9 de julio 2004 - 00:00

Crece Castells más con el aporte de empresas

Raúl Castells cometió ayer otro delito ante las cámaras: quemó una citación judicial en las puertas de la oficina en Capital del fiscal que investiga abusos en organizaciones piqueteras. Presuntos encargados de seguridad compitieron con la guardia policial.
Raúl Castells cometió ayer otro delito ante las cámaras: quemó una citación judicial en las puertas de la oficina en Capital del fiscal que investiga abusos en organizaciones piqueteras. Presuntos encargados de "seguridad" compitieron con la guardia policial.
Raúl Castells comandó ayer otro tenso raid por las calles porteñas en el que eslabonó un escrache al fiscal que investiga causas en su contra, con el avance sobre tres empresas privadas, y una protesta, diálogo mediante, frente al Ministerio de Trabajo de Carlos Tomada.

En la excursión, que alteró el tránsito durante varias horas, el cacique piquetero logró el compromiso de las firmas de entregarle alimentos para los comedores del MIJD y una reunión, para el lunes próximo, con Pedro Cámpora, mano derecha de Tomada en el ministerio.

Excepto en las oficinas de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (UFISeS), en el resto de las postas que recorrió la protesta, no hubo incidentes. Las empresas, por el contrario, temerosas, recibieron a Castells y accedieron a sus pedidos.

La mayoría, tras la experiencia Mc Donald's y Repsol YPF, estaba prevenida: antes, desde la Jefatura de la Policía Federal se notificó a directivos y a gerentes de distintas compañías que el piquetero los «visitaría» a lo largo de la mañana.

Luego de recorrer durante diez días varias provincias del interior, Castells arrancó temprano la movilización escoltado por sus seguidores del MIJD, unos 2.000 desocupados llegados desde el sur del conurbano.

• La primera parada fue el edificio donde funciona la UFISeS, en avenida Córdoba al 700. El objetivo: el fiscal Guillermo Marijuan, quien tiene en su poder (algunas iniciadas, otras en análisis) más de 40 denuncias contra el jefe piquetero. Castells lo acusó de formar parte de una maniobra del gobierno para perjudicarlo y como gesto de rebeldía quemó un oficio librado por Marijuan sobre una investigación a Castells. « Es un puntero político de (Néstor) Kirchner», dijo el cacique sobre Marijuan y apuntó contra el Presidente, a quien volvió a pronosticarle un fin similar al de Fernando de la Rúa, en referencia a la entrega anticipada del cargo. En esas oficinas, un grupo de policías, con cascos y escudos, protegió la entrada. Marijuan, como respuesta, rechazó las acusaciones y aseguró que recibió una nota de descargo del piquetero que, dijo, incorporó a la causa.

• Como estaba previsto, durante el recorrido hacia el Ministerio de Trabajo -el otro destino predefinido de la marcha-, la columna del MIJD hizo paradas en tres empresas para pedir alimentos. Ayer, fue el turno de dos bancos -Galicia y Citi-Bank-y el hotel Sheraton Libertador. En los tres casos,
Castells fue recibido por directivos de las compañías. «Se presentó, muy tranquilo, a plantearnos lo que necesitaba y nosotros decidimos incorporarlo a nuestro programa de responsabilidad social» comentó ayer Diego Videla, gerente de Asuntos Institucional del Galicia. La situación, sin estruendo, se repitió en la sede del CitiBank y en el Sheraton. La semana próxima, acordarán la entrega de leche en polvo para los comedores que administra el MIJD.

• A la sede de Trabajo, en tanto, el activista piquetero marchó para reclamar el aumento de los subsidios a $ 330 (el monto que se paga en San Luis, según explicó) y que se extienda el universo de beneficiarios a los adolescentes de 14 años en adelante. Actualmente, es para mayores de 18 años y que estén a cargo de una familia. Además, a pesar de que
Castells había desistido del diálogo convocado por Tomada -dejó directamente de participar en los encuentros-, logró una reunión, para el lunes próximo, con el asesor Cámpora.

• La última parada de la movilización, que estorbó durante varias horas el tránsito porteño, fue la sede de la Corporación de Rematadores, en donde, según denunciaron los militantes del MIJD, funciona una «
mafia» que « dejó, y quiere seguir haciéndolo, sin vivienda» a « miles de argentinos».

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