De qué se habla
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Cristina
Kirchner y Graciela
Ocaña.
Con más voluntarismo que ciencia, Mauricio Macri sigue reclamando policía propia como si tenerla le hubiera permitido al gobierno nacional y a los otros 24 gobernadores del país sacarles a los argentinos la maldición de la inseguridad. Lee encuestas que reflejan el lógico pánico del público que mira cómo crece el crimen a medida de que debilitan las administraciones por el clima pre-electoral. Se deja también seducir por los expertos que hacen cola en sus oficinas de la calle Alsina para convencerlo de proyectos, sistemas, quizá compra de equipos, que lo ayudaría a dar una respuesta. Cerca de él no están todos convencidos y algunos le plantean cómo haría él mismo, o los funcionarios que piensa poner a cargo de la seguridad en la Capital, para manejarse con los 52 comisarios que hay en la Capital y con los superintendentes de la Metropolitana, con quienes se necesita experiencia, formación y también picardía política y de la otra. Por los nombres que circulan no le aguantarían un solo round a un comisario en una discusión sobre seguridad.
¿Cuánto le llevaría equipar una fuerza nueva? ¿Cuánto entrenarla? ¿Y cuánto pagarla en una ciudad con vecinos agobiados por impuestos que figuran entre los más altos del país?
Los críticos de esa decisión le recuerdan que para un gobernante como Macri, peleado además con el gobierno nacional -el primero desde que se elige el cargo de jefe de Gobierno-debería empezar pidiendo que la Nación dé más seguridad y que la provincia de Buenos Aires deje de albergar a los que van a delinquir a la Capital. Ni qué decir el problema que se compra Macri con su promesa de levantar cortes de calles y protestas que ocupen el espacio público cuando la Capital Federal es la sede de todas las protestas de la Argentina, promovidas la mayoría por piqueteros que alimenta el gobierno nacional y que arrancan en el conurbano de Buenos Aires. En cuando Nación y provincia vean que Macri asume responsabilidades policiales seguramente no van a disminuir sino a aumentar.
EE.UU., MAS SERIO EN TEMAS SERIOS
Todo político sabe que el final de su carrera lo pasará paseándose por los juzgados. «Es un trabajo en el que es fácil entrar pero muy difícil salir», suele mascullar Néstor Kirchner cuando le preguntan por qué no va por una reelección. Seguramente el fracaso, que ha acompañado a las administraciones del país durante décadas motive que toda evaluación de una gestión se haga en los Tribunales. El caso AMIA da un ejemplo, con ex juez Juan José Galeano y el ex ministro Carlos Corach investigados por la Justicia argentina por su fracaso en resolver el atentado, pero también reclamados por la Justicia de Irán por intentar hacerlo.
¿Qué hacen otros países ante estos hechos? Hace pocas horas se conoció el resumen de un informe secreto de la CIA sobre las responsabilidades del organismo en prever el atentado de la Torres Gemelas, que es el atentado terrorista con más víctimas desde la Segunda Guerra Mundial -hasta ese momento el más grande era el de la AMIA-. El dictamen echa la culpa al ex jefe del organismo George J. Tenet por no haber vigilado con eficacia los movimientos de los terroristas de Al-Qaeda y no haber podido impedir que los 19 responsables fueran detenidos antes. No se conoce el informe completo sino una síntesis por la naturaleza de su contenido, materia de la seguridad nacional, pero dice expresamente que ni Tenet (que renunció en 2004) ni sus colaboradores serán objeto de ningún castigo o sanción. El motivo: que castigar a los jefes de la agencia sería enviarles un mensaje negativo a los integrantes más jóvenes de la CIA sobre la necesidad de tomar riesgos. En el juicio AMIA el gobierno hizo declarar a agentes de inteligencia a los que se les quitó el deber del secreto de Estado; es imaginable cómo tomaron nota los espías sobre cómo debían desnudar su tarea ante los jueces y la prensa para cuando deban resolver un caso semejante.
No cabe decir que en los Estados Unidos se investigó mejor que en la Argentina, dado que allá tampoco se ha apresado o condenado a ninguno de los responsables ni ideólogos del atentado de las Torres Gemelas (apenas se está juzgando a un presunto integrante de Al-Qaeda a quien se acusa de estar vinculado con el secuestro de un quinto avión el 11 de setiembre). Las diferencias están en otro lado.



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