Drogas: tenencia personal y "transas" ya están bajo la órbita de Rodríguez Larreta

Opera la transferencia automática de delitos a la Justicia de la Ciudad de Bs.As.. Fiscalías y defensorías porteñas esperan aluvión de causas nuevas. Corresponde a último tramo de competencias penales que pasaron de la Justicia nacional. Alerta por "cuestión presupuestaria" y por eventual fallo de la Corte que ratifique autonomía.

FISCALÍAS. Horacio R. Larreta inauguró sistema de denuncias virtuales.

Desde ayer, la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene la potestad de juzgar y perseguir la tenencia de estupefacientes para consumo personal y el narcomenudeo. Lo mismo que delitos de corrupción (contra la administración pública) de funcionarios locales. Es por haberse gatillado la vigencia de la cláusula transitoria de una ley promulgada a comienzos de 2018 que fijaba un plazo máximo para la transferencia de delitos, cuyo tercer y último paquete había sido aprobado por la Legislatura en 2017, luego de 6 años de tironeos desde que salió del Congreso Nacional. La cuestión es un paso más en la autonomía porteña pero una mala señal para los tribunales de la Justicia nacional que resisten el pasaje de competencias como antesala de que juzgados enteros terminen bajo control de la Ciudad. La Corte Suprema tampoco les deparará buenas noticias a los jueces “ordinarios” en el primer trimestre: volverá a fallar sobre su facultad “originaria” para intervenir en conflictos entre otras jurisdicciones y la porteña. Será un guiño a equipararla en cuanto a autonomía.

Los delitos transferidos no afectan causas abiertas y en curso. Sólo rige a partir de ayer, con lo que el flujo que se genere por los delitos comprendidos en la Ley 26.702 deberá ser absorbido por los tribunales locales. Esto en medio de una tensión con funcionarios judiciales de todos los estamentos porteños. El malestar es porque la pauta salarial todavía no los iguala a los jueces “nacionales”. El Consejo de la Magistratura porteño celebró en los últimos días de 2018 haber logrado firmar con los gremios (incluidos los jueces) un incremento del 5% al mes noviembre; establecer un incremento salarial adicional del 2% para diciembre y el otorgamiento de una suma fija compensatoria, no remunerativa de $10.000 que será abonada en los primeros días de este mes. Sin embargo, tanto fiscalías como defensorías de la Ciudad se pusieron en alerta ante el ingreso de los delitos contemplados en el mix de leyes que los vuelven operativos. Sobre todo vinculado a drogas que no sean delitos federales como narcotráfico.

La Ley 26.702 de 2011 fijó en su anexo todos los delitos correspondientes al tercer paquete de competencias penales a traspasar. Y la N°5935 de la Ciudad los aceptó, especificando en su cláusula transitoria primera que los que no fueran reglamentados por resoluciones conjuntas del Ministerio Público a lo largo del año pasado pasarían de manera compulsiva el primer día hábil de 2019. No quita que exista confusión en sus primeros días de implementación sobre lo que está y no está incluido. Sólo se sabe que los tribunales porteños deberían ser los receptores de todo lo que describe la ley más allá de si hubo o no convenio entre las fiscalías y las defensorías. Temen por el aluvión de expedientes sin que haya ampliación de cargos ni estructura. En febrero de 2018, el fiscal general Luis Cevasco ya había emitido una resolución que incorporaba una treintena de nuevos delitos a partir de marzo pasado, muchos vinculados a la administración pública local, abuso de armas, falsificaciones, profilaxis y delitos o contravenciones en el deporte, entre otros.

Delitos como lesiones (simples, viales y agravadas) así como tenencia simple de estupefacientes (consumo personal) y el narcomenudeo (con fines de comercialización, vulgarmente conocido como “transa”) entran dentro de lo “nuevo” que recibirán los tribunales locales. Es una incógnita cómo se conjugará con el fallo “Arriola” de la Corte que despenalizó el consumo personal, algo que no siempre es tenido en cuenta por las fuerzas de seguridad. La conclusión es una burocratización de expedientes judiciales que quedan en la nada.

La nueva manda, indica que se incorpora: “Estupefacientes, con ajuste a lo previsto en el artículo 34 de la ley 23.737 conforme la redacción de la ley 26.052 (artículos 5º incisos c), e) y párrafos penúltimo y último, 14 y 29, ley 23.737”. La primera parte contiene una dificultad. Es la redacción sobre las “transferencias proporcionales” a las jurisdicciones como la Ciudad “de los créditos presupuestarios de la Administración Pública Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial de la Nación correspondientes a fuerzas de seguridad, servicio penitenciario y prestación de justicia con el objeto de garantizar la ejecución de la presente ley”. Es decir, de los fondos para poder llevar adelante esos juicios, un tema siempre espinoso.