Derribar aviones: otro entuerto con EE.UU.

José Pampuro

El anuncio formal del gobierno de promover una ley que permita el «derribo» de los aviones clandestinos que violan el espacio aéreo argentino puede convertirse en otro entuerto del gobierno con Washington.

Aunque el gobierno sabe que Estados Unidos ha objetado o condicionado leyes similares en Alemania, Colombia, Brasil o Perú, Buenos Aires avanzará en una idea que tiene autoría duhaldista y que puede ser una ayuda argumental para el formidable negocio de la radarización, un asunto que conmueve desde hace años al área de Defensa más que la eventualidad de una guerra exterior.

Como el debate sobre la concesión de inmunidades a tropas o la adhesión a la Corte Penal Internacional, esta disidencia servirá seguramente para que el gobierno de Néstor Kirchner abulone más todavía su alineamiento con Washington según el clásico método de cerrar acuerdos provocando antes una gresca que parece insoluble.

La idea de reglamentar el derecho que tiene un país para proteger sus fronteras de una agresión militar no tiene reproche alguno. Sí lo tiene que un país, amparándose en una ley local, ataque aeronaves civiles con el objeto de impedir violaciones a la soberanía o de las leyes penales para combatir delitos como el contrabando.

Esos cuestionamientos los ha liderado de antiguo Estados Unidos, país que intenta -como en otros temas-tener la exclusividad en cierto tipo de intervención. Brega por libre comercio, pero mantiene férreo proteccionismo de áreas que cree vitales, como el subsidio al campo o la prohibición de exportar ciertos ingenios de la tecnología informática, como el encriptado de programas y mensajes.

• Desaliento

Así, permite en su territorio -y más desde los atentados del 11 de setiembre de 2001- el derribo de aviones intrusos, pero desalienta que los países tengan leyes que se lo permitan.
Estados Unidos esgrime dos razones para desalentar leyes como las que ahora quiere la Argentina:

1. Washington cree que si cunde la legislación que permite los derribos de aviones puede aumentar la peligrosidad en el espacio aéreo. Si un país derriba por error un avión civil -algo que ocurrió con un avión de Korean Airlines volteado por los rusos-¿cómo impedir que haya una venganza a ese país generando una cadena bélica justificada por el cumplimiento de una ley interna?

Equivale a impedir la violencia doméstica prohibiendo el uso de armas por el público.

Apenas se produjo el ataque a las Torres Gemelas, el gobierno de George W. Bush confió la responsabilidad de ordenar el derribo de un avión comercial sospechado de ser secuestrado por terroristas a sólo dos militares con rango de general. La medida les fue comunicada el 28 de setiembre de 2001 a las líneas comerciales a través de la autoridad aeronáutica (NORADComando de la Defensa Aeroespacial de los Estados Unidos).

Cuando se sancionaron las normas que culminan en la llamada Patriotic Act, esa facultad de derribo se incorporó a la legislación americana. Este año un país como Alemania ha discutido la sanción de una ley como la que quiere ahora la Argentina y ha debido negociar con Estados Unidos las condiciones de cómo se reglamentará.

2. Una segunda razón es comercial y busca impedir que las víctimas del derribo de un avión demanden a los fabricantes de las armas usadas en ese procedimiento. Como país dominante en la manufactura de armas de guerra, Estados Unidos teme ser blanco de demandas de familiares que reclamen, no ya ante los estados que ordenaron el derribo -que se justificarán en las leyes vigentessino ante los vendedores de misiles, radares y otros ingenios para la detección de vuelos clandestinos.

Este debate lo ha tenido Washington con varios países, como Perú. Ocurrió hace dos años y medio, cuando una avioneta que conducía un misionero estadounidense fue volteada sobre la selva peruana y murieron todos sus ocupantes.

¿Cómo le llegó esta idea al gobierno argentino? Fue otra ocurrencia de Eduardo Duhalde, que se enteró de que Brasil había puesto en vigencia en octubre pasado una ley de derribo de aviones. En la charla que mantuvo con Néstor Kirchner en ese mes, el ex presidente le sugirió que debía avanzarse en una ley parecida «para no quedarse» atrás. No tuvo respuesta del Presidente.

A finales de ese mes, ya escuderos principales de Duhalde en el Congreso, como Mabel Müller (Senado) y Daniel Basile (Diputados), hablaban en comisiones de que debería estudiarse una ley para autorizar ese mecanismo de prevención del delito.

No extrañó por eso que José Pampuro -otro hombre que cohabita entre Duhalde y Kirchner-lanzase el proyecto que es complementario, y quizás la cobertura, del demorado plan de radarización de las fronteras. Tendrá que tomar nota el gobierno de que ya Lula da Silva debió negociar con los Estados Unidos la puesta en marcha de la nueva ley. Tan delicada es la situación que en mayo pasado el vocero del Departamento de Estado condicionó programas de ayuda de EE.UU. al Brasil a que se llegase a un acuerdo: «Informamos a las autoridades brasileñas que por motivo de responsabilidad el gobierno de Washington debería suspender la asistencia relevante al Brasil para combatir el narcotráfico si el país implementase el programa de derribo de aviones sin satisfacer requisitos legales de los EE.UU.», dijo Richard Boucher.

Las condiciones que pide ese país son alguna forma de excusación a la hora de trasladar las responsabilidades a terceros países fabricantes de misiles, radares o de satélites que distribuyen la información sobre los movimientos en el espacio aéreo.