Dura respuesta de Lorenzetti a Carrió: "Hay que pensar en el país y no como actores mediocres"

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, replicó las críticas que le hizo la diputada nacional y referente de Cambiemos Elisa Carrió, a quien calificó elípticamente de "mediocre" y señaló que por "respeto a la libertad de expresión, la transparencia y el acceso a la información", aceptó en silencio "todo tipo de opiniones" sobre su desempeño.

"Hay que pensar más en el país, en los que esperan que nosotros actuemos como estadistas, preocupados por los grandes temas que interesan a los ciudadanos y no como actores mediocres que se agravian unos a otros en un juego que en nada beneficia a quienes debemos servir", sostuvo Lorenzetti.

En un "comunicado" difundido por Centro de Información Judicial (CIJ) dependiente de la Corte, Lorenzetti afirmó que esos son los "valores" que explican su silencio, ya que no desea que "alguien se vea impedido o limitado en sus expresiones" y "porque es la manera de tener una sociedad mejor".

En alusión a una denuncia por enriquecimiento ilícito de la que fue objeto y resultó sobreseído, Lorenzetti expuso que "en estos años hemos sido, como otros argentinos, investigados, denunciados, presionados reiteradamente, y siempre hemos resistido en silencio para cumplir nuestra función y proteger a la población".

Y agregó: "no hace mucho tiempo que se intentó desprestigiarnos calificándonos de "chorros", lo que fue masivamente criticado, ya que era un ataque a la independencia del Poder Judicial", y que "cambian las personas pero siguen las mismas prácticas agraviantes y, por eso, lo que antes nos parecía incorrecto también debe serlo ahora".

El magistrado opinó que "siempre hay personas que pretenden debilitar la gobernabilidad o desprestigiar las instituciones para beneficios que no son los del ciudadano".

El cuanto a las críticas sobre la administración de la Corte, en tal sentido sostuvo que el máximo tribunal no puede inmiscuirse en funciones que corresponden al Consejo de la Magistratura que es "absolutamente independiente de la Corte" y destacó que el máximo tribunal es controlado por la Auditoría General de la Nación" que no formuló observaciones.

"Con mala fe se ha dicho que hubo un "pacto" entre la Corte Suprema y el anterior gobierno sobre la "caja". Esa afirmación no sólo fue desmentida por la documentación firmada por todos los ministros de la Corte y por la mayoría de los presidentes de Cámara de todo el país", acotó Lorenzetti.

Sobre ese punto señaló que "también hubo una denuncia formulada por una legisladora, hablando de un pacto ilícito para apropiarse de los fondos del Poder Judicial, lo que fue desestimado en primera instancia y luego por la Cámara Federal en su sentencia del 29 de mayo de 2015".

Además recordó que la Corte declaró la inconstitucionalidad de la pretendida reforma judicial en la causa "Rizzo", defendiendo el principio de independencia y resolviendo que es inconstitucional juzgar a un juez con mayorías simples" y "defendió al ministro (Carlos) Fayt" quien abandonó el tribunal el 11 de diciembre último.

Sobre "cuestiones personales", Lorenzetti expuso que el 1 de enero último "pintaron injurias en la esquina de la casa de mi madre en Rafaela, le sacaron una foto, y esa foto apareció en mi celular personal, enviada desde otro celular" y concluyó que "eso no lo hace un particular, sino alguien que posee una organización".

En ese tramó del comunicado abundó sobre la denuncia de enriquecimiento ilícito que, con el secretario general de Administración Daniel Marchi como sujeto pasivo, le formulara la diputada nacional Elisa Carrió, causa sobreseída por el juez federal Sebastián Ramos.

"La denunciante no presentó objeción alguna" al cierre de la causa, indicó Lorenzetti y recalcó: "de manera que la denunciante conoce nuestra situación patrimonial mejor que nadie, ya que ha tenido acceso a 10 años de declaraciones juradas personales" y afirmó que "no hay nada irregular en nuestra situación fiscal".

Pero opinó que "las declaraciones basadas en imputaciones genéricas, agravios, ofertas a personas para que declaren falsamente, las denuncias infundadas, las llamadas telefónicas y visitas a los jueces y fiscales exceden claramente la libertad de expresión y afectan la independencia del Poder Judicial".