Con reformas puntuales pero significativas del Código Penal, este miércoles a partir de las 10:30 horas avanzará una nueva actividad entre las comisiones de Legislación Penal y de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados. Entre los oradores de la jornada, que debatirán sobre los proyectos impulsados por los ministros Mariano Cúneo Libarona y Patricia Bullrich, estará el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.
Diputados debatirán la reforma del Código Penal: estará el gobernador de Santa Fe
El Registro Nacional de Datos Genéticos y el Abordaje Integral del Crimen Organizado son las iniciativas más relevantes que debatirán Diputados.
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Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona.
La iniciativa más relevante es el proyecto para el Abordaje Integral del Crimen Organizado, que busca establecer qué se entiende judicialmente como crimen organizado y agravar las penas en la comprensión de que se integre la asociación ilícita. En ese marco, el artículo de mayor impacto estipula que cualquier persona que se le atribuya integrar un grupo criminal "será reprimido con la pena que correspondiera al delito más grave cometido por la organización".
Por otra parte, se discutirá la creación del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual y extender las figuras contempladas por el actual registro, dispuesto por la Ley N° 26.879, que abarca fluidos humanos de ofensores sexuales y no el ADN que se obtiene por la transferencia del contacto físico.
Ley de Abordaje Integral del Crimen Organizado
El Mensaje 0015/2024 presentado el 15 de abril de 2024 avanza en un proyecto de ley de Abordaje Integral del Crimen Organizado, que establece una pena de entre 8 y 20 años de prisión o reclusión por la "mera pertenencia a la asociación" delictiva. Asimismo, se fortalecen las facultades de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal.
Como principal parámetro, se delimita la aplicación del proyecto a determinados tipos penales, siempre que "estén verosímilmente relacionados con los objetivos de una organización criminal": tráfico ilícito de estupefacientes, lavado de activos, homicidios, lesiones, pornografía infantil, privación ilegítima de la libertad, secuestro, coacción, amenazas, extorsión, trata de personas, tráfico de órganos, intimidación pública, incendios, estragos y tenencia ilegal de armas y/o explosivos.
Otras de las herramientas que se proponen tiene que ver con la incorporación del concepto de “Zona Sujeta a Investigación Especial”, con el objeto de establecer mecanismos de actuación más rápido en un territorio que se considere prioritario. Para apuntar al patrimonio de las organizaciones criminales, se contempla la "extinción de dominio de cualquier bien que presumiblemente sea producto de sus actividades".
El concepto de organización criminal contempla la comisión de delitos descriptas, cuando algún hecho criminal "tiene por fin asegurar el control de un territorio" y cuando "los mecanismos establecidos para hacer cumplir la ley son notoriamente insuficientes para hacer cesar una cadena de hechos delictivos". Sin embargo, se agrega un ítem más ambiguo: cuando "estuviere amenazada por las acciones de miembros de una o más organizaciones con objetivos similares la propiedad inmueble del Estado Nacional", dando paso a considerar asociación ilícita un hecho vandálico.
En ese marco, las Fuerzas Policiales están facultadas a detener a una persona hasta por 48 horas para realizar averiguaciones, a la incautación de mercadería, a realización de requisas en establecimientos penitenciarios, a la inmovilización de activos y a la intercepción de "llamados telefónicos, mensajería de redes sociales, plataformas virtuales y otras formas de comunicación".
Registro Nacional de Datos Genéticos
El Mensaje 0017/2024 presentado el 15 de abril de 2024 propone modificar la Ley 26.879 para la creación del Registro nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la Integridad Sexual. En ese marco y "a través de un software especializado", se busca incrementar la base de datos de identificación genética a todas las personas que son investigadas por la justicia penal o bien que ingresen en la órbita del Servicio Penitenciario Federal.
A su vez, se reglamenta que "los datos serán removidos cuando la persona imputada sea desvinculada de la investigación a través de una resolución judicial que adquiera certeza de cosa juzgada".
Además se contempla la posibilidad de inclusión del material genético que, voluntariamente, aporten los familiares de una persona desaparecida y la creación de Comisión Nacional de Huellas Genéticas a los efectos de coordinar el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados con la investigación criminal.
En simultáneo, y entre las reformas del Estado que propone la ley Bases que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y se encuentra en debate en el Senado, el Gobierno puede concretar el cierre del Banco Nacional de Datos Genéticos, el archivo público y sistemático de material genético y muestras biológicas de familiares de personas secuestradas y desaparecidas durante la dictadura militar argentina.
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