La comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados debatirá a partir de mañana los proyectos de ley que apuntan a aumentar las penas por manifestaciones negacionistas de genocidio y de crímenes de lesa humanidad. Además se tratará la incorporación del antisemitismo en la ley antidiscriminatoria.
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Desde las 14 horas, la comisión presidida por Hugo Yasky también debatirá la iniciativa que apunta a la creación del Observatorio para la Convivencia Democrática. En el debate, buscarán unificar criterios respecto a las iniciativas propuestas por Marina Stilman (Coalición Cívica) y de los oficialistas Estela Hernández, Eduardo Fernández, Gisela Marziotta y Carolina Moisés, a partir de un borrador de consenso elaborado por el propio Yasky.
El tema volvió al centro del debate en medio de la campaña electoral, como consecuencia de los dichos de dirigentes de La Libertad Avanza(LLA) en relación a la negación del Terrorismo de Estado de la década del '70 y a los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura cívico-militar (1976-1983).
Uno de los proyectos, el del cordobés 213 del Código Penal Eduardo Fernández, del bloque del Frente de Todos, establece la modificación del artículo 213 para estipular que "será reprimido con prisión de tres meses a dos años quien públicamente niegue, apologice o reivindique la comisión de delitos respecto a genocidio y crímenes de lesa humanidad previstos por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y demás tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional a los que nuestro país adhiere".
En otro de los artículos, el proyecto señala que "será reprimido con multa económica de 10.000 a 100.000 pesos quien hiciere manifestaciones públicas por las que niegue, apologice o reivindique la comisión de los delitos respecto a genocidio y crímenes de lesa humanidad previstos éstos por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y demás tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional a los que nuestro país adhiere".
En cuanto a los agravantes, prevé: "Será sancionado con la destitución definitiva de su cargo e inhabilitación especial para ocupar cargos públicos por el término de diez años, el funcionario público de cualquier Poder del Estado, jerarquía y jurisdicción, que durante el ejercicio de su función hubiere realizado manifestaciones públicas por las que niegue, apologice y/o reivindique la comisión de delitos respecto a genocidio y crímenes de lesa humanidad". Sobre este último punto también agrega una multa económica del doble de lo establecido por el artículo 213 del CP.
Por su parte, la oficialista Carolina Moisés, también propone modificar el artículo 213 y apunta a la creación de un tipo penal agravado para los funcionarios o funcionarias públicas al disponer "sanciones como la destitución de su cargo e inhabilitación especial para ocupar cargos públicos por el doble de tiempo de la condena". En ese sentido también sumó que "deberá acreditar capacitación en materia de derechos humanos previo a una nueva y futura designación, una vez cumplida la pena de inhabilitación".
A diferencia del resto de los proyectos, este propone establecer capacitaciones obligatorias sobre derechos humanos, genocidios y delitos de lesa humanidad para todos los funcionarios públicos.
La diputada massista Mónica Litza presentó una iniciativa para la creación del Observatorio para la Convivencia Democrática. A punta a tener entre sus funciones el diseño de "acciones académicas contra los discursos de odio y violencia; describir las TIC en el sistema político con énfasis en el negacionismo; y organizar actividades de formación y difusión de conocimiento".
Otra de las iniciativas que estará sobre la mesa será la de la modificación de la ley marco de regulación del empleo público para prohibir acciones discriminatorias por razón de raza, religión, nacionalidad, opinión, sexo, cualquier otra condición o circunstancia personal o social. La autora es la peronista entrerriana Blanca Osuna.
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