Cristina Fernández de Kirchner comenzará a debatir hoy en la Comisión de Asuntos Constitucionales el proyecto oficial de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. Esa iniciativa, que el gobierno envió al Congreso después que otro de los fallos de la Corte Suprema lo obligara a garantizar los derechos de quienes viven en esa área contaminada, tiene como base la creación de una autoridad de cuenca que tendrá poder sobre el río y dependerá exclusivamente del gobierno, salvo por un informe anual sobre su accionar que deberá presentar al Congreso.
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Un plenario de comisiones, que incluye Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Hacienda y Ambiente y Desarrollo Sustentable, apurará mañana la firma del dictamen y, de cumplirse, en una semana podría llegar el proyecto al recinto.
El proyecto crea la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo como «ente de derecho público interjurisdiccional en el ámbito de la Secretaría de Ambiente» que depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Esa autoridad tendrá competencia sobre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 14 partidos de la provincia de Buenos Aires.
Ese cuerpo estará compuesto por ocho integrantes y encabezada por la secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti.
Los otros siete miembros serán nominados: tres por el Poder Ejecutivo Nacional, dos por la provincia de Buenos Aires y dos por la Ciudad de Buenos Aires, lo que garantiza al gobierno pleno control del programa de saneamiento del Riachuelo. El nuevo organismo tendrá facultades de regulación, control y fomento sobre «cualquier actividad con incidencia ambiental en la cuenca, pudiendo intervenir administrativamente en materia de prevención, saneamiento, recomposición y utilización racional de los recursos naturales».
Esa autoridad arrancará, además, con poderes especiales, como «llevar a cabo cualquier tipo de acto jurídico o procedimiento administrativo necesario para ejecutar el Plan de Gestión Ambiental y de Manejo de la Cuenca Hídrica Matanza-Riachuelo».
Así, la definición de la autoridad de cuenca será el acto más complicado que debe debatir el Congreso. Por lo demás, el proyecto, como es lógico, no fija tiempos de ejecución, ni promesas de saneamiento con fecha precisa y menos aún la inversión que se destinará.
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