Crece más la reacción de la gente contra la mala política y su costo

Es porque se rebajaron sueldos y extendieron impuestos. Comienza a no verse más al Estado como un ingenuo gastador ajeno que no afectaba si había corrupción, lo saqueaban los sindicalistas y políticos destrozaban sus presupuestos con contratados y "ñoquis".

Raúl Alfonsín tiene en la Argentina un récord que comparte con no más de 20 políticos en la historia: ser un presidente que dejó caer a su país en la hiperinflación. Debió meditar sus errores de conducción, sus dones para la política. ¿Hubiera vuelto a gravitar en la vida norteamericana Richard Nixon tras su destitución por el Watergate? Alfonsín va camino hacia otro récord mundial y exclusivo: ser el político que, en un mismo país, con apenas 12 años de interregno, llevó a éste primero a la hiperinflación y luego al default. La enardecida defensa del PAMI y la ANSeS -naves insignias del exceso de gasto público- lo ponen en ese derrotero.

Aunque a los argentinos se los acusa, con razón, de que «nadie tiene la culpa de ser como son» (famosa frase de Paul O'Neill) en este grave caso Alfonsín son inocentes.

Nunca lo votaron de nuevo en comicios generales desde su hiperinflación de 1989. Tampoco tuvo manera de evitar que, montado sólo en los oscuros y temibles aparatos internos partidarios, siga gravitando en el atraso del país. Tanto que se escucha -demasiado comúnmente- que mientras estén Alfonsín, Leopoldo Moreau, «Fredi» Storani, Eduardo Duhalde, nunca el país podrá alcanzar el imprescindible déficit cero para su renacimiento.

Los poderosos aparatos internos de hombres los cultiva Alfonsín con una artesanía ajena a la libre voluntad de la sociedad. A las designaciones, altamente costosas en términos de presupuesto, de empleados públicos o contratados o «ñoquis» como mal se le acoplan las «listas sábana» que también impiden al ciudadano discriminar con libertad a quien considere indeseable porque va encolumnado y disimulado detrás del caudillo de cabecera en una boleta electoral. Y si tacha un nombre lo castigan al votante con la anulación de su derecho democrático a emitir sufragio.

De esta tenebrosa pinza, que transforma en mutilada la democracia en la Argentina en relación con la real voluntad del grupo social, obviamente Alfonsín no es, ni antes ni ahora, el único usufructuario aunque sea el paradigma y el «maestro» a seguir sus pasos.

En la política nuestra se usan y siembran maldades, inclusive para beneficiar a adversarios como sería el caso hoy de Eduardo Duhalde, no aceptado por la población en las urnas en 1999 y tan estatista y destrozador de presupuestos públicos -o más- que Alfonsín. Gracias a su propio y costoso «aparato bonaerense» montado a costa de la quiebra del banco y la administración provincial -los patacones, por caso, son sólo una de sus consecuencias más serias-, Duhalde volverá a ser candidato de voto casi ineludible por parte de los simpatizantes justicialistas en una provincia gravitante que es la mitad del padrón electoral nacional.

Su «aparato» partidario privado, el más caro del país, aunque pagado por el erario le aseguró esa candidatura prepotente para octubre próximo. Igual que a Alfonsín. Es comprensible que hoy, aunque adversarios para las urnas, se miren con simpatía y acuerden no atacarse por sus mutuas y similares desastrosas gestiones administrativas. «Es lógico que un gobernante haga cosas y otro las pague», le espetó Duhalde a su desesperado sucesor y creador del Patacón. Para la gente, que hoy tanto se queja de los políticos, lo peor es que ese sucesor, Carlos Ruckauf, se queja de que no fuera al revés, lo que demuestra la misma idiosincrasia.

Pueden surgir otros candidatos. ¡Cómo no, es la democracia! pero ¿quién dispone o acumula fondos adecuados para enfrentar al típico aparato político partidario de un caudillo pagado mes a mes con millones de dólares en forma de «punteros», «correligionarios», «compañeros», «activistas», «manzaneras», «ñoquis», «queso rayado» (arriba de los «ñoquis») etc. Nadie.

La única excepción serían los sindicalistas que también armaron su comodato nacional para extraerle fondos en apariencia legales al Estado, pero en ellos ese dinero sirve menos. No más de enriquecerlos con sus familiares y anquilosarlos en la conducción de sus gremios. Porque jamás los votará la gente, no los quieren y, entonces, tienen que volcar sus aparatos de activistas remunerados -también desde el Estado vía las obras sociales- y escabullirse en política detrás de los políticos disimulándose en las listas sábana. El aparato de activistas profesionales también lo ponen, según las circunstancias, al servicio de actos políticos ajenos o propios sin otro costo exigible que resguardar las leyes, normas y tradiciones (por caso jamás enviarles la DGI) en que sustentan sus privilegios.

Ni siquiera en las internas partidarias (políticas o gremiales), de donde extraen sus candidaturas prepotentes e ineludibles, hay libre elección.

Leopoldo Moreau y «Fredi» Storani, radicales, lograron desplazar a quien sería su rival en una «interna», Melchor Posse, de la titularidad de la ANSeS, el organismo público de las prestaciones sociales, y lo llenaron tanto de designaciones de partidarios que se impusieron, lógicamente, en la «interna» y ganaron así sus candidaturas, ineludibles, para el próximo 14 de octubre. Un Fredi Storani, por ejemplo, no imagina que sería electo por la sociedad sin el accionar de su «aparato» que lo imponga como candidato de prepotencia e intachable dentro de una lista y tras el escudo partidario en una boleta. De hecho cuando no podían usarse las propias estructuras o actuaban todas simultáneamente en el radicalismo, por caso al elegir al candidato a presidente de la Nación en 1995, elección que terminaría perdiendo frente a Carlos Menem, «Fredi» no pudo superar el escollo y lo derrotó un hombre del interior, sin aparato, salvo el pequeño provincial el rionegrino Horacio Massaccesi.

Pero fuera de esas exposiciones riesgosas tan abiertas, si la «interna» se circunscribe a la provincia de Buenos Aires, «Fredi» unido a Moreau, de similar poca atracción popular, pero gran manipulador de empleos públicos, para asegurar sus candidaturas se tornan incontenibles.

Por supuesto, también les «tirarán» algo (de costo siempre a cargo del Estado) a sus vencidos en cada «interna» y, desde ya, respetarán los alambrados del caudillo mayor tipo Alfonsín.

Si estos males son tan lamentables como viejos en la política argentina, ¿qué ha pasado ahora en que salen con inusitada fuerza a la luz? Se habla en todas partes de «reducir el costo de la política» (léase no designen más empleados públicos para sus fines de supervivencia en cargos y reduzcan éstos). Se habla de un «plebiscito» nacional, que ya lo hizo Córdoba, para reducir los cargos políticos, inclusive suprimiéndose cámaras legislativas enteras. A hombres como Alfonsín, Duhalde, Moreau, Storani, Polak (ex interventor alfonsinista en el PAMI) se los agrupa, más allá de sus distintos partidos como «el quinteto tango» por el encarecimiento en contratados y «ñoquis» sobre los exhaustos presupuestos del Estado.

Una encuestadora seria, Graciela Rommer ubica hoy a los políticos con menos de 5,5% de imagen positiva en 100 por ciento de la sociedad. Otra encuesta, Nueva Mayoría, los ubica más abajo aún: los acepta 4% de los argentinos.

Rommer agregó otro dato de encuesta: 54 a 56 por ciento de los ciudadanos quiere «candidatos independientes, sin experiencia en política, que se presenten por afuera de los partidos tradicionales». Cabe pensar ¿cómo hacen frente a los espurios aparatos partidarios y sindicales?

Lo que sucede ahora, lo realmente nuevo, es que la demagogia tradicional de los políticos a cargo oneroso del Estado para mantenerse en sus puestos entró a sacrificar mucho a los que realmente trabajan. Les han bajado sueldos, les han aumentado las cargas impositivas, los intranquilizan en la estabilidad de sus empleos por agudizarles la recesión. A su vez las empresas han sido privadas de rentabilidad por tantos fondos que absorbe el Estado. Por lo tanto, también los privados tienen que bajar sueldos y están imposibilitados, en este esquema, de crear nuevas fuentes de trabajo, con lo cual aumenta el número de desocupados. Estos, entonces, también se vuelven en estos días contra los políticos dilapidadores de fondos públicos y demagógicos.

Es comprensible esta reacción que se extiende día a día. Se percibe en las denuncias de «ñoquis» que hacen trabajadores en las mismas reparticiones públicas (además, los jefes están obligados a hacerlo). Mientras no les tocaran sus haberes a los empleados que concurren había complicidad con los que robaban un haber sin trabajar. Era el «no te metás» también tradicional de los argentinos. Igual boomerang contra los políticos es la reacción de los empleados, por los pagos en bonos provinciales y se comprenden ahora desastres de gestión política pasada que parecían inocentes al ciudadano no vinculado al Estado.

De enorme importancia es el cerrojo condicionado que les han puesto a sus préstamos como nunca antes los organismos internacionales. Saben y hoy también los argentinos que sin déficit cero el país se derrumbará por décadas. Los empleados públicos conocen, aunque se disimule decirlo abiertamente, que si no se alcanza habrá que volver a rebajarles el sueldo. Las empresas saben que no pueden pagar más impuestos. Los comerciantes, los profesionales, conocen que si el Estado no se limita a gastar lo que recauda no habrá reactivación tampoco para ellos.

Toda esta reacción -en conjunto inédita en la Argentina y es comprensible porque es también inédita la gravedad de la crisis y la duración de más de tres años de la recesión- es lo que tiene asustados a los políticos. Ven que se acerca otra era impuesta por la madurez de la gente a partir de este estallido.

Planteada la alternativa del letal default o cambiar los últimos 70 años de la Argentina, en cuanto a la forma de hacer política y enriquecer sindicalistas a costa de los ciudadanos, la presión de éstos se siente sobre los vividores del erario. Se comprende hoy más, vía reducción de sueldos públicos y privados, que lo que sucede al Estado y como lo saquearon no es para nada ajeno a los ciudadanos y su particular bienestar. Antes los padecimientos del Estado parecían ajenos, como de un ente extranjero.

Se ve despuntando un cambio como a comienzos de los '90 se vislumbraba el final del Estado-empresario (mal empresario), realizando con sus deficitarias empresas tareas que correspondían a la actividad privada. Lo que llegaba, inexorablemente entonces, eran las privatizaciones y sólo faltaba el político que izara esas banderas. Hoy se vislumbra esa reducción del gasto de la política que incluye también el lujo sindical. La peculiaridad en este caso es que sus afectados directos -precisamente los políticos- pelean y pueden poner trabas serias porque un cambio de tal magnitud va contra ellos y necesitan leyes que está en sus manos sancionar. No será fácil.

Es bueno que esté ya avanzado el debate, que no sigamos postergando algo que hace años debió encararse cuando podía encaminarse con menos apremios y desde mejor posición. Pero viene igual, implantamos el cambio o nos derrumbamos como país. Es la circunstancia novedosa, el fin de una época.

Son irreemplazables los partidos políticos como tales en una democracia y los sindicatos en la defensa del trabajo. Pero con democracia interna y sin sacrificar el gasto público porque es sacrificar a todos los ciudadanos.