Bono electoral: imputan a Sica y a Buryaile

El fiscal federal Jorge Di Lello los acusó junto a otras siete personas de violar el Código Electoral. La causa arrancó por una investigación de este diario.

Dante Sica.

Dos exministros del equipo de Mauricio Macri fueron imputados judicialmente por el montaje del subsidio clandestino de $5.000 para desocupados en plena campaña electoral y puesto en marcha en todo el país a través de punteros de Juntos por el Cambio. La acusación del fiscal federal con competencia electoral Jorge Di Lello recayó sobre Dante Sica (Producción y Trabajo) y el actual diputado Ricardo Buryaile (Agroindustria) y otros siete exfuncionarios, candidatos y dirigentes por presunta violación del Código Electoral por presunto clientelismo y violación del a veda electoral.

El fiscal impulsó la acción penal y le requirió a la jueza María Servini tomarles declaración testimonial a dirigentes del Frente de Todos que alegaron haber sido perjudicados por la maniobra así como profundizar una denuncia paralela según la cual más de la mitad de los fiscales de Juntos por el Cambio en la provincia de Formosa cobraron el bono. La causa arrancó por una investigación exclusiva de este diario y antes del comicio motivó que la magistrada ordenase la suspensión del pago de parte de los 130 mil bonos contemplados en el plan que reveló Ámbito Financiero.

La imputación del fiscal alcanzó al exministro Sica, al exsecretario de Empleo Fernando Prémoli, al diputado Buryaile, al intendente de San Antonio de Areco, Francisco Ratto y a Juan María Cravero, excandidato a jefe comunal de Roque Pérez. Mientras que por la investigación basada en Formosa fueron acusados el delegado de la Agencia Territorial de la Secretaría de Trabajo de la Nación, Germán Villalba, la delegada del Ministerio de Desarrollo Social Irina Zárate, el delegado de Anses Diego Herrera, y el concejal Miguel Montoya.

El caso tomó forma de expediente judicial una vez que Di Lello abrió una investigación de oficio y que en paralelo, el apoderado del Frente de Todos Jorge Landau se presentara ante Servini para realizar una denuncia basada en las notas periodísticas. Y se sumó al legajo la denuncia del abogado Dardo Williams Caraballo, de Formosa, que partía de una comprobación propia de que más de la mitad de los fiscales electorales de Juntos por el Cambio habían sido inscriptos para percibir el bono.

La maniobra se montó sobre una resolución interna de Producción y Trabajo, la 1177, que llevó la firma de Prémoli y que echó mano de un programa preexistente en esa cartera para dotarlo, por primera vez en dos años, de un presupuesto que totalizó 650 millones de pesos para la distribución de 130 mil subsidios. La investigación de este diario expuso primero la normativa nunca publicada en el Boletín Oficial y cuyo acceso estaba restringido a funcionarios, y luego la proliferación de denuncias en varios distritos, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, acerca de que punteros del entonces oficialismo nacional ofrecían gestionar el bono para desocupados con una intencionalidad electoralista.

Además de instar a la acción penal el funcionario le propuso a Servini tomar declaración testimonial a los intendentes Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas) y Juan Carlos Gasparini (Roque Pérez) y al exjefe comunal de San Antonio de Areco, Francisco Durañona. Los tres habían dado cuenta, con mayor o menor grado de detalle, de maniobras en sus respectivos distritos por parte de dirigentes de Juntos por el Cambio, que aspiraban a ganarles la elección, para ofrecer el pago del subsidio a pesar de no contar con cargos ejecutivos ni estructuras formales para hacerlo.

También sugirió corroborar “quiénes hicieron de fiscales de la alianza Juntos por el Cambio del distrito Formosa en las elecciones PASO y quiénes en las elecciones generales, para luego compararlo con el listado de beneficiarios del subsidio en dicha provincia”. De paso solicitó notificar a los imputados de su condición. Hasta ahora Sica omitió referirse al caso y en las pocas oportunidades en las que fue abordado sobre esa temática sólo alegó que hizo uso de un programa de subsidios operativo, a pesar de que este diario pudo comprobar que permanecía inactivo desde 2018.

En paralelo con el avance de la causa judicial, durante semanas hubo largas colas de personas desempleadas frente a la sede del Ministerio de Producción y Trabajo nacional y delegaciones de esa cartera y de la Anses en varias provincias. En todos los casos se reclamaba la incorporación al plan de bonos, y a pesar de que para entonces el presupuesto asignado por la resolución 1177 ya había sido agotado en muchas de esas reparticiones hubo inscripciones que no tuvieron respuesta alguna.