Diez provincias aceleran ya reformas en su Constitución

El 2001 ya se consolida como un año de serios cambios en la política argentina y ya son varios los gobiernos provinciales que, dentro de este marco, están llevando adelante procesos de renovación que incluyen reformas de sus respectivas Constituciones. Mendoza, Neuquén y San Juan son las que dieron en las últimas horas un fuerte impulso a las reformas de sus Cartas Magnas, pero este proceso también incluye a Entre Ríos, Tucumán, Buenos Aires, Córdoba, Jujuy, Salta y Santa Fe.

En Mendoza, la Cámara de Senadores provincial ya dio media sanción a los 34 artículos basados en una iniciativa de dirigentes radicales, demócratas y justicialistas, que ahora se encuentra bajo el análisis de la Cámara de Diputados.

La aprobación final se espera para los próximos días, cuando la Comisión de Derechos Institucionales de la Cámara baja mendocina finalice el análisis de la reforma que establece las bases para discutir la necesidad de reformar la Carta Magna aprobada en 1916.

El proyecto, que fue enviado por el gobernador Roberto Iglesias en agosto del año pasado, incluye entre otros puntos la limitación a una sola reelección para los cargos de gobernador, intendentes y legisladores y una reforma judicial. En caso de aprobarse, se realizará una consulta popular junto con los comicios legislativos de octubre para sondear el acuerdo o desacuerdo con la reforma.

En Neuquén, en tanto, el Poder Ejecutivo provincial liderado por Jorge Sobisch impulsa un proyecto de reforma constitucional con la intención de «reflejar cabalmente la evolución social y jurídica de las instituciones».

Se proponen reformulaciones para intensificar la protección del medio ambiente, se incluye una cláusula de salvaguarda del orden democrático y se propone un nuevo mecanismo para la selección y evaluación de los magistrados y funcionarios judiciales, así como para su remoción y sanción.

Por su parte, el gobernador de San Juan, Alfredo Avelín, presentó en las últimas horas un proyecto ante la Cámara de Diputados para reformar una serie de puntos clave en la Constitución provincial.

El proyecto de ley incluye, entre otros ejes la reducción a menos de la mitad de la cantidad de diputados, la función ad honorem de los concejales municipales y la no reelección del gobernador y vice. El plan sanjuanino señala que en las elecciones nacionales de este año se debe realizar una consulta popular en la provincia para contar con el visto bueno o el rechazo de los ciudadanos.

En Tucumán, las conversaciones que el gobernador Julio Miranda activó para lograr que se declare la necesidad de enmienda a la Constitución se postergaron para después de las elecciones de octubre, ya que el justicialismo espera ganar los comicios para darles un nuevo impulso a las tratativas.

La iniciativa, que reformula la Constitución sancionada en 1990, promueve una sola reelección para los cargos de gobernador, legislador, intendente y concejal, retoma el sistema legislativo bicameral, da mayor autonomía a los municipios y produce cambios en el sistema judicial tucumano.

Según las encuestas, 38 por ciento de los entrerrianos está de acuerdo con la necesidad de reformar la Constitución provincial. El 3 de enero pasado, el Poder Ejecutivo entrerriano remitió a la Legislatura el proyecto que declara la necesidad de reformar parcialmente la Constitución de esta provincia mesopotá-mica. La iniciativa, que fue girada por el gobernador Sergio Montiel a la Cámara de Senadores provincial, incluye «la actualización de la ley de partidos políticos y el sistema electoral» e incorpora artículos vinculados con la «defensa del medio ambiente y la necesidad de un mayor equilibrio social». Pero la movida de Montiel es rechazada por el hombre fuerte del PJ entrerriano, el diputado nacional Jorge Busti, quien en octubre disputará una de las bancas para senador nacional que le corresponden al distrito.

En cuanto a Buenos Aires, el ministro de Gobierno, Raúl Othacehé, aseguró que «es innegable que la sociedad y la dirigencia bonaerenses tienen que debatir profundamente un cambio en el régimen institucional, que contemple un nuevo estilo de administración pública con mayor control y participación de la comunidad».

La reforma bonaerense incluye convertir la Legislatura en unicameral, otorgar mayor autonomía a los municipios bonaerenses y la eliminación de listas sábana, que serían reemplazadas por sistemas de elecciones unipersonales. Además, se contempla modificar la forma de financiación de los partidos provinciales, buscar mayor equilibrio en la representatividad legislativa de las regiones y modificar el sistema de elección y renovación de jueces.

A su vez, aunque paralizado por el momento, en Córdoba existe un proyecto que cuenta con el visto bueno del gobernador José Manuel de la Sota, que apunta a la disminución de la cantidad de miembros de la Legislatura, la regionalización de la provincia y la jerarquización constitucional del Consejo de la Magistratura.

También existe voluntad en Jujuy de realizar una modificación en el sistema electoral, que cuenta con el respaldo del gobernador Eduardo Fellner, aunque el proyecto se encuentra frenado por el momento y está bajo estudio en la Cámara de Diputados.

Los cambios están centrados en la instalación de un Consejo de la Magistratura, la modificación del sistema electoral, que pasaría de ser de un solo distrito a convertirse en departamental, y la modificación de la Ley Orgánica de Municipios, para que se renueven las autoridades en plazos no menores a 2 años (ahora es anualmente).

Por último, tanto Salta como Santa Fe están tratando la reforma constitucional para derogar la ley de lemas y en el caso de la segunda de estas provincias también se dis-cute sobre la autonomía municipal.