Si le faltaba algo al gobierno de Eduardo Duhalde para consagrar su imagen de intervencionista y arcaizante, ayer agregó otra nota a esa caracterización. Un grupo de diputados que responden al Presidente (entre los cuales se cuenta el inefable Miguel Angel Toma, interesado como nunca en la defensa de deudores como José Luis Manzano) alentó un proyecto de resolución por el cual se crea por 90 días en la Cámara de Diputados una Comisión de Recuperación del Sector Productivo cuya misión sería «proponer soluciones legislativas tendientes a resolver las situaciones que se generen en los procesos concursales y quiebras -ya iniciados o a iniciarse- de empresas del sector productivo nacionales y formular propuestas legislativas de reprogramación de plazos, quitas, esperas, tasas de interés y reestructuración de propuestas concursales que no hayan logrado acuerdo en el proceso judicial».
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La soberbia de estos diputados (entre ellos Jorge Matzkin y Gabriel Romero) es llamativa. No sólo se proponen reemplazar al Poder Judicial en la búsqueda de soluciones; también quieren sustituir al mercado, determinando desde sus bancas cuestiones que tienen que ver con la asignación de recursos entre acreedores y deudores.
Una arrogancia incomprensible para integrantes de una clase política que no pudo siquiera cumplir con satisfacción de la ciudadanía sus cometidos específicos. Por otra parte, en una época en que los políticos deberían estar lo más lejos posible de circunstancias que lleven a malas interpretaciones, la audacia de Toma y sus socios se vuelve inquietante: ¿no resulta sospechoso tanto interés por entrometerse en cuestiones de lucro privado donde están en juego millones de dólares?
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