Gobierno avanza en Diputados con su proyecto sobre regularización de la tenencia de armas

En plenario de comisiones, un funcionario del oficialismo defendió la medida que busca "agilizar" la tenencia de armas irregulares.

Germán Martínez, presidente del bloque de Unión por la Patria, y Juan Pablo Allan, director de la Agencia Nacional de Materiales Controlados.

La Cámara de Diputados lleva a cabo la discusión del proyecto oficialista para regularizar la tenencia de armas a través de un plenario de las comisiones de Seguridad Interior, Legislación General y Presupuesto y Hacienda. El debate se inserta en la serie de reformas que quiere hacer el Gobierno sobre el Código Penal.

En su presentación de la ley, el Ministerio de Seguridad señaló que "hay más de 800.000 armas de fuego con tenencia irregular" en el país y, en ese marco, "este Gobierno tiene la convicción de promover y facilitar el acceso legal y legítimo a la tenencia de armas de fuego". Es por eso que fue convocado a disertar el director de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), Juan Pablo Allan, funcionario bonaerense allegado a Patricia Bullrich.

“El plexo normativo que establece las condiciones para poder acceder a las armas en Argentina es un sistema registral robusto y exigente, pero ha perdido eficacia y hoy el Estado argentino tiene dificultades para obtener buena información”, analizó Allan

El mismo funcionario ya había flexibilizado las condiciones para renovar la certificación de Legítimo Usuario. Desde este año, y si se solicita la actualización 90 días antes de vencimiento, no es necesario acreditar idoneidad en el manejo de armas de fuego nuevamente. "Esta iniciativa elimina procedimientos innecesarios y costosos, optimizando tiempo y recursos", argumentó Allan.

Diputados debaten la regularización de la tenencia de armas

La propuesta presentada en la Cámara Baja, se implementarán trámites que flexibilizarían el registro de usuarios irregulares. También se propone prorrogar el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego por cuatro años, que consiste en ofrecerlas de manera anónima para su posterior destrucción, sin que ello conlleve consecuencias legales para quien la efectivizare.

Juan Pablo Allan, director de la Agencia Nacional de Materiales Controlados.

Foto: Ignacio Petunchi.

En tanto, desde la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) señalaron que se continuará eliminando procedimientos para facilitar la tenencia legítima. Este ente descentralizado del ministerio de Justicia tiene como función llevar adelante políticas de desarme de la sociedad civil y tiene la misión de registrar, fiscalizar y controlar toda actividad vinculada con armas de fuego, explosivos y otros materiales controlados.

Entre los principales objetivos de la iniciativa, el documento establece un plazo de 360 días para implementar un procedimiento desde el Estado de regularización de la tenencia de armas de fuego en todo el territorio nacional. La iniciativa abarcaría en este marco a todas aquellas personas que posean, a la fecha de la sanción, armas de fuego de uso civil o convencional o repuestos principales que no se encuentren registrados en conformidad con la normativa vigente.

“El proyecto no busca más armas, busca sincerar una realidad en materia de cantidad de armas. Las armas existen, el sistema legal argentino permite que el que quiera tener un arma en su casa cumpliendo los cinco requisitos la pueda tener. Hace cincuenta años es igual, nunca se modificó y nosotros no lo estamos modificando”, detalló Allan.

Nuevo debate sobre el Abordaje Integral del Crimen Organizado

Posterior al plenario que discutió el proyecto de regularización de tenencias de armas, las comisiones de Legislación Penal y Seguridad Interior continuaron con el proyecto que busca tratar el el abordaje integral del crimen organizado. Entre los invitados, se destacó la presencia del intendente de Rosario, Pablo Javkin.

“Creo que el fortalecimiento de la actividad persecutoria estatal, tomando a las bandas en su integralidad y en toda su operatoria, es la justificación más clara que tiene esta legislación", consideró el jefe comunal, quien argumentó que es pertinente apuntar al "peso de las organizaciones carcelarias, que ya no sólo tiene una vinculación con el mercado ilegal de drogas, sino que incluso amenazan las propias instituciones estatales para intentar negociar mejores condiciones de cumplimiento en prisión”.

Los diputados Laura Rodríguez Machado (PRO) y Martín Soria (Unión por la Patria) en el plenario de comisiones.

Foto: Ignacio Petunchi.

El proyecto para el Abordaje Integral del Crimen Organizado busca establecer qué se entiende judicialmente como crimen organizado y agravar las penas en la comprensión de que se integre la asociación ilícita. En ese marco, el artículo de mayor impacto estipula que cualquier persona que se le atribuya integrar un grupo criminal "será reprimido con la pena que correspondiera al delito más grave cometido por la organización".

Otras de las herramientas que se proponen tiene que ver con la incorporación del concepto de “Zona Sujeta a Investigación Especial”, con el objeto de establecer mecanismos de actuación más rápido en un territorio que se considere prioritario. Para apuntar al patrimonio de las organizaciones criminales, se contempla la "extinción de dominio de cualquier bien que presumiblemente sea producto de sus actividades".