El Bloque Justicialista de Pichetto presentó un nuevo proyecto de extinción de dominio en el Senado
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Al respecto, aclaró que "se debe probar la vinculación de estos bienes con el delito" y, en este sentido, lo diferenció de la iniciativa original de Diputados que, según explicó, "invertía la carga de la prueba, porque la persona debía acreditar la legitimidad de sus bienes, cuando es el Estado el que debe probar" la vinculación entre los bienes y el delito.
También señaló que "el proyecto anterior sacaba del fuero penal la acción y el fiscal, ante la mera sospecha, podía iniciar la extinción, algo que no se condice con el sistema de garantías que tiene la Argentina.
Pichetto sostuvo que "en la etapa de instrucción se inhiben y se congelan los bienes" para preservarlos hasta el momento en que haya condena o absolución por parte del tribunal oral.
Ocurre que el proyecto establece que la acción de extinción de dominio debe dictarse en simultáneo con la condena impuesta por el tribunal y no en otro momento.
El jefe del bloque también señaló que el proyecto contempla un mecanismo de revisión para los casos en que, tras una apelación, el tribunal de alzada rechace la condena de primera instancia y absuelva al acusado.
El presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, Pedro Guastavino, señaló durante la conferencia de prensa que el proyecto comenzará a ser debatido allí la semana próxima y que la idea es firmar dictamen "a más tardar a fines de julio" para votarlo a la semana siguiente en el recinto.
Consultado por NA respecto de si hablaron con sus pares de Diputados sobre esta nueva iniciativa, Pichetto contó que lo conversó con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y que "hay voluntad" de avanzar con el proyecto del Senado.
También hubo una conversación con el presidente provisional del Senado y referente del oficialismo, Federico Pinedo, para tratar de unificar este nuevo proyecto con uno propio presentado por él.
De acuerdo al proyecto del justicialismo, la extinción de dominio se aplicará para los delitos de corrupción de funcionarios públicos, narcotráfico, proxenetismo, corrupción de menores y secuestro, entre otros.
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