Dispar suerte tuvieron proyectos de reforma constitucional

La crisis de credibilidad de la clase política desatada en los pasados comicios legislativos influyó de dispar manera en el proceso de reforma de las constituciones provinciales. Tomó nuevo impulso en Catamarca, Tucumán y La Rioja, mientras que en otras provincias, como Mendoza, la población vetó la idea. En Buenos Aires, Neuquén, Entre Ríos y San Juan los proyectos siguen estancados mientras que en Santa Fe la reforma podría discutirse a mediados del año próximo.

Los gobiernos de Catamarca y Mendoza aprovecharon los comicios legislativos del 14 de octubre para consultar a la ciudadanía sobre la conveniencia o no de reformar las cartas magnas locales. En La Rioja se eligió a los convencionales constituyentes que tendrán la tarea de la modificación.

Pero lo que quedó en claro en todos los distritos electorales del país es la desconfianza de los ciudadanos hacia las propuestas políticas expresada en la avalancha de votos en blanco registrados en la mayoría de las mesas.

Los catamarqueños se pronunciaron mayoritariamente por el Sí en una consulta sobre una eventual reforma constitucional para reducir en 50 por ciento la integración de la Cámara de Diputados y limitar a un solo período la posibilidad de reelección del gobernador y vice.

El gobernador de Catamarca, Oscar Castillo, anunció que se realizará una «amplia convocatoria a todos los sectores políticos y sociales para discutir la reforma», mientras estudia incluir la posibilidad de extender la limitación de la reelección a las intendencias y los cuerpos deliberativos.

En Tucumán, en tanto, la reforma de su Constitución se transformó en uno de los objetivos inmediatos del Ejecutivo provincial tras el triunfo electoral del PJ el 14 de octubre, y ya se inició el análisis de los costos del proceso, estimados en unos 500.000 pesos.

La semana pasada, el PJ tucumano dio mandato a sus 20 legisladores para que voten a favor del proyecto de reforma de la Constitución provincial y advirtió que en caso contrario podrían llegar a ser expulsados del partido.

El intento oficialista encontró hasta ahora un duro escollo en el radicalismo local y en la falta del número de legisladores necesarios para avanzar en el proyecto reformista.

El proyecto establece la posibilidad de que los funcionarios puedan ser reelectos en sus cargos públicos, lo que le abriría al gobernador Julio Miranda la chance de buscar su segundo período.

Además, prevé una redistribución de las bancas legislativas, dejando abierta la puerta al regreso del sistema bicameral.

En La Rioja, gobernada por Angel Maza, en las últimas elecciones, el PJ obtuvo la mayoría de los cargos para convencionales constituyentes que reformarán la Constitución -que ya fue modificada en 1998-, aunque aún no se sabe específicamente qué se modificará y cuándo.

• Mendoza

En Mendoza, la ciudadanía se pronunció mayoritariamente por el No a la reforma que impulsaba el gobernador Roberto Iglesias, por lo que la Constitución provincial no será cambiada, por lo menos, hasta que se propicie una nueva ley, tras la asunción de los nuevos legisladores, en abril del año próximo.

La propuesta de reforma incluía una reforma del Estado provincial, menor gasto legislativo, definición sobre la cantidad de concejales y la reforma del régimen electoral, entre otros aspectos.

Partidos minoritarios, como Alternativa para una República de Iguales (ARI) o el Polo Social, expresaron sus reparos a la reforma de la Constitución, especialmente la fuerza política provincial fiscal, que, liderada por el abogado Aldo Giordano (ex fiscal de Estado durante la gobernación del justicialista Arturo Lafalla), convocó a los electores a votar por el No.

En otras provincias, como Buenos Aires, Neuquén, Entre Ríos y San Juan, los intentos por modificar las cartas magnas de esos distritos permanecen estancados.

En la provincia de Buenos Aires, en agosto pasado, el gobernador Carlos Ruckauf aceptó la propuesta de llamar a una convocatoria multisectorial para analizar la reforma de la estructura política provincial.

En ese sentido, el bloque de senadores bonaerenses del PJ presentó un proyecto de ley que declara la necesidad de reformar la Constitución bonaerense y un proyecto similar fue presentado por el titular de Diputados, el frepasista Aldo San Pedro, que establece la necesidad de reformar la Constitución y transformar en unicameral la Legislatura bonaerense.

En Neuquén, por su lado, el Ejecutivo a cargo de Jorge Sobisch impulsó este año un proyecto de ley para «adecuar sus principios y contenidos a los tiempos actuales, y para que refleje cabalmente la evolución social y jurídica de las instituciones».

Desde el gobierno, se propone reducir de 35 a 19 el número de diputados como parte de los planteos debatidos este año para «disminuir los costos de la política».

En Entre Ríos, en tanto, continúa en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado el proyecto del mandatario Sergio Montiel que declara la necesidad de reformar parcialmente la carta magna local.

El vicepresidente primero de la Cámara alta, Jorge Campos, explicó que la iniciativa no pudo ser considerada «por no haberse conseguido la voluntad legislativa del bloque justicialista para que el proyecto tenga un dictamen que permita enviarlo al recinto para su tratamiento».

Similar situación se da en San Juan, donde la propuesta de reforma parcial impulsada por el gobernador Alfredo Avelín sigue en estudio en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la provincia, sin contar aún con despacho favorable.

La Cámara sanjuanina debe sancionar primero una ley que declare la necesidad de la reforma para recién después activar el sistema previsto en la Constitución para reformar algunos artículos, pero esa ley aún no se trató en el recinto.

En Santa Fe, el gobernador Carlos Reutemann volvió a lanzar la idea de reformar la Constitución provincial a mediados del año próximo.