La Legislatura de la Capital Federal, tan afecta a los disensos pampas, hoy mostrará una curiosa unanimidad para rechazar el decreto presidencial de Fernando de la Rúa habilitando la instalación de máquinas tragamonedas en jurisdicción capitalina. Según el titular de ese cuerpo, el delarruista Jorge Enríquez, lo establecido en el artículo 50 de la Constitución local y la Ley 538 entra en colisión con lo establecido en el Código de Habilitaciones que lo prohíbe expresamente.
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En todo caso es el Gobierno Autónomo de la Ciudad la única autoridad en materia de juego. La explicación, que soslayó el sordo enfrentamiento que existe entre el casino flotante instalado en el puerto de Buenos Aires y el de Tigre, apuntó a que De la Rúa en realidad lo que buscó fue expandir esa actividad lúdica a los centros turísticos del interior del país como Bariloche y Mar del Plata, no para la Ciudad de Buenos Aires.
«No es conveniente» en la Ciudad la instalación de tragamonedas, sentenció Enríquez, recordando que tanto él como De la Rúa cuando era jefe de Gobierno también se opusieron al casino flotante. «Si bien es cierto que disminuye la productividad laboral, también lo es que se está explotando políticamente», afirmó el titular de la Legislatura, aludiendo a las críticas que llovieron sobre el Presidente. Sin embargo, subrayó que «no está mal que esa actividad la explote Lotería Nacional y Casinos».
Debilidad
Para el integrante del bloque Encuentro por la Ciudad Jorge Argüello, se trata de «debilidad» de Aníbal Ibarra en su relación con la Casa Rosada, fundada en la apetencia que han generado los fondos del juego. «En anteriores intentos por compartir el producido de los juegos de azar que administra Lotería Nacional no puso empeño en defender las normas que aseguran el ejercicio de la autonomía a la Ciudad», afirmó. Esto generó, añadió, «un mensaje equivocado». Concluyó que su bloque se opondrá hoy en el recinto al ser tratado el tema.
De manera similar se manifestó el titular del bloque de la Alianza UCR-Frepaso, Ariel Schifrin. De fluido contacto con Ibarra, anticipó que «el Gobierno de la Ciudad ya instruyó a la Procuración para que realice las acciones necesarias ante la Justicia e impida la instalación de esas máquinas en territorio porteño».
Esto fue confirmado ayer por el procurador general de la Ciudad, Juan Carlos López. La instalación de máquinas tragamonedas fue autorizada para todo el territorio nacional por el decreto presidencial 494/2001 publicado en el Boletín Oficial el 3 de mayo pasado -con la firma de Héctor Lombardo (antes de que asumiera el frepasista Juan Pablo Cafiero), Chrystian Colombo y De la Rúa-pero, según la Ley 538 dictada por la Legislatura porteña, es el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el que administra los juegos de azar en su jurisdicción. Por ello se asegura que será revocada la habilitación a los locales de juego porteños que instalen máquinas tragamonedas.
Titular de la Comisión de Desarrollo Económico de la Legislatura, Enrique Rodríguez, también se pronunció en contra del decreto presidencial. «Es una violación flagrante del Ejecutivo nacional», dijo. Y concluyó señalando que «cuando De la Rúa era jefe de Gobierno de la Ciudad, que muy condescendientemente le dio la popularidad que tuvo, se opuso a la instalación del casino flotante, reclamando la competencia propia de la Ciudad». Y agregó: «Es realmente insólito que haya firmado ese decreto; viola la ley para el mal».
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