Despideron a más de 200 agentes en el Senado

El Senado giró los telegramas de cesantía laboral de 185 empleados transitorios y de 31 contratados, cuyos vínculos habían vencido el pasado 10 de diciembre, pero que merced al 'padrinazgo' de algunos senadores o políticos habían conseguido la continuidad en el trabajo.

Esto provocó el reclamo del gremio de empleados legislativos que reclamaron en la puerta del despecho de Maqueda, mientras en un salón contiguo la comisión de Reforma culminaba el trabajo que inició hace dos meses y que mañana será presentado a la presidencia.

En ese trabajo se establece la reducción del número de comisiones, la realización de un censo de personal y la definición de un techo de 3.000 pesos para los sueldos de senadores y de empleados jerárquicos de la Cámara alta. Además, se fijará un mecanismo para que las reuniones de comisión sean abiertas, para reducir en aproximadamente un 30 por ciento los pasajes otorgados a los senadores y para que los mismos sólo puedan ser cobrados por aquellos que viven a más de 200 kilómetros del Congreso.

También se propondrá la desafectación de los automotores y la cesión de los mismos a organismos públicos que presten servicios de seguridad, asistencia social o salud, la venta de algunos de los inmuebles del Senado y la facilitación del acceso público a las páginas web de la Cámara.

A las 14 propuestas se llegó tras el acuerdo de seis de los siete integrantes de la comisión: los peronistas María Perceval (Mendoza), Jorge Alperovich (Tucumán) y Nélida Martín (San Juan); los radicales Gerrado Morales (Jujuy) y Miriam Curletti (Chaco); y el representante de los partidos provinciales, Pablo Walter (Fuerza Republicana).

El pampeano Carlos Verna (PJ) no asistió a ninguna de las reuniones, mientras que Maqueda y el vicepresidente del cuerpo, Marcelo López Arias (PJ-Salta) recibieron ayer y hoy a los miembros de la comisión. Sobre las comisiones, se ideó un reordenamiento para reducir su número de 47 a 24 y para que dejen de funcionar en despachos cerrados y con la prohibición del ingreso para el público y para la prensa, además de proponer que lo que resuelvan sea publicado.

Se fijará un régimen de asistencias a reuniones de comisión y sesiones ordinarias para senadores, que incluirá la definición de un máximo de faltas a reuniones de comisión y un esquema de sanciones económicas por faltas a reuniones de comisión y sesiones ordinarias. También se decidió definir un tope de 3.000 pesos para los sueldos de bolsillo de los senadores, aunque aún se debate el criterio a adoptar respecto de los salarios del personal que por su categoría supera ese techo, como secretarios, prosecretarios o directores, que perciben de 3.000 a 5.000 pesos por mes.

Con respecto a los pasajes aéreos, se eliminarían las chequeras con tramos impersonales que mensualmente les llegan a los senadores, las que serían sustituidas por una cantidad menor de pasajes (20 por ciento menos) a nombre de los senadores, sólo por aquellos que acrediten domicilio a más de 300 kilómetros del Congreso.

El censo previsto, por otra parte, abarcará tanto al personal transitorio como al permanente y "se incluirá la capacitación de cada agente con el fin de reordenar y racionalizar las competencias e identificar a aquellos que no desarrollan funciones". La planilla para este censo ya fue confeccionada y se efectivizará su realización en el próximo cobro de haberes del personal contra el retiro del recibo. El objetivo de los senadores es reducir a la mitad la actual planta de 2.700 empleados, comprendidos los 1.800 de planta permanente y los 900 de planta transitoria.

El informe puntualiza que el Senado, además del Palacio y el Anexo de la ex Caja de Ahorro, cuenta con otros trece edificios, varios de ellos en pésimas condiciones de mantenimiento y que serían puestos en venta o reasignados a otras dependencias del Estado. Además, se sigue estudiando la redefinición de funciones de organismos como la imprenta y la Biblioteca del Congreso a la Biblioteca Nacional, y la reformulación del organigrama administrativo.

También se solicitará una auditoría externa para la obra social del personal legislativo (DAS). El informe fue presentado por los legisladores a sus respectivos bloques, y generó bastante resistencia entre algunos de los senadores con bastante antigüedad en la Cámara, como Eduardo Menem (PJ-La Rioja) y Mario Losada (UCR-Misiones).

Una vez presentado a la Presidencia de la Cámara, el proyecto será girado a la comisión de Asuntos Constitucionales, donde se emitirá un dictamen sobre algunos puntos, como la reforma del reglamento para el funcionamiento de las comisiones.