Cristina, ¿con una asociación ilícita?

En el día de hoy, la presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, se reunirá con los miembros de una asociación ilícita, según el «relato» de su «madre», Hebe de Bonafini, quien presentó ante la Justicia una denuncia en tal sentido contra Eduardo Buzzi y Alfredo de Angeli (Federación Agraria Argentina), Luciano Miguens ( Sociedad Rural), Mario Llambías (Confederaciones Rurales Argentinas) y Fernando Cont. en pág. 8 Gioino (Coninagro).

Semejante exabrupto por parte de la titular de la ONG Madres de Plaza de Mayo contra la dirigencia rural no sorprende demasiado. Lo insólito es que un fiscal federal se haya tomado en serio la denuncia de quien hace poco se sumó al coro que pide el reconocimiento como fuerza beligerante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y ahora exige que se les retire la personería jurídica a las entidades gremiales del campo por «atentar contra la Constitución Nacional».

Esta denuncia -con pedido de prisión- sumó un elemento de grotesco a un clima político signado por la intemperancia y el extremismo verbal de los más altos funcionarios del gobierno.

En su presentación ante la Justicia, Bonafini, que no cree que el de la ESMA «vaya a ser un museo verdadero» porque «ahí no van a estar los fusiles FAL» de sus hijos, acusó a los dirigentes rurales de actuar como «grupos inmorales», «articulados celularmente», que utilizan «perversos métodos terroristas», por lo que pidió se los condene a 15 años de prisión.

La referente del movimiento de derechos humanos que ha reivindicado tanto a la ETA como a las FARC, es decir a dos organizaciones clandestinas que ejercen la violencia contra regímenes constitucionales, acusa ahora a las organizaciones gremiales del agro argentino de realizar «acciones tendientes a desestabilizar al gobierno nacional».

La misma Bonafini que llamó «terrorista» al Estado español y afirmó que los miembros de la ETA estaban «presos por pensar», que dijo estar «con los compañeros de las FARC, con Chávez y con nuestro presidente que fue a Colombia» a rescatar rehenes; la misma que, en defensa del líder piquetero Luis D'Elía, llamó a «romper todas las comisarías», acusa a los dirigentes agropecuarios de integrar una banda para cometer delitos tales como « intimidación pública, atentado contra el orden público, infracción a la ley de defensa de la democracia, delitos contra la libertad de trabajo y violación a la ley tributaria».

Bonafini, que el pasado mes de enero acusó al presidente constitucional de Colombia, Álvaro Uribe, de ser «un hipócrita, un falso, una m.., un hijo de p.», sale hoy en defensa del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, supuestamente amenazado por una protesta social. La misma persona que alguna vez sostuvo que «esta democracia representativa no sirve» parece creerla hoy en peligro, pues sostiene que «la intención de estos delincuentes (sic), mal llamados dirigentes ruralistas, es producir un sentimiento golpista y fomentar la anarquía y la confrontación».

Todo esto podría no ser más que el producto de una mente afiebrada, de no ser por la habilitación moral que le hicieron el ex presidente Néstor Kirchner y su esposa cuando se proclamaron «hijos de las Madres de Plaza de Mayo».