Decretos no se publicarán como leyes secretas

El oficialismo impuso anoche su número en la Cámara de Diputados y excluyó a los decretos presidenciales de la publicidad a la que quedarán sometidas a partir de ahora las leyes secretas. La nueva norma sancionada ayer también ordena la publicación de las 141 leyes secretas firmadas entre 1891 y 1983.

Aunque el lavagnismo (la UCR y el Justicialismo Nacional de Jorge Sarghini y Francisco De Narváez), el PRO, el ARI y el socialismo reclamaban que la publicidad se extendiera también a los decretos presidenciales, el Frente para la Victoria no cedió e impuso su número en el recinto. Alfredo Atanasof, del neokirchnerista Peronismo Federal, defendió en el recinto el proyecto del kirchnerismo por el cual se deroga el Decreto Ley 5315/ 56 y la ley secreta 18.302 del gobierno militar de Juan Carlos Onganía que permitieron, entre otros, «la utilización de fondos reservados con los que se pagaron los investigados sobresueldos de la década del 90».

Para el kirchnerista Juan Manuel Urtubey -presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja-la nueva ley «es un paso adelante porque genera más transparencia en la administración pública». El radicalismo, a través de Mario Negri, reclamó la creación de una comisión bicameral que analice en el plazo de 60 días si los decretos secretos deben permanecer en ese estatus. Su demanda, claro, no fue oída por el kirchnerismo. El arista Adrián Pérez ratificó la decisión de su bancada de no apoyar el proyecto del oficialismo argumentando que «le seguirá permitiendo al Poder Ejecutivo dictar decretos secretos para manejar fondos reservados».

Ahora el Ejecutivo deberá publicar en 60 días todas las leyes secretas en el Boletín Oficial, entre ellas la 18.302, que fue la justificación que María Julia Alsogaray y otros ex funcionarios usaron para explicar los sobresueldos de la década del 90. La nueva ley también prohíbe al Congreso el dictado de leyes secretas para el futuro y establece que los fondos reservados podrán ser usados sólo para inteligencia y seguridad del Estado, gastos que son controlados por una Comisión Bicameral fiscalizadora de los organismos de inteligencia. En su mayoría, las leyes secretas fueron decretosley dictados por gobiernos de facto, avalados por la Corte.