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Una larga misiva de dos carillas suscribió Ruckauf al titular de la DAIA, asegurando que el decreto no tenía ningún sentido discriminatorio ni tampoco el propósito de generar una instancia diferente de interlocución entre las organizaciones de la comunidad judía y el gobierno. Más bien, expresa que fue una atención -de él, se supone, ¿del Presidente o Caselli?- con Saúl Rotsztain, «hombre proveniente del campo de las relaciones institucionales que ha sabido desplegar espacios de diálogo». No caben dudas sobre la afirmación: Rotsztain estaba en la nómina de Ruckauf, fue asesor en el Banco Provincia y hoy figura entre los 30 colaboradores contratados del Ministerio de Defensa, bajo la tutela del subsecretario Fernando Maurette, espada del canciller en el ámbito militar. Lo que prueba la ductilidad de Rotsztain como «hombre de varios espacios».
Mínimo bálsamo fue la carta. El propio destinatario, José Hercman (titular de la DAIA), consideró que «es una clara marcha atrás en una medida indefendible: se han dado cuenta de lo que hicieron (por las protestas, sin duda) y trataron de maquillarla diciendo que no se refería a la comunidad judía local sino a las organizaciones no gubernamentales del resto del mundo. Suena poco creíble». Obvio: si así no fuera, jamás se le hubiera precisado y dedicado la misión con la comunidad judía, en una actitud manifiestamente racista.
Pero no es esa estupidez la que irrita con razón a los judíos en sus dos dimensiones de pueblo y religión: advierten que la designación de un judío oficial para que los interprete en forma especial frente al gobierno supone una condición de racismo intelectual, excluyente, parcial, de peligroso origen y particular vigencia. Cuesta aceptar que sólo un criterio mezquino, prebendario, de servicio personal y crematístico haya impulsado una medida que sin demasiado cuidado suscribió el presidente Duhalde.
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