”. Por ello, no existen modificaciones en el área AMBA respecto a la actividad en tribunales, algo que venía siendo reclamado por los abogados pero que no encuentra sustento en el alto tránsito que podría haber en la zona. La Corte reiteró que los asuntos comprendidos en la feria siguen siendo los que no admitan demora, relacionadas con detenciones, violencia urbana y doméstica, delitos contra la salud pública (con los que se sanciona a quienes infrinjan dos artículos del Código Penal), delitos migratorios, interrupción de comunicaciones, aprovechamiento de calamidad, habeas corpus y delitos contra la seguridad pública, amparos de salud, entre otros.

Sin embargo, la novedad es que a partir de la flexibilización de la cuarentena en algunos distritos, la Corte delegó en las Cámaras Federales -por sus facultades de superintendencia- que dispongan modificaciones y sumen más actividades a las previstas originalmente. Esto incluirá desde mayor dotación de personal a la atención de otro tipo de procesos. Esa amplitud en la disposición será materia de discusión por la organización que requiere en el marco de un atrasado sistema informático que no ofrece las garantías que se requiere. Como no hay ninguna modificación para los tribunales en Capital Federal y en el Conurbano, hoy el Consejo de la Magistratura aspira a crear una comisión que avance en la planificación de una flexibilización de la cuarentena. Sobre todo pesa el reclamo de los abogados para reiniciar la actividad. Hay dos problemas: uno es el tránsito de personas pero otro es la cantidad de personas que están afectadas a grupo de riesgo por una cuestión de edad y por estar exceptuadas por tener a cargo menores en edad escolar, dos aristas que complican la planificación de personal.

La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires dispuso en domingo por la noche una prórroga del “asueto” que había dispuesto para los tribunales en el ámbito bonaerense. El diferencial es que reclama a los jueces atender en la medida de lo posible y de forma remota todo lo posible dentro de la agenda de los juzgados, no solo limitado a los asuntos de feria. Y ayer complementó un incremento de actividades por fases: más allá de la prórroga hasta el 10 de mayo de la Resolución N° 386/20, definió, entre otras adecuaciones, la reanudación de los plazos a partir del 29 de abril para el dictado por medios digitales de toda clase de resoluciones y sentencias y de su notificación electrónica en los fueros Civil y Comercial, de Familia, Laboral, Contencioso Administrativo y de Paz. A partir del 6 de mayo, estableció la reanudación de plazos únicamente para realizar presentaciones electrónicas y actos procesales, vía medios tecnológicos y siempre que no impliquen afluencia o traslado de personas a sedes judiciales.