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Interesa entonces lo de los 50 millones adicionales, ya que el gobierno quizá los justifique con un aumento que determinó en octubre, retroactivo a julio del año pasado. Pero ocurrió que nadie, hasta ahora, parece que cobró ese «salariazo» y, en consecuencia, lo de este año será un aporte complementario, seguramente a entregarse merced a los superpoderes. Lo que sería interesante es conocer el destino de esos 50 millones, no vaya a ser que ocurra lo mismo que en tiempos de Eduardo Duhalde, quien -como denunció el renunciante Gustavo Béliz, entre otros- derivó esos fondos para la campaña electoral que en su momento encumbró a Néstor Kirchner a la Casa Rosada. No sería gratificante saber que se repetirá el mismo esquema de financiamiento, ya que del anterior jamás hubo una explicación.
PAPELES DE SCIOLI, Y UN PICARO JUEZ
El juez Manuel Blanco, conocido como el «Negro-» Blanco se ha caracterizado por ser el intérprete judicial de Eduardo Duhalde. Aunque, en verdad, en su fuero opina lo mismo que le sugiere su colega María Servini de Cubría. Siempre, en otros episodios electorales, se pensaba que Duhalde tendría dificultades con Blanco y, al final, todo se resolvía bajo el paraguas que Duhalde propiciaba. La historia es larga. Ahora, Blanco se ha expedido sobre el domicilio de Daniel Scioli, a pedido de los radicales y, en apariencia, no libera totalmente la candidatura al vicepresidente. ¿Por qué? Precisó que Scioli no figura en los padrones bonaerenses, que se fue de la provincia en determinada fecha y que hace pocos días, apenas, instaló paradero en Benavídez (partido de Tigre), aunque nadie sabe que allí haya pasado una noche. Los radicales contentos, creen que ya pararon a Scioli y éste, amparado en el oficialismo, ya sabe que le admitieron domicilio en la provincia. En rigor, todo parece demasiado construido a la medida del pícaro juez: se ha pronunciado sobre Scioli candidato cuando éste todavía no se postuló, de modo que en su momento puede apartarse del caso por haber prejuzgado.
LA CASACION SI, LA CASACION NO
Se sabe que el gobierno bonaerense (con rechazo del duhaldismo) propicia eliminar el instituto de la casación en la provincia. Excusa: acelerar los trámites de la Justicia. Con ese argumento, los miembros de esa Cámara se podrán jubilar ya, con un importante incremento a sus ingresos y, además, ejercer la profesión sin problemas en el sector privado. A pesar de estas ventajas, la mayor parte de sus miembros se pronuncia en contra de esa decisión. Curioso encontrar jueces rechazando prebendas. Más curioso, sin embargo, es observar que en la Nación, la nueva Corte Suprema decidió prescindir de ciertas tareas y se las trasladó a la Casación como organismo imprescindible. No se entiende, entonces, por qué en la provincia se intenta proceder de un modo tan opuesto. Insólito si, además, se piensa que el León Carlos Arslanian no debió ser ajeno a impulsar la Casación en Buenos Aires y, ahora, bajo su reinado, Solá decide eliminarla.




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