Duhalde no enviará las leyes del miniacuerdo al Congreso

Eduardo Duhalde anunció ayer, en un juego de palabras, que ninguna de las cláusulas incluidas en el miniacuerdo con el FMI necesita la ayuda parlamentaria. Sí las necesitan pero es obvio que este gobierno no las va a encarar, derivando lo difícil al que asuma el 25 de mayo.

El Presidente con un sentido poco democrático afirmó: «Ninguna ley va a ir al Congreso a partir de la firma de este acuerdo». Pero lo cierto es que tanto en materia tributaria como de reordenamiento de los bancos públicos necesitaría la sanción de algunas leyes que se encuentran presentadas como proyectos, en algunos casos, o que necesitan un mensaje del Ejecutivo como es la situación de una nueva hipotética modificación a la Carta Orgánica del Banco Nación (ya se logró una durante la gestión de De la Rúa).

Los pedidos de Duhalde al Congreso llegarían además en el peor momento. Los bloques oficialistas están totalmente divididos y no le sería posible al Presidente armar algún tipo de alianzas, sobre todo si se habla de modificaciones profundas. ¿Alguien imagina al populismo duhaldista violando el Pacto de San José de Flores e imponerle al banco Provincia de Buenos Aires que, como pide el Fondo por cada millón que presta otro millón lo debe aportar un banco privado? ¿Qué banco privado pondría 40 millones de dólares para que el Banco Provincia le preste 80 millones de dólares a un nuevo Victorio Gualtieri? La afirmación de Duhalde en materia impositiva podría interpretarse como un aviso del Presidente sobre que no habrá más cambios en impuestos que los pedidos hasta ahora al Congreso. Pero eso no significa que se encuentren aprobados. Es decir, Duhalde necesitará seguir negociando con los bloques para que se sancionen temas que quedaron pendientes desde diciembre del año pasado, que se trabaron en el trámite legislativo y ahora forman parte de los cambios comprometidos con el FMI:

• El Congreso decidió en los últimos días de 2002 no avanzar, por ahora, con el proyecto que grava con Ganancias a los reintegros a las exportaciones. Las protestas de todos los exportadores, industriales y agropecuarios, finalmente encontraron eco en el Senado y por lo tanto ni siquiera se emitió el dictamen en la Comisión de Presupuesto del Senado.

Pero en el caso de las industriales se arreglaría con un decreto que suprime el reintegro de 10% y a la vez elimina la retención. Al no promocionar se cumple con la OMC y al poner todo allí en cero se paga Ganancias. La discusión se dio, además, en el marco de un dilema sobre la concepción tributaria de los reintegros a las exportaciones y la presión de estos sectores. Como devolución de impuestos a los exportadores, concepto que fue reforzado por el propio Roberto Lavagna durante la presidencia de Raúl Alfonsín, los reintegros no podrían gravarse con tributos ya que no representan una ganancia. Por lo tanto aplicarles ese impuesto cambiaría el criterio y los convertiría en un subsidio del Estado.

• En Diputados se dejó de lado también la reforma al Impuesto sobre la Transferencia de Combustibles que transformaba la tasa fija de $ 0,5153 por litro, en el caso de las naftas, a una tasa variable que será de 64% sobre el precio de refinería en las naftas, y de 22% en el gas y gasoil, de acuerdo al proyecto enviado el año pasado al Congreso.

• Un punto central del capítulo impositivo es la eliminación de los planes de competitividad que se mantienen en vigencia hasta ahora. El proyecto también fue congelado en diciembre pasado. Allí se incorporó la eliminación de los planes de competitividad que incluían exenciones al Impuesto sobre la Ganancia Mínima Presunta y pagar aportes a cuenta de IVA para los sectores del agro, transporte y medios de prensa y empresas culturales. Los senadores decidieron directamente no tratar el tema ni en la Comisión de Presupuesto y Hacienda ni en el recinto. En ese mismo proyecto se había incluido la derogación de una ley que permitía computar como pago a cuenta del IVA el gravamen que la radio y televisión pagan al COMFER que oscila en 4% de acuerdo a la ubicación geográfica de la emisora. Este punto fue la oposición central de los medios electrónicos al proyecto, ya que los planes de competitividad caducan, de todas formas en marzo de 2003. Ahora deberán volver a negociar.

• Otro cambio impositivo pendiente es la reducción de 35% a 30% la tasa del Impuesto a las Ganancias, al tiempo que se prohibía a las empresas computar ajustes por inflación en sus balances. Así quedó sin definición la situación de las empresas que vieron incrementar los precios de sus stocks por la devaluación o el alza de precios y que deberán liquidar Ganancias por esos incrementos, cuando en realidad no significan un aumento de utilidades.

•Bancos

Algunos por decreto (exportación industrial), otros por vencimientos (competitividad) pero para dar cumplimiento mínimo a algunos de los enunciados del miniacuerdo, Duhalde tendría que recurrir al Congreso -alícuota en Combustibles, por ejemplo-por eso no se entiende que diga «ninguna ley va a ir al Congreso» salvo que se insista con las que ya están allí, aunque congeladas, sin necesidad de «enviar nuevos proyectos». En este tema el Congreso ha sido terminante durante los últimos 12 años. En ningún caso se admitieron los pedidos del Ejecutivo para modificar el status jurídico del Nación (por ejemplo hacerlo sociedad anónima), ni siquiera a través de un esquema de capitalización manteniendo el control estatal. Lo que logró modificar en época de De la Rúa -gestión hábil de Chrystian Colombo-de su carta orgánica es limitarle a un millón de pesos lo que puede prestar solo. Para más ya requería coparticipación en el crédito de otro banco privado. Además no puede ahora prestar a quien tenga pasivo con otro banco. O sea que el Nación no sería problema porque ya tiene límites. Sí son problema el Ciudad, el Provincia de Buenos Aires, y otros bancos oficiales que subsisten en provincias (Córdoba, La Pampa, Neuquén).

No pudo lograr avances Carlos Menem en el período de mayor concentración de poder del bloque peronista, tanto en Diputados como el Senado, y menos Fernando de la Rúa salvo en el Nación. Más complicado sería ahora para Duhalde con una bancada PJ totalmente dividida, con menemistas y adolfistas oponiéndose a cualquier pedido del gobierno. Tampoco sería aceptado un pedido de ese tipo por parte del ARI o el radicalismo por lo que le sería difícil al Presidente establecer un margen de alianzas para cumplir con la sanción de ese proyecto.

En el Senado eran ayer aun más escépticos. «No votaremos ningún proyecto complicado hasta que no haya un nuevo Presidente. Es imposible hoy hablar de pagar costos políticos, cuando estamos en un gobierno de transición y ni siquiera sabemos cómo vamos a elegir al candidato del PJ», decía ayer un santafesino.

En realidad a este gobierno de transición le correspondería -siempre le correspondió- encarar medidas con costo político para aliviar en parte la pesada carga que le deja al próximo. Inclusive porque no cambiará la composición del Congreso hasta el 10 de diciembre. Y no está asegurado que el presidente triunfante tenga fuerza electiva suficiente para lograr pleno apoyo del Congreso por todas las argucias que se están imponiendo para la elección presidencial del 27 de abril.